El exalcalde de Arona admite en el juicio que se concedían licencias ilegales porque se subsanaban luego

José Alberto González Reverón, exalcalde nacionalista de Arona, ha sido el protagonista de la segunda sesión del juicio por el Caso Arona 1 que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, interrogado por la Fiscalía y los abogados de la defensa durante cerca de cuatro horas, aunque al final de la sesión también fue interrogado el ex concejal de Urbanismo por el PP, Félix Sierra Melo. Para el primero se piden tres años de cárcel y 35 de inhabilitación por prevaricación, prevaricación urbanística y tráfico de influencias. Para Sierra se solicitan ocho años de cárcel por cohecho, prevaricación urbanística y prevaricación.

González Reverón dijo en numerosas ocasiones al tribunal que no recordaba detalles concretos de tal o cual concesión de licencias municipales, bien para primera ocupación, bien para demoliciones y edificación en unidades de actuación no gestionadas, con los informes en contra tanto de los servicios jurídicos como de los técnicos de Urbanismo, pero sí admitió que las actas de los secretarios accidentales (en sustitución del secretario general, que estuvo largo tiempo de baja) no eran leídas en las Juntas de Gobierno, porque en ellas “no se informaba, tan solo se hacían advertencias de posibles ilegalidades”.

“No somos (quienes conformaban la Junta de Gobierno, hoy sentados en el banquillo), expertos en urbanismo, pero unas veces había unos informes favorables de los técnicos y desfavorables de los secretarios accidentales, y decidíamos en virtud del interés general”.

En virtud de ese interés general, el ex regidor aronero indicó que se concedían licencias que no cumplían los requisitos para ser concedidas (por ejemplo, edificaciones en unidades de actuación no gestionadas o sobre terrenos que ni siquiera tenían condición de solar), porque “esas deficiencias se subsanaban a posteriori”.

Para matizar este punto, González Reverón añadió que “no sé si las unidades de actuación (espacios físicos que permiten un desarrollo urbano) estaban gestionadas o no, pero las licencias se daban porque la realidad es que estaban las unidades de facto y ya estaban desarrolladas”.

En cuanto a la concesión de licencias urbanísticas que iban en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entonces vigente, sostuvo que se concedían porque luego se adaptaba el texto del nuevo Plan, que en esos años estaba siendo redactado (y que finalmente fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que ratificó el Tribunal Supremo). “La realidad fáctica debía primar sobre el Plan General y por eso se concedían las licencias”.

“Los pequeños detalles de urbanización se subsanaban y se daban las licencias. No se hacían las cosas alegremente…No sabíamos si en los expedientes estaba el proyecto de urbanización…Sí recuerdo que eran zonas que estaban casi urbanizadas”, añadió.

Así, y tras repasar varias concesiones de licencias de edificación o nueva ocupación con los informes técnicos en contra, el exalcalde de Arona recalcó que “si hay licencias concedidas es porque las objeciones planteadas se subsanaron a posteriori”.

Contratos fraccionados

Contratos fraccionadosAsimismo negó que se fraccionaran contratos con empresas para eludir su salida a concurso público, como ocurrió con el asfaltado de cuatro calles en una misma parcela de Cabo Blanco, de las que fue adjudicataria una misma empresa con un mismo objeto de contrato. “Son cuatro calles diferentes, por lo que son cuatro unidades diferentes, por eso son cuatro contratos diferentes”, aclaró el acusado. Ocurrió algo similar con tres calles en la zona de La Buzanada, en el interior del municipio de Arona.

También llamó la atención cuando explicó que las obras en colegios se concedían “porque no estaban definidas hasta acabado el curso”, o que sacar a concurso público las obras para construir 40 nichos y 33 osarios en el cementerio, y que supusieron tres contratos idénticos, “era imposible por urgencia”.

Negó conocer la grabación aportada a la causa por el empresario José Ramón Ansorena Carrera, en la que un supuesto intermediario (Arsenio Zamora, sentado en el banquillo por cohecho), le pedía 45 millones de pesetas para desatascar la concesión de una licencia de edificación de una urbanización, e incluso negó conocer a este acusado.

El entramado de concesiones de licencias urbanísticas con informes técnicos en contra, de contratos fraccionados para obras para eludir que salieran a concurso público, o de supuestas contrataciones a dedo, y que se amontonan en los cuatro primeros años de mandato del ex regidor de CC y de toda su Junta de Gobierno, de 2003 a 2007 (aunque luego habrían continuado en el tiempo, lo que ha dado lugar a los casos Arona 2, 3 y 4), ha dejado en evidencia a la nueva fiscal para Medio Ambiente y Delitos contra la Ordenación del Territorio, Francisca Sánchez, quien dio la impresión de no haber ahondado en el sumario de una causa tan compleja, con la que se ha estrenado en sus nuevas funciones.

Tanto es así, que la fiscal concluyó su interrogatorio tras preguntar en dos ocasiones por asuntos que ya se han enjuiciado en la pieza separada que vio el mismo tribunal de la Audiencia Provincial en diciembre pasado, lo que provocó que la magistrada-presidente, Lucía Machado Machado, le diera dos toques de atención.

Tras negarse González Reverón a responder a las preguntas de la acusación particular, que representa al empresario Ansorena Carrera, su abogada defensora insistió en su estrategia de la supuesta animadversión que el juez instructor de la causa, Nelson Díaz Frías, sentiría por el ex alcalde además de que la denuncia del ex edil Francisco García Santamaría, que dio lugar a este causa, se presentó“ por venganza”.

“El secretario salvaba los informes desfavorables”

“El secretario salvaba los informes desfavorables”La tediosa sesión de este miércoles se animó con el inicio de interrogatorio al que fue concejal de Urbanismo y consejero para el Sur por el Cabildo de Tenerife por el PP, Félix Sierra, quien no solo “aclaró” que el secretario general del Ayuntamiento “salvaba” los informes desfavorables de los técnicos municipales o con reparos del interventor, sino que tampoco se leía las actas para la concesión o no de licencias por la Junta del Gobierno.

Dijo desconocer que se habían concedido licencias con advertencias de ilegalidad a personas allegadas a él y negó haber tenido un enriquecimiento patrimonial que sería sustancioso y que coincidiría en el tiempo con los años en los que estuvo al frente de Urbanismo en Arona. Este jueves prosigue su interrogatorio, tras lo que será llamado a declarar Manuel Barrios, del CCN, y que fue mano derecha de González Reverón en su primer mandato.

Las partes, tanto los abogados de la defensa como las acusaciones pública y particular, plantearon en la primera sesión del juicio, el pasado martes, varias cuestiones previas que solicitaron que fuesen solventadas antes de continuar con la vista oral. Entre ellas, la nulidad de las escuchas telefónicas por no existir físicamente el auto judicial que las ordenó y por la falta de parcialidad del magistrado instructor en la investigación de la causa.

El tribunal decidió que estas cuestiones se resolverán al final del juicio, en sentencia. Sí resolvió que cabía la personación en el juicio del empresario Ansorena como acusación particular y no como mera acción popular, además de aclarar que la póliza que el Ayuntamiento de Arona tiene con una aseguradora no cubre la posible responsabilidad civil del exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa.