La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adjudicó este lunes, antes de la celebración del pleno monográfico sobre este concurso público (convocado este viernes), a la empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA (una filial de la multinacional Sacyr, que además controla Emmasa) el contrato del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos del municipio para los próximos ocho años por un importe anual de 18.990.814 euros, tal y como se recoge en la propuesta de la Mesa de Contratación convocada a tal efecto.
Tras esta decisión administrativa, cabe recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, cuyo informe, de ser contrario a la decisión de la mesa, ya ha dicho el alcalde que asumiría el Ayuntamiento capitalino, y, si no, por la vía judicial en lo Contencioso-Administrativo. Es posible que la empresa que quedó en el segundo puesto, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ejerza estas opciones, como ya ha dejado caer.
El nuevo contrato, según recoge una nota del Ayuntamiento, “supondrá una mejora sustancial del servicio que se presta a los ciudadanos”, no en vano en los pliegos se recogían importantes modificaciones de obligado cumplimiento para las empresas concurrentes respecto al servicio actual, el que presta la firma Urbaser.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destacó que “el contrato permitirá al municipio contar con un servicio de limpieza más eficiente, con mayores recursos y adaptado a las necesidades actuales de la ciudad”.
En este sentido, el Ayuntamiento incrementará en casi dos millones de euros anuales la partida consignada para el servicio respecto a lo que viene invirtiendo en la actualidad, que asciende a 17 millones de euros. “Lo que pretendemos, en definitiva, es una mejora en la prestación del servicio con la renovación de los vehículos adscritos y medios materiales de última generación”, añadió el alcalde.
Bermúdez explicó que la Junta ha dado el preceptivo visto bueno a la propuesta emanada de la Mesa de Contratación, que ha estado integrada por personal administrativo, técnico y jurídico de la Corporación municipal.
“Todo el procedimiento administrativo que ha conducido al acuerdo de la Junta de Gobierno se ha desarrollado -insistió el alcalde- con absoluta transparencia y con la publicación de todas las actas de las sesiones y los informes correspondientes”. Además, se ha garantizado el máximo rigor jurídico con la presencia en la Mesa de Contratación de la Intervención Municipal, un representante de los servicios jurídicos municipales, el jefe del servicio del departamento competente y varios técnicos municipales.