José Carlos Mauricio se queda solo: los otros dos acusados admiten el fraude para legalizar a una extranjera

José Carlos Mauricio ya se siente condenado. El histórico dirigente nacionalista canario se ha quedado solo en su defensa de la legalidad del contrato laboral que firmó a través de la fundación que presidía, el Centro de Estudios Canarios (CEC), con Mayra Despagne, una ciudadana de nacionalidad cubana pareja de Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la facultad de Económicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y amigo de Mauricio. Los otros dos acusados han reconocido en el juicio celebrado este miércoles en el Juzgado de lo Penal 2 de la capital grancanaria que esa relación laboral fue simulada con el único propósito de que Despagne obtuviera el permiso de residencia en España.

“Escándalo”, “perversión judicial lamentable” o “chantaje”. Son algunos de los epítetos que Mauricio ha dedicado a su salida de los juzgados, sin mencionarlas directamente, tanto a la jueza que ha presidido la vista, Mónica Oliva, como a la fiscal Teseida García, esta última por haber alcanzado un acuerdo con los otros dos procesados para que confesaran a cambio de una rebaja de condena, de quince a seis meses de cárcel y de 3.600 a 1.800 euros de multa para cada uno de ellos. Con respecto a Mayra Despagne, al ser la pena inferior a un año, la representante del Ministerio Público ha eliminado también de sus conclusiones la petición para que sea expulsada del territorio nacional.

“No me ha dejado hablar. Me he sentido indefenso”, manifestaba Mauricio a los periodistas en relación a la jueza por sus constantes interrupciones cuando el político retirado trataba de extenderse en sus explicaciones sobre hechos ajenos al objeto de la imputación, la falsedad documental por la que se enfrenta a quince meses de cárcel y 3.600 euros de multa.

En su comparecencia en la sala, Mauricio reconoció que contrató a la pareja de su amigo en la fundación para hacerle un favor. Según su versión, el decano de la Facultad de Economía de la ULPGC le pidió que le hiciera a Mayra Despagne un contrato de dos meses para evitar que la expulsaran del país mientras acababa de constituirse el Centro de Estudios Turísticos y Económicos (Ceture), empresa vinculada a ambos y en la que acabaría trabajando la ciudadana de nacionalidad cubana. “Me pareció fantástico contar con una empleada y, de paso, ayudarla a quedarse en España, ayudar a una inmigrante”.

“No era experta prácticamente en nada”, explicó quien fuera consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, que insistió, en contra de lo manifestado tanto por la inspectora de trabajo que levantó el acta de infracción como por los agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional que participaron en la investigación, que durante el periodo en el que Despagne permaneció con contrato en la fundación realizó labores de documentalista para un estudio que reportó al centro un total de 25.000 euros. “Solo trabajábamos ella y yo como analista”, dijo Mauricio, que defendió que, a pesar de que el contrato fijaba un horario determinado, pactó con su amigo que habría flexibilidad, tanto en las jornadas como en el lugar de trabajo, porque se trabajaba “por objetivos”.

Vigilancias en el centro de trabajo

La investigación se abrió a raíz de una operación rutinaria de la Brigada de Extranjería. El contrato de trabajo de Mayra Despagne levantó sospechas porque con anterioridad su pareja, Juan Manuel Benítez del Rosario, había remitido cinco cartas de invitación para que pudiera permanecer en el país por un máximo de tres meses y, a la vez, la había empadronado en su domicilio.

A partir de ese momento, la brigada inició una serie de vigilancias, hasta un total de once, tanto en el centro de trabajo, situado en la plaza de Santa Ana, como en la mencionada vivienda, para comprobar si efectivamente trabajaba para la fundación. Según relataron los agentes que participaron en el dispositivo, en ninguna ocasión la vieron entrar o salir de la sede hasta el mes de julio, cuando ya había causado baja en el Centro de Estudios Canarios y había sido contratada por Ceture, la empresa recién constituida, que se había instalado en el mismo lugar, en la céntrica plaza capitalina.

