El exalcalde de Telde Francisco Valido se niega a declarar y un técnico confiesa que recibió 10.000 euros en comisiones
El exalcalde de Telde Francisco Valido, actual secretario político del Partido Popular (PP) en el municipio, se ha acogido este martes a su derecho a no declarar como acusado en el juicio del caso Faycán. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, con el magistrado Salvador Alba como presidente del tribunal y ponente de la sentencia, juzga desde enero esta trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde durante el mandato 2003-2007, con el gobierno formado por el PP y la coalición AFV-Ciuca.
La Fiscalía pide para Valido una pena de seis años de cárcel y 22 de inhabilitación por prevaricación y cohecho. Se le acusa de haber ordenado priorizar los pagos atrasados de facturas municipales a las empresas que aceptaban pagar comisiones que oscilaban entre el 6 y el 20% a cambio de ese trato preferente. Hacienda atribuye a la unidad familiar del exalcalde ingresos sin justificar durante ese periodo por un valor superior a los 90.000 euros. El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, vincula ese incremento patrimonial al cobro de comisiones. Según relató en la sesión del lunes uno de los policías que participaron en la investigación, el alcalde era el primero en la lista de reparto confeccionada por la cabecilla de la trama, la exconcejala de Obras Públicas María Antonia Torres, ya fallecida.
Valido comparte abogado, Juan Sánchez Limiñana, con el arquitecto técnico Esteban Cabrera, el acusado que se enfrenta a la mayor petición de condena: trece años de cárcel. Sin embargo, tal y como anticipó su letrado hace un mes, Cabrera ha reconocido los hechos para lograr una sustancial rebaja de pena, hasta los dos años de prisión y diez de inhabilitación, El técnico municipal ha confesado que cobró más de 10.000 euros de la empresa Cobra para que informara a favor de adjudicaciones de obra, en concreto del vallado de El Hornillo. Uno de los pagos, de 6.600 euros, figura en un documento de esa sociedad mercantil que recoge una serie de gastos realizados en 2005. Según ha admitido ante el tribunal este martes, los otros 4.000 euros se los abonó “en mano” Juan Francisco Gordillo, trabajador de Cobra e hijo de Francisco Gordillo, asesor de María Antonia Torres.
En la sala se reprodujo, a petición del fiscal, una conversación telefónica interceptada entre Juan Francisco Gordillo y Esteban Cabrera en la que el técnico del Ayuntamiento de Telde advertía al primero de que otra empresa había presentado una mejor oferta económica (80.000 frente a 88.000 euros) con más mejoras, pero que aun así había “hecho números”, a través de otros conceptos como los de salud y seguridad, para adjudicárselo a Cobra. “Lo que yo informo va a misa. Si hay problemas, después lo arreglo”, le manifestaba en esa llamada. El aparejador ha negado haber recibido ninguna otra comisión a cambio de informes favorables.
Juan Felipe Martín
Juan Felipe Martín, auxiliar administrativo en el área de Contratación del Ayuntamiento de Telde durante la época enjuiciada, ha defendido que su actuación en la tramitación de varios expedientes que constan en el sumario sobre adjudicaciones de obras o servicios se limitaba a cumplir las órdenes que le daba el asesor de María Antonia Torres, Francisco Gordillo, a rellenar plantillas y a dejarlas en la mesa de la jefa de Negociado, Milagrosa Ramos.
En una comparecencia algo confusa, el trabajador municipal se ha desdicho de la declaración que prestó en fase de instrucción, cuando afirmó que en los procedimientos negociados sin publicidad, en los que se debe invitar al menos a tres empresas para que presenten una oferta económica, se sabía quién iba a ser la adjudicataria de antemano y que solo se llamaba a otras dos para “cubrir el expediente”. Martín ha atribuido esa aseveración ante el juez instructor a “un error de expresión” provocado por los nervios y ha precisado que eran las propias empresas las que le comunicaban que habían iniciado las obras antes incluso de que se incoara el expediente y que le comentó esa anomalía a sus superiores, aunque no pudo cerciorarse de que efectivamente los trabajos hubieran comenzado.
El fiscal pidió reproducir varias grabaciones de conversaciones telefónicas en las que, antes de que se incoaran los expedientes, Francisco Gordillo le decía a Juan Felipe Martín que determinadas adjudicaciones debían ir a una u otra empresa. En algunos casos le especificaba las otras dos empresas a quienes tenía que invitar y en otros, lo dejaba en sus manos. “Yo tramitaba el expediente. No sabía que la obra estaba adjudicada. Una cosa es lo que me diga (Gordillo) y otra lo yo crea”, defendió el trabajador municipal, que ha sugerido que existe cierta confusión “por el vocabulario” empleado por el asesor de Torres y que cuando este aludía a adjudicaciones quería decir en realidad invitaciones.
El Ministerio Público solicita para Martín seis años y tres meses de cárcel, así como 19 años de inhabilitación por delitos contra el mercado, prevaricación y cohecho,
Agustín León
Agustín León, ex secretario de Ciuca, la plataforma ciudadana que se presentó en coalición con AFV (Agrupación Federal del Valle de Jinámar) a las elecciones municipales de 2003 y que firmó un pacto de gobierno con el PP, ha negado haber recibido 90.000 euros de la constructora Mazotti como comisión ilegal. Francisco Gordillo ha incriminado a León en sus declaraciones en fase de instrucción y en el juicio, al asegurar que la víspera de Reyes de 2005 acudió a la gestoría donde trabajaba, en la zona de Arnao, para entregarle a él y a María Antonia Torres un sobre con los 180.000 euros que había pagado Alejandro Navarro, director de la empresa, para que le adjudicaran las obras del aparcamiento de Los Picachos.
El ex secretario de Ciuca ha admitido que ese día se reunió con Torres, pero ha aclarado que no fue un encuentro concertado, sino que la entonces concejala se presentó en su oficina para pedirle que ejerciera de mediador con el edil de Urbanismo, Guillermo Reyes, de su mismo partido, para desbloquear proyectos atascados en el área. León, que dijo no recordar si en esa reunión se habló del aparcamiento de Los Picachos, atribuyó la presencia de Gordillo en la gestoría a una casualidad. “Nos vimos en el umbral de la puerta, Torres me lo presentó y yo me fui a mi casa. No sé qué pasó, no vi que le entregara ningún sobre ni que repartieran dinero”.
El acusado explicó que conocía a Guillermo Reyes, que estudiaron en el mismo instituto, aunque en años diferentes, y que, además de ser compañeros de partido, fue asesor fiscal y contable de las empresas del exconcejal de Urbanismo y llegó a realizar declaraciones de renta de la mujer de Reyes. “No entiendo por qué se me acusa de cooperador necesario (…) No participé ni cooperé en nada. Nunca trabajé con ninguna empresa vinculada al Ayuntamiento”, concluyó.
León se enfrenta a una pena de tres años de cárcel y seis de inhabilitación por cohecho y delito contra el mercado.
Domