La Fiscalía pide que el concejal de Servicios Municipales de Santa Cruz pase a ser acusado por los vertidos de La Hondura
La causa penal abierta desde hace años a causa de los vertidos diarios de miles de metros cúbicos de aguas sin depurar en La Hondura, en Santa Cruz de Tenerife, lejos de desactivarse ha tomado un nuevo impulso. La Fiscalía acaba de solicitar que el exconcejal de Servicios Municipales, Norberto Plasencia y el actual, Dámaso Arteaga, pasen de permanecer en la condición de investigados a la de acusados por la posible comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
De aceptarse esta solicitud cursada el pasado 18 de marzo, se estaría más cerca de la celebración de la vista oral sobre uno de las supuestas infracciones medioambientales más preocupantes que han tenido lugar en la ciudad desde hace décadas: el presunto incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz y de la compañía Emmasa de la autorización otorgada para realizar el vertido al mar de aguas residuales urbanas de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Los Llanos por medio de una conducción a Los Llanos-Puerto de La Hondura.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife investiga desde 2007 una causa penal cuyo origen se sitúa en una denuncia presentada por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN). El problema parece residir en que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires se encuentra en la actualidad al límite de su capacidad, carece de punto de vertido y toda el agua depurada se destina a la reutilización. El resultado es que más de ocho millones y medio de metros cúbicos al año acaban directamente a La Hondura sin tratamiento alguno con la consiguiente contaminación.
Las investigaciones apuntan a que las aguas son vertidas al mar en La Hondura tras ser sometidas únicamente a un pretratamiento, en el mejor de los casos, lo que incumple la normativa. Este hecho vendría a echar por tierra la orden emitida en el año 1995 y la autorización concedida diez años más tarde por parte del Gobierno de Canarias. El seguimiento llevado a cabo ha constatado que se produce un vertido anual de casi 8 millones y medio de metros cúbicos, lo que supone 23.203 al día y casi mil a la hora, el equivalente a diez piscinas olímpicas por jornada. La Viceconsejería de Medio Ambiente en numerosas ocasiones ha advertido que se están incumpliendo las normas en cuanto al vertido diario y número de habitantes.
Otro tanto ocurre con el valor máximo de contaminación por coliformes fecales que sube año tras año. Así en 2007 se suman 1,1 por 100 mililitros, en 2008 se llegan a los 2,7, en 2009 se registran 5,6 en 2010, 7,6 en 2011, 6,7 en 2012 y 8,9 en 2013. La controversia llega al punto de que en algunos casos la contaminación del agua es superior una vez tratada a como lo estaba con anterioridad.
El problema despuntó a finales del pasado mes de julio al trascender que el Gobierno canario había abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Santa Cruz y a Emmasa por los incumplimientos constatados en la autorización otorgada en 2005. A partir de aquí se originó un debate entre los ayuntamientos de la capital, La Laguna y El Rosario, hasta el punto de que Santa Cruz advirtió con dejar de depurar las aguas de estas localidades.
El Cabildo tuvo que intervenir para intentar poner algo de razón en este desencuentro. Finalmente, parece que la guerra se ha dado una tregua después de que el Gobierno central sacase a concurso la ampliación de la depuradora por algo más de 17 millones. Sin embargo, desde el ámbito judicial se ha advertido que la ejecución de esta obra no exime las responsabilidades de los anteriores incumplimientos.