Mauricio defendió en el juicio que los agentes se equivocaron de centro de trabajo al realizar sus vigilancias, ya que, según relató, la contratada no prestaba sus servicios en Santa Ana, sino en la calle Sargento Llagas, donde tenía su domicilio y también la sede social de la fundación. Lo cierto es que el primer dispositivo sí se realizó en ese emplazamiento, pero tampoco en esa ocasión vieron ninguna actividad.

Uno de los testigos policiales que comparecieron este miércoles, el autor del atestado, explicó que, aparte del resultado de estas pesquisas, otro de los indicios que le hizo dudar del contrato y de las intenciones de la ciudadana cubana fue encontrarse con el pasaporte “limpio”, sin sellos con el visado ni con las entradas o salidas. Despagne trató de justificarlo alegando que lo había extraviado, “una práctica habitual” en este tipo de casos “cuando se trata de ocultar el tiempo que se lleva en España”.

Una fundación sin trabajadores

En el juicio también declaró Ana Pérez López, la inspectora de Trabajo que levantó el acta contra la acusada por una infracción muy grave. Según explicó, en el proceso previo de recabar información, a principios de 2015, se topó con las primeras actuaciones sospechosas. La fundación no tenía trabajadores ni actividad desde el año 2013. Sus dos empleadas, entre ellas la hija de Mauricio, habían sido despedidas por razones objetivas (causas económicas) y en la Agencia Tributaria no constaba facturación alguna.

La actuación inspectora tuvo lugar en julio. A pesar de que Despagne ya estaba trabajando para Ceture, Ana López le explicó que todas las preguntas que le iba a formular estaban relacionadas con su actividad en la fundación CEC. “No parecía que supiera nada, ni siquiera pude verla manejar las carpetas del ordenador. Me dijo que tenía el ordenador estropeado”. Cuando pidió las nóminas, le proporcionaron “un simple recibí” y le dijeron que el dinero se lo habían dado en efectivo y de golpe cuando cobraron los 25.000 euros del estudio que les habían encargado.

La inspectora comprobó además que el importe exacto de las cuotas de la Seguridad Social era restituido por el decano de la Facultad de Economía de la ULPGC, extremo que fue admitido por el propio José Carlos Mauricio, que no veía en esta actuación ninguna irregularidad. Con posterioridad a la primera visita de Ana López, la empresa entregó una decena de correos electrónicos para tratar de demostrar que Despagne había mantenido una actividad laboral a lo largo de esos meses. Para la inspectora, del contenido de esos “pocos” correos no se podía deducir, como sostiene la defensa del político retirado, que hubiera “instrucciones precisas” a la trabajadora.

Con todo, Trabajo concluyó que se trataba de una simulación laboral. “Demostré que no había pruebas de que hubiera hecho nada, había muchas contradicciones, no había nómina y el pago a la Seguridad Social se hacía a través de un tercero”, aseveró López.

En su informe final, la fiscal sostuvo que la contratación de Despagne tuvo un fin meramente instrumental, con el único objetivo de conseguir la nacionalidad, y que, por su perfil y su formación, habiendo sido consejero de Hacienda, Mauricio era perfecto conocedor de lo que ello suponía. “Le pareció bien hacerle ese favor porque, según dijo, era para hacerle un bien a una inmigrante. Si se hace legalmente, es loable, lo que no es loable es hacer una simulación de contrato para regularizar”.

En cambio, para Diego León, abogado de Mauricio, en este caso se dieron los dos condicionantes que permiten concluir que la relación laboral existió: la realización de una actividad, que justifica en los correos electrónicos, y el pago de una retribución. “Fue un acto humanitario, decente y digno. La imputación no es por un delito de deshonor, es por un favor. Hablamos de valores humanos”, finalizó.