El partido tinerfeño Sí Se Puede se persona como acusación popular en el caso Lezo para seguir de cerca posibles implicaciones de CC

El partido político de izquierdas con implantación sobre todo en Tenerife Sí Se Puede informó este miércoles en rueda de prensa de que ya ha solicitado ante la Audiencia Nacional, trámite que realizó este mismo martes, su personación como acusación popular en el proceso judicial que sigue en ese tribunal el juez Manuel García-Castellón por el conocido como caso Lezo, el supuesto pago de comisiones a cargos políticos a cambio de presuntos tratos de favor en la concesión de obras públicas a la empresa OHL.

En esa causa, según un informe de la Guardia Civil realizado sobre todo a partir del pinchazo de conversaciones telefónicas a directivos de esa empresa, aparecen nombrados tres políticos de CC como supuestos perceptores de compensaciones económicas ilegales, estas principalmente vinculadas al proyecto de construcción del puerto de Granadilla, el tercero del Estado en la isla de Tenerife (junto al de Santa Cruz de Tenerife y Los Cristianos, este último radicado en Arona), y parece que también a obras de mejora en la única instalación estatal que hay en la isla de El Hierro para atender el tráfico marítimo: la de La Estaca, en el municipio de Valverde. Todos los recintos descritos dependen de la Autoridad Portuaria de la provincia tinerfeña, entonces, en el periodo que ahora se investiga, al mando de un cargo de CC, Luis Suárez Trenor. 

La investigación de la Guardia Civil, una de las patas principales en que se apoya el caso que se investiga en Madrid, sospecha del posible pago de sobornos a tres excargos públicos de Coalición Canaria (CC): Luis Suárez Trenor, expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; Julio Bonis, que tuvo varios cargos en el Gobierno de Canarias, y el palmero Antonio Castro Cordobez, exconsejero de Obras Públicas en el Ejecutivo autonómico y diputado canario por la isla de La Palma en esta legislatura, entre otros puestos de responsabilidad pública con CC o antes con la Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), desde mediados del decenio de 1980.

La intención de Sí Se Puede con el paso dado de acudir al proceso judicial como acusación popular, algo que ahora debe ser admitido por la Audiencia Nacional, responde a la “obligación” de esta fuerza política de seguir de cerca ese proceso judicial, en el que ya aparecen políticos relevantes de CC vinculados a supuestos casos de corrupción. También lo hacen, han especificado este miércoles, por el hecho de que Sí Se Puede fue una de las pocas organizaciones de izquierdas en la isla que se negó rotundamente a la construcción del puerto de Granadilla, una instalación que, según afirmó Asun Frías, concejala de ese partido en Santa Cruz de Tenerife, “no podrá operar el 80% de los días del año” por el viento reinante en la zona en que se ubica.

En la cita con los medios de comunicación estuvieron la ya citada Asun Frías; Fidel Vázquez, concejal en el Ayuntamiento de El Rosario, y Mayca Coello, también edil pero en el municipio de Candelaria. Los tres intervinientes reconocieron que el objeto de la actual decisión del partido es “acceder a toda la información que se conozca sobre el caso y hacerlo de forma directa”, sin intermediarios, para así analizar y ver “las supuestas implicaciones de políticos de CC” en la que se presume como otra trama de corrupción de ámbito nacional, aunque esta con implicaciones en las islas.

Tal y como expuso Asun Frías, que forma parte como número dos de la lista electoral de Sí Se Puede en la capital tinerfeña, la que encabeza el abogado Pedro Fernández Arcila, hay sospechas, por lo que se dice en las grabaciones recogidas por la Guardia Civil, de que los tres políticos reseñados de CC pudieron cobrar comisiones (“del 3,5 por ciento por las obras adjudicadas, con un total de 1,37 millones de euros”, apuntó Frías, que se apoyó en los informes policiales) por favores prestados a la empresa de construcción OHL en algunas licitaciones públicas, lo que, de confirmarse, es algo muy grave y además justificaría la afirmación de que CC acude a muchas elecciones “dopada”.

Frías centró su mensaje en que el interés de Sí Se Puede en el proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional, el caso Lezo, tiene mucho que ver con que ese partido, junto a Izquierda Unida y a otros con menor implantación en la isla, fue el que más se opuso a la construcción del puerto de Granadilla, una instalación ya casi hecha pero que sigue siendo muy cuestionada por las dificultades que plantea en la atención del tráfico marítimo.

Según subrayó Asun Frías, lo que vuelve a pasar con CC, ahora, después de la sentencia firme del caso Las Teresitas (el de la compraventa del frente de esa playa de Santa Cruz de Tenerife por el Ayuntamiento), con dos de sus políticos en la cárcel: el exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, es que “no atiende las necesidades reales”, sino “el interés económico de Coalición y de sus empresas afines”.

Por todos estos casos de corrupción, unos acreditados y otros aún supuestos, en alusión al proceso de Lezo, resulta urgente que “CC salga de las instituciones públicas”, y “confiamos en que esto ocurra en las elecciones de este domingo”, indicó la representante política en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En su intervención, Mayca Coello, concejala y candidata a la alcaldía de Candelaria por Sí Se Puede, recordó que “12 años después” parece que se va a demostrar que “la política de las grandes infraestructuras” es una “estrategia que permite el enriquecimiento de responsables políticos y empresas afines a estos”. “Una y otra vez se comprueba que son obras públicas para el enriquecimiento y no por necesidad”, recalcó Coello.

La misma fuente además trasladó la postura de su partido de oponerse al proyecto de ampliación del puerto de Agaete, en la isla de Gran Canaria, y a la construcción de la instalación portuaria proyectada en Fonsalía, en el municipio de Guía de Isora. En cambio, sí apoya el plan de inversión pública para Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, pero siempre que sea un puerto “con unas condiciones muy específicas”.

La portavoz de Sí Se Puede no descartó que su partido informe a la Comisión Europea del supuesto fiasco del puerto estatal de Granadilla y que ello incluso pueda suponer la apertura de un expediente por parte de Bruselas con la intención de comprobar que si los fondos comunitarios han sido utilizados de forma adecuada.