El juez Alba se esconde del agente judicial y evita pagar una multa por grabar a sus compañeros de la Audiencia de Las Palmas
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo había sancionado con una multa de 500 euros por una falta leve de desconsideración a sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, pero el agente judicial que reiteradamente visitó su casa en el municipio de Telde no logró notificarle la sanción y ésta ha prescrito. El magistrado Salvador Alba Mesa ha vuelto a aplicar con éxito una de las tácticas que mejor resultado le está dando desde que cruzó la línea de la decencia para dedicarse a sortear la justicia, en cuya defensa -teóricamente- había trabajado estos últimos veinte años. Esconderse del agente judicial le ha permitido, por ejemplo, continuar ejerciendo como magistrado durante más tiempo del que reglamentariamente era razonable. Al no poder notificársele el plazo de diez días que la ley le otorga para alegar contra su suspensión cautelar, aun hoy -dos meses después de que se le abriera juicio oral- continúa disfrutando de su condición de magistrado.
El Consejo General del Poder Judicial, incapaz de localizar al juez Alba para notificarle su expediente de expulsión, abierto tras sus manejos contra Victoria Rosell, tuvo que publicar tres anuncios consecutivos en el Boletín oficial del Estado (BOE) en abril de 2017. Entonces, sin embargo, el expedientado no estaba de baja ni de vacaciones y se le podía ver por los pasillos de la Ciudad de la Justicia, presidiendo juicios e incluso haciendo sustituciones en juzgados unipersonales. Hacía vida normal pero nadie lograba notificarle.
Esa misma táctica es la que practicó para sortear la multa de 500 euros que le impuso el TSJ de Canarias tras el expediente que le abrió el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, a instancias de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, por grabar con su teléfono móvil a tres compañeros de la Audiencia Provincial de Las Palmas en un momento de descanso en la Ciudad de la Justicia. Fue una conversación obscena en la que se habló de que “todas las rumanas son putas” o de que “los italianos, todos mafiosos”, y que se hizo pública gracias a que el propio Salvador Alba la incorporó a un procedimiento judicial promovido por él cuando fue conocida su conspiración contra la magistrada Victoria Rosell.
Grabar a compañeros de carrera ha sido una constante en Alba una vez se descubrieron sus amaños. Recientemente se ha sabido que también grabó al menos una conversación con el presidente del TSJ de Canarias, Antonio Doreste, al que tiene denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial y ante el Tribunal Supremo después de que fracasara recientemente un primer intento ante la Fiscalía General del Estado. Alba acusa a Doreste de presionarle y de haber tratado de dirigir una investigación por fraude fiscal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez que llevó a cabo precisamente cuando sustituyó a Victoria Rosell entre noviembre de 2015 y mayo de 2016, es decir, hace más de dos años, en el juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, la grabación que el magistrado denunciante ha hecho circular es de octubre de 2016, cuando ya tenía abierta una causa penal contra él tras descubrirse, gracias a otro registro de voces, su conspiración contra la que fuera diputada de Podemos.
Un infarto
La noticia de que la magistrada que lo investigó, Margarita Varona, abría contra Salvador Alba procedimiento abreviado y, a continuación, juicio oral, supuso un mazazo para el magistrado. Fue a partir de ese momento, finales de abril y principios de mayo de este año, cuando su comportamiento empezó a ser más llamativo.
Un día, de repente, su esposa, la secretaria judicial Teresa Lorenzo, hizo saber a varios magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas y al presidente del TSJ de Canarias, que Alba había sufrido un infarto. La noticia corrió como la pólvora e incluso este periódico hizo una ronda por todas las clínicas y hospitales de la isla de Gran Canaria para corroborar aquella noticia. Alba no pudo ser localizado en ningún servicio de urgencias, o al menos nadie lo ha conseguido confirmar hasta la fecha. Muy al contrario, se dejaba ver en espacios públicos, como el restaurante La Gabarra, en Salinetas, Telde, departiendo con su hermano a muy pocos metros de la mesa en la que el exministro José Manuel Soria charlaba con una de sus hermanas. Nadie los vio saludarse a pesar de las buenas relaciones que el juez y el exministro mantuvieron en un pasado muy reciente.
Lo que sí ocurrió pocos días después es que Salvador Alba obtuvo una baja por enfermedad firmada por el médico Sergio Hernández, acusado en estos momentos por delitos de falsedad tras haber entrado en la historia clínica de su exmujer desde su ordenador del Servicio Canario de la Salud para añadirle unas patologías psiquiátricas que la perjudicaran en el proceso de divorcio que ambos mantenían entonces.
La historia de las escaramuzas de este juez termina de momento en las islas Maldivas, a donde partió el pasado viernes de vacaciones a pesar de estar disfrutando de esa baja por enfermedad. El Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación tras ser informado desde el TSJ de Canarias de que se marchó de vacaciones estando de baja médica.
La Fiscalía General de Canarias pide para Salvador Alba Mesa diez años de prisión y 29 de inhabilitación por los delitos presuntamente cometidos en su persecución a la jueza Victoria Rosell. El juicio está pendiente de que el TSJC designe tribunal y fecha, pero todo hace prever que se celebrará antes de que termine 2018, dos años después de ser sorprendido.
