La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha hecho público un comunicado este viernes en el que rechaza el traslado de la sede del Palacio de Justicia a la zona de El Sobradillo, en el Distrito Suroeste de la capital tinerfeña, y destaca que los fiscales destinados en Santa Cruz han rechazado por unanimidad esa decisión del Gobierno de Canarias.
De este forma, la Fiscalía se suma al rechazo ya expresado por parte del Colegio de Abogados de la provincia y de la Sección Territorial de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, quienes también han esgrimido argumentos en contra de la decisión dada a conocer este jueves de ubicar la futura Ciudad de la Justicia en una parcela situada en El Sobradillo.
En el comunicado, la Fiscalía señala que se ha enterado de la noticia por los medios de comunicación y recuerda que en Junta de Fiscalía celebrada el 22 de marzo los fiscales de la provincia destinados en la capital tinerfeña rechazaron por unanimidad el traslado.
Además, la fiscal jefe, Carmen Almendral, se ha reunido con los funcionarios adscritos a la secretaria de la Fiscalía Provincial y de los 34 funcionarios que pudieron estar presentes, 32 votaron en contra y dos a favor del proyecto de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
La razón fundamental de la oposición de los fiscales es que la ubicación prevista está situada a 10 kilómetros del centro neurálgico de la capital tinerfeña, “en un lugar muy alejado y muy separado de la ciudad”, argumento que coincide con lo expresado previamente por jueces y abogados.
Las comunicaciones son malas con la ciudad y con el resto de la isla, “con los perjuicios que ello ocasiona a todos los ciudadanos y a los profesionales de todo tipo que acuden a diario a las instalaciones del Edificio Judicial desde cualquier punto de la provincia”, según la Fiscalía Provincial.
“Todos los integrantes de esta Fiscalía Provincial consideran que no se han valorado en profundidad otros posibles emplazamientos mucho más cercanos a la actual ubicación del Palacio de Justicia, con unas mejores comunicaciones y que gozarían de suficiente edificabilidad para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la Administración de Justicia en la provincia”, argumentan los fiscales.
También denuncian que no se entiende “la extremada celeridad con la que se ha adoptado y dado publicidad a una decisión tomada sin apenas consultar a la totalidad de los operadores jurídicos, muchos de los cuales ya se han manifestado en contra del proyecto aprobado”.