Bermúdez se aparta de la línea dura del PP con Miraflores y busca ahora salvar las fachadas históricas
'No es no'. Este lema que popularizó Pedro Sánchez para no apoyar a Mariano Rajoy parece ser ahora el que sigue el PP al frente de la gestión urbanística y del patrimonio histórico de Santa Cruz de Tenerife. Mientras el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), se enroca en el 'no es no' a salvar edificaciones en el antiguo barrio de Miraflores, que el Cabildo pide salvar de los derribos, así como asociaciones ciudadanas y expertos en Historia del Arte, el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC) ha preferido el 'no pero tal vez', al anunciar que va a negociar con los promotores indultar al menos las fachadas más valiosas, para integrarlas en la nueva urbanización prevista.
Y aunque el símil con el lema sanchista pueda parecer que lleva el asunto al mero terreno de la política, la realidad es que la política en el caso de Miraflores influye, y mucho: el PP cogobierna con CC en la capital, mientras que CC hace lo propio con el PSOE en el Cabildo (donde los socialistas son los que gestionan el área de Patrimonio Histórico).
Lo cierto es que el giro dado por Bermúdez (que en meses pasados incluso había tachado de “fundamentalistas” a los técnicos del CabIldo) lo ha apartado de la línea dura de su socio. El alcalde chicharrero ha podido ver las orejas al lobo con Miraflores: sabe que hay una creciente presión social sobre la improcedencia de tirar varios edificios con valores “indudables” para los técnicos del Cabildo y su consejera, y sabe también que desde la oposición están mirando con lupa su actuación, y, en especial, el portavoz de Sí Se Puede, el abogado Pedro Fernández Arcila, curtido ya en causas penales y contenciosos en materia urbanística, quien este jueves le leyó la cartilla, advirtiéndole por escrito, y públicamente, que puede incurrir en delito si autoriza demoler estas edificaciones.
Zonas oscuras de un PGO de Zerolo
El gobierno municipal de CC y PP no ha parado de justificar que los inmuebles que el Cabildo propone preservar no fueron catalogados en la última revisión del Plan General de Ordenación y que prevaricar sería precisamente no dar licencias. Pero Arcila ha rebuscado en los insondables fondos de un planeamiento gestado en la época de Miguel Zerolo como alcalde y ha entrevisto puntos oscuros en el expediente que persitido hasta el día de hoy. El más clamoroso: que los redactores de ese plan nunca rechazaron realmente que esos edificios hoy en el patíbulo tuvieran, ni otros 500 inmuebles a los que el Cabildo desde 2006 propone dar un grado de protección el servicio de Patrimonio HIstórico del Cabildo. Antes bien, el equipo que elaboró ese Plan General (Palerm, Tavares de Nava y Senante) los incluyeron en un tomo titulado Relación de Inmuebles susceptibles de futura catalogación, y tras un tirón de orejas de la Cotmac al considerar que esa era una mera declaración de intenciones sin valor jurídico, el tomo desapareció y nada más se supo de esa “futura catalogación”, sino que se dieron luego licencias para derribar (ya van varias decenas de esas 500 construcciones catalogables).
El contraste es evidente: al principio de esta polémica por Miraflores, hace un semestre, el alcalde santacrucero decía: “Los técnicos de Patrimonio Histórico del Cabildo lo que van a conseguir con esos informes tan fundamentalistas es paralizar la inversión privada en la ciudad”. Ahora, y pese a que tiene informes de la fundación CICOP a favor de las demoliciones, la realidad es que, con presión en las redes sociales y la sombra de una denuncia penal insinuada por Sí Se Puede, Bermúdez admite ahora que buscará un “camino intermedio” antes de cualquier demolición que permita salvaguardar parte de los elementos que tengan valor desde la perspectiva del patrimonio histórico. Es decir, empieza a dar la razón a los defensores de esta causa, sin por ello rechazar que se den licencias de obras, alegando los derechos adquiridos.
En cambio, el PP, al frente del área de Urbanismo, no ha cambiado su discurso ni un ápice. Esta misma semana, la consejera de Patrimonio HIstórico, la socialista Josefa Mesa, dejó claro que no va a avalar desde el Cabildo licencias municipales para demoler obras que para los funcionarios del Cabildo son de incuestionable valor patrimonial (véase la ecléctica y con empaque casa Pérez Soto, primera sede de CajaCanarias; la modernista Casa Clavijo, ambas del arquitecto Antonio Pintor y Ocete, o una edificación diseñada por Domingo Pisaca). La respuesta del concejal popular de Urbanismo no se hizo esperar: “Por supuesto que concederemos a los propietarios de estos edificios las licencias de derribo y de construcción de obra nueva. Cuando hay una solicitud de permisos que cuenta con los informes técnicos y jurídicos favorables no podemos negarnos a otorgarlos, pues estaríamos prevaricando”, manifestó en La Opinión de Tenerife. Es decir, el PP se mantiene inflexible y nunca se ha expresado públicamente en favor, al menos, de negociar con los promotores esa solución “intermedia” que ahora lidera el alcalde.
El PP se enorgullece ante los derribos
Tal es así que el PP ha hecho lo que Bermúdez ha evitado hasta ahora: hacerse y divulgar una foto de sus concejales delante de las palas y los escombros de edificaciones ya demolidas en la manzana de Miraflores, presumiendo de haber desbloqueado el avance de las excavadoras. Y lo hicieron justo ante los restos demolidos de los edificios que para los funcionarios del Cabildo y activistas a favor del patrimonio histórico debieron conservarse.
Cierto que el Ayuntamiento (ahí no hay fisuras entre CC y PP) mantiene en los tribunales un litigio contra la decisión del Cabildo en diciembre pasado de parar cautelarmente el inicio de los derribos en la calle de Puerta Canseco, dentro del barrio de Miraflores. El Cabildo usó la potestad que le permite la Ley de Patrimonio HIstórico de Canarias: suspender una demolición de forma cautelar; pero la misma ley permite -y así ocurrió- que el Ayuntamiento levante en un mes la suspensión y continúen los derribos, aportando un informe técnico que acredite que no tienen valor los inmuebles. Y así fue. Y los tres edificaciones históricas desaparecieron.
La fundación CICOP, clave para los derribos
Hasta ahí todo bien, si no fuera porque el Cabildo venía pidiendo proteger esos inmuebles desde el año 2006, en varios informes, y porque el Ayuntamiento encargó el contrainforme, al Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) -fundación internacional con sede en La Laguna- ya con la licencia dada y las palas tirando la construcción antigua. El CICOP dio el ok pero con unos argumentos que el jefe del Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico del Cabildo ha llegado a tachar de “infumables”. Y además entre los firmantes del CICOP, Juan Manuel Palerm, el mismo arquitecto que redactó el PGO y consideró estos inmuebles “susceptibles de futura catalogación” hace menos de una década. Esta fundación tiene un convenio con el Ayuntamiento, y ha hecho este año informes para demoler los seis edificios históricos que el Cabildo defiende (solo tres quedan ya en pie).
El PSOE también pasó por Urbanismo
Este viernes ha intervenido también en esta controversia el portavoz municipal del PSOE, José Ángel Martín, quien rechaza que la Gerencia Municipal de Urbanismo plantee nuevos derribos enMiraflores. A juicio de quien fuera en el anterior mandato precisamente responsable de Urbanismo (en el pacto CC-PSOE), “el valor arquitectónico de estos edificios es incuestionable y lo que debería hacer el equipo de gobierno es potenciar su rehabilitación y conservación” Cabe recordar que entre 2001 y 2015, Martín fue quien tramitó la aprobación final del PGO, y no se atendió entonces a la petición del Cabildo con respecto a los 500 inmuebles catalogables.
El caso es que hasta uno de los referentes en Historia del Arte en Canarias, el catedrático universitario jubilado Alberto Darias Príncipe -que incluyó la Casa Clavijo entre las construcciones más destacadas de la ciudad, en un libro que publicó el propio Ayuntamiento en 2004- ha salido a la palestra para denunciar el “disparate” de estos derribos en Miraflores y para mostrar que siente “vergüenza” por esta masacre arquitectónica. Quien lo afirma era además el encargado de hacer el catálogo de inmuebles protegidos en ese Plan General de Ordenación, pero confiesa ahora en El Día que renunció a esta labor porque el equipo redactor, Palerm, Tabares de Nava y Senante (dos arquitectos y un jurista) “solo querían una firma que avalara” todo.
