La asociación ecologista Salvar La Tejita ha presentado una denuncia ante el secretario del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus, dependiente de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, por la falta de información sobre el Circuito del Motor proyectado en Tenerife.
En concreto, señala Salvar La Tejita en un comunicado, por 25 supuestos incumplimientos en materia de acceso a la información medioambiental correspondientes a la tramitación de este proyecto.
La denuncia, de 24 páginas, ha sido formulada contra España, que es el estado miembro que firmó el convenio, y es responsable de asegurar que todas las administraciones dentro de su territorio cumplan con todas las condiciones, explica Salvar La Tejita.
El origen de la denuncia se remonta al 9 de febrero de 2023, cuando presentó en el Cabildo de Tenerife una solicitud de información pública relativa al proyecto, el cual requiere informe ambiental. La asociación también solicitó que se le concediera la condición de parte interesada para recibir futuras notificaciones.
El 24 de marzo de 2023, detalla, recibió una notificación del Cabildo (Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura) en la que se afirmaba que una de sus solicitudes había sido “aprobada”, facilitando enlaces de internet, dos de los cuales “no funcionan”, direccionados a información que ya había sido publicada. Esta información, pública, “está incompleta”, razón por la cual la asociación presentó inicialmente su solicitud.
Agrega que su petición de informes técnicos específicos fue denegada porque, según la resolución de la administración, el circuito del motor tiene su origen en los años 90 y “son múltiples los informes obrantes en el expediente”.
Con lo que una petición de documentación tan amplia “conllevaría la paralización de la gestión administrativa diaria, originando un perjuicio del servicio”, se esgrimió entonces desde el Cabildo.
La asociación considera que esta afirmación es “extremadamente alarmante”, ya que si estos documentos ambientales “clave” fueran de los años 90, “es muy probable que no pueden ser válidos en 2023”.
Incide en que “todos estos documentos de los años 90 que la administración afirma no poder encontrar sin provocar su supuesto colapso deben, por ley, incluirse dentro del expediente de licencia de obra de 2023”. Además, se denegó la solicitud de convertirse en parte interesada.
El 5 de abril de 2023, Salvar La Tejita presentó una queja oficial ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, organismo responsable de la transparencia y la adhesión al Convenio de Aarhus y sus principios en el territorio de las Islas Canarias.
El 12 de julio de 2023, la asociación recibió una notificación del Comisionado de Transparencia denegando su solicitud y confirmando la decisión del Cabildo, lo cual supone “una contradicción directa” con una resolución que la misma institución tomó anteriormente en 2023, antes de las elecciones regionales, para “un caso muy similar”.
Salvar La Tejita también presentó el 13 de abril de 2023 una queja al Defensor del Pueblo, que aceptó, y envió una comunicación al Cabildo de Tenerife, sin que el caso haya sido resuelto.
Subraya que el Cabildo “no sólo ha incumplido sus obligaciones legales en materia de transparencia, sino que ha tomado grandes medidas para impedir activamente que, al menos, una asociación reciba información medioambiental importante” relacionada con el circuito del motor.
Abunda en que “una institución cuyo único fin es velar por el cumplimiento de las leyes de transparencia por parte de las administraciones públicas no puede adaptar sus criterios a las conveniencias del partido político de turno, sino que debe aplicar los criterios de acuerdo con los convenios internacionales, las directivas de la UE y las leyes estatales, sin excepciones”.
El asunto se ha convertido en una materia internacional y los responsables deben darse cuenta de que no pueden ignorar o manipular las leyes de transparencia, especialmente las de los convenios internacionales, añade.
Salvar La Tejita recuerda que el convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, conocido comúnmente como Convenio de Aarhus, se firmó el 25 de junio de 1998 en la ciudad homónima danesa, y que entró en vigor el 30 de octubre de 2001.
También destaca que la directiva comunitaria fue adaptada por la ley española (Ley 27/2006), y aunque las comunidades autónomas pueden aplicar su propia normativa en materia de transparencia, ésta debe ser complementaria de la estatal y no puede anular ningún aspecto de la misma.
Las autoridades públicas, concluye Salvar La Tejita, están obligadas a permitir que el público en general y las ONG medioambientales participen “de forma significativa” en la toma de decisiones sobre proyectos que afecten al medio ambiente y planes y programas relacionados con el medio ambiente.