Los acusados del caso Faycán no pisarán la cárcel

La Fiscalía aplica la atenuante de dilaciones indebidas a los siete procesados que no han reconocido los hechos y reduce las peticiones de pena hasta un máximo de dos años de cárcel, por lo que todos eluden el ingreso en prisión
La pena de cárcel sólo afectaría a José Luis Mena, exjefe de Urbanismo de Telde, que ya cumple dos condenas por los casos Los Alisios y Grupo Europa

María del Carmen Castellano. (EFE/ ELVIRA URQUIJO)

Las Palmas de Gran Canaria — 1 de marzo de 2018 16:10 h

Los acusados del caso Faycán, una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde gobernado por el PP y AFV-Ciuca durante el mandato 2003-2007, no pisarán la cárcel. La Fiscalía ha modificado este jueves su escrito de acusación para reducir la petición de penas, hasta un máximo de dos años de cárcel, a los siete procesados que no han reconocido los hechos, entre ellos los exalcaldes Francisco Valido y María del Carmen Castellano, y al técnico municipal Esteban Cabrera, que confesó en la declaración que prestó el pasado martes ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. El representante del Ministerio Público les aplica el atenuante “muy cualificado” de dilaciones indebidas por el retraso acumulado en la causa desde que comenzara la instrucción, en 2006.

En la primera sesión del juicio, celebrada el 15 de enero, veinte de los 28 encausados admitieron su participación en la trama para el cobro de comisiones ilegales a cambio de una sustancial rebaja de penas, tras un pacto con la Fiscalía. Ahora, con la modificación de las conclusiones planteada por Luis del Río, los restantes ocho acusados también eluden el ingreso en prisión por esta causa.

La condena de prisión sólo afectaría a José Luis Mena, exjefe del servicio de Urbanismo de la corporación local, que ya cumple una pena de tres años y medio por un delito de falsedad documental en el caso Los Alisios y otra de cinco años y tres meses por cohecho y falsedad en Grupo Europa, una pieza separada de Faycán.

La satisfacción entre los abogados de la defensa a la salida de la sala era evidente . Alguno de ellos incluso se aventuraba a afirmar que la inmensa mayoría de los procesados, si no todos, serían absueltos por el tribunal presidido por Salvador Alba, sobre quien pesa un auto de procesamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) por la presunta comisión de cuatro delitos en la operación urdida para perjudicar a la también jueza Victoria Rosell. El devenir de la causa contra Alba es clave para el caso Faycán, ya que la apertura de juicio oral contra el magistrado conllevaría su suspensión y, por lo tanto, la imposibilidad de dictar la sentencia, con lo que previsiblemente habría de repetirse la vista.

Estas son las penas solicitadas por la Fiscalía tras la modificación de las conclusiones provisionales:

Francisco Valido. Exalcalde de Telde y actual secretario político del PP en el municipio. La Fiscalía, que solicitaba para él seis años de cárcel y 22 de inhabilitación por prevaricación y cohecho, reduce su petición a dos años de prisión, doce de inhabilitación y una multa de 640.000 euros.

María del Carmen Castellano. Exconcejala de Desarrollo Local, exalcaldesa y actual edil del PP en el Ayuntamiento de Telde. Está acusada de blanqueo de capitales, malversación, falsificación y fraude. En el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal pedía para ella cinco años de cárcel y catorce de inhabilitación. Ahora solicita un año y tres meses de prisión y ocho de inhabilitación.

José Luis Mena. La pena de cárcel solicitada para el exjefe de Urbanismo se reduce a la mitad, de los cuatro a los dos años de cárcel y de los tres años al año y medio de inhabilitación. Además se le impone una multa de cinco meses con una cuota diaria de 15 euros por un delito de falsedad.

Esteban Cabrera. Arquitecto técnico en la Concejalía de Deportes. Era el acusado que se enfrentaba a la mayor condena: trece años y nueve meses de cárcel y 32 de inhabilitación por prevaricación, cohecho, delito contra el mercado, malversación y falsedad. Tras reconocer los hechos y aplicarle el atenuante de dilaciones indebidas, acepta dos años de cárcel y seis de inhabilitación, además de tres multas (una de 2.650 euros y otras dos de tres y cinco meses con una cuota diaria de 10 euros), y la devolución de los 10.600 euros que cobró como comisiones ilegales.

Juan Felipe Martín. Auxiliar administrativo en el área de Contratación. La Fiscalía reduce la pena de los seis años y tres meses de cárcel y 19 años de inhabilitación a los dos años de prisión, nueve de inhabilitación y dos multas, una de 19.000 euros y otra de nueve meses a razón de 10 euros por día. Está acusado de prevaricación, cohecho y delitos contra el mercado.

Agustín León. Exsecretario de la plataforma ciudadana Ciuca. Se enfrenta a un año de cárcel, cuatro de inhabilitación, una multa de 45.000 euros y otra de seis meses con una cuota diaria de 10 euros. En su escrito de acusación, la Fiscalía pedía para él tres años de cárcel y seis de inabilitación por cohecho y delito contra el mercado.

Domingo Juan Campos. Administrador de Gráficas Atlanta. El único empresario que no ha reconocido haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones o preferencia de cobro inició el juicio con una petición de cinco años de cárcel por cohecho que ahora se ha rebajado a dos y una multa de 9.000 euros.

Emilio Hernández. Arquitecto técnico en la Concejalía de Urbanismo. La petición de pena se reduce de cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación por falsedad a dos de prisión, un año y seis meses de inhabilitación y una multa de cinco meses con una cuota diaria de 15 euros.

“Doble vara de medir”

La satisfacción de los abogados de la defensa no ha sido plena. El letrado de José Luis Mena, Álvaro Campanario, ha criticado en el momento de elevar a definitivas sus conclusiones la “doble vara de medir” de la Fiscalía con los procesados, aunque ha dicho que esperará al informe final del representante del Ministerio Público, previsto para el 12 de marzo, para escuchar sus explicaciones.

Según comentó a varios periodistas a la salida de la undécima sesión, Campanario pretendía poner de manifiesto con ese comentario al diferente criterio que ha empleado el fiscal para reducir las penas a los encausados. Citó los casos de María del Carmen Castellano o de los acusados conformados en comparación con el de su representado. Para la exalcaldesa, la rebaja de penas por cuatro delitos es de cinco años de cárcel a un año y tres meses, mientras que al exjefe de Urbanismo le reduce la mitad, de cuatro a dos, por un delito de falsedad.

Juan Sánchez Limiñana, abogado de Esteban Cabrera, solicitó a la Sala que se le diera el mismo tratamiento a su cliente que a los veinte acusados que admitieron los hechos en la primera sesión y que se le anticipara que la sentencia sería dictada conforme al acuerdo alcanzado con la Fiscalía, pero el tribunal rechazó la petición al considerar que no se trataba estrictamente de una conformidad, puesto que no había sido anunciada en el trámite de cuestiones previas.

María del Mar García, letrada de Agustín León, impugnó la declaración prestada por María Antonia Torres, la cabecilla de la trama, en fase de instrucción, puesto que sus aseveraciones no se habían podido contrastar en la sala debido a su fallecimiento en el año 2010.

Por su parte, María Rosa Díaz-Bertrana, abogada de María del Carmen Castellano, interesó la reproducción ante el plenario de la comparecencia de Francisco Gordillo, asesor de Torres, en el caso Grupo Europa. El DVD con esa grabación fue aportado por una de las partes, la defensa del exinterventor Enrique Orts, en las cuestiones previas. Con su reproducción, la letrada pretendía hacer ver las contradicciones en las que habría incurrido Gordillo en su declaración en el caso Faycán. El tribunal rechazó esta petición porque fue presentada por una parte que consideró innecesario continuar el juicio, al admitir los hechos, y porque considera “inviable” utilizar un testimonio prestado en otro procedimiento como medio de defensa.

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