Concesión ilegal de licencias urbanísticas en Arona: “Siempre ha sido así”
Si algo ha quedado claro al cabo de tres sesiones del juicio por el caso Arona 1, que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, es que en la Junta de Gobierno de ese municipio tinerfeño nadie se leía las actas en la que los secretarios municipales advertían de ilegalidades y posibles comisiones de delitos; que se aprobaron licencias, una tras otra, pese a los informes desfavorables de los servicios jurídicos, y que así era “porque siempre se ha hecho así”, como recalcó al tribunal uno de los acusados, Manuel Barrios, este jueves.
Manuel Barrios Rodríguez, que fue alcalde de Arona entre 1983 y 1987, además de concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, y sobre quien penden los delitos de prevaricación urbanística y prevaricación continuada (las acusaciones piden para él dos años de prisión y 10 de inhabilitación), dejó claro que las concesiones de licencias urbanísticas contrarias al Plan General de Ordenación, contra el Medio Ambiente, o en solares que ni siquiera eran tales, se acordaban sin hacer caso de los informes contrarios de los servicios jurídicos ni de las advertencias de comisión de delitos de los secretarios municipales.
A preguntas de uno de los abogados de la defensa, Barrios matizó que “desde siempre se han dado las licencias en las mismas condiciones y han funcionado para bien”.
El veterano político del Centro Canario Nacionalista también llamó la atención cuando, preguntado por el fraccionamiento de contratos para concesión de obras, de forma que no pudieran salir a concurso público, indicó que “nadie, ninguna empresa en Arona quería hacer obras menores”, lo que el abogado de la acusación particular Santiago Martínez indicó que era una contradicción, porque una misma empresa se llevaba tres y cuatro contratos diferentes pero con el mismo objeto.
Barrios no quiso responder a las preguntas de ese abogado, al igual que el resto de los interrogados. En cuanto a la querella por delitos contra la ordenación del territorio que interpuso en el año 2000, cuando el alcalde de Arona era Miguel Delgado y González Reverón su concejal de Urbanismo, afirmó que la interpuso “por rencillas”, ya que los pactos políticos le habían expulsado del Ayuntamiento.
La sesión de este jueves se inició con la continuación de la toma de declaraciones a Félix Sierra, que igualmente fue concejal en el Gobierno local de González Reverón al tiempo que era consejero del Cabildo por el PP para la zona sur de Tenerife.
Sierra recalcó a preguntas del abogado del arquitecto municipal Eliseo de la Rosa que la Junta de Gobierno tomaba las decisiones “de acuerdo con el interés general del municipio y sobre las necesidades de ese momento”, y añadió con respecto a la concesión de una licencia contraria al PGO vigente entonces que, en efecto, “en una reunión la jurista manifestó que esa licencia no se podía tramitar”.
Negó conocer al arquitecto Zenón Rodríguez, acusado de cohecho, de la misma forma que negó conocer la grabación en la que el supuesto intermediario en el cobro de comisiones, Arsenio Zamora, pedía 45 millones de pesetas al constructor Ansorena Carrera (que ejerce la acusación particular) para la concesión de una licencia de edificación. “Supe de esa grabación en el juzgado”, aseguró.
Concesiones otorgadas por unanimidad
El exconcejal Daniel Martín ratificó que en la Junta de Gobierno municipal sabían que las licencias para edificación en terrenos sin condición de solares contaban “con los informes en contra del servicio jurídico” y que el secretario general o los secretarios accidentales “no incidían en esos puntos”.
Añadió que la concesión de contratos de obras “no se debatían siquiera. Se votaban y aprobaban por unanimidad” y todo ello “por el interés general. No para beneficiar a un particular sino al municipio”. Igualmente dijo haber escuchado que los informes desfavorables de los servicios jurídicos “los solucionaba el secretario municipal en su informe”.
Negó haber tenido noticia de que los técnicos de Urbanismo cobrasen comisiones por conceder licencias o tramitarlas y, a preguntas de la abogada que representa a los miembros del Ayuntamiento acusados, Olga López, sostuvo que conocía al magistrado instructor de esta causa, el juez Nelson Díaz Frías, “de toda la vida, vecinos de casa con casa”.
Olga López centró todos sus esfuerzos en la jornada de este jueves en apuntalar la supuesta animadversión del juez Frías a los encausados, que es una de las bazas de su estrategia. Así, Juan José Alayón Beltrán, quien ha sido concejal en Arona entre 1999 y 2007, y que con González Reverón tenía delegada el área de aguas, parques y jardines, insistió en la “enemistad manifiesta” de la familia del magistrado con la suya (“mi padre y su padre eran carne y uña hasta que enfadaron”).
En cuanto a la concesión de licencias urbanísticas en zonas no gestionadas como unidades de actuación aludió, como sus predecesores, al bienestar municipal. “Por ejemplo, La Camella era un barrio clandestino y luego se adaptó por el PGO. Esa gente necesitaba licencias para garantizar sus casas. No eran licencias para grandes edificaciones ni para especular. Y siempre ha sido así”, remató.
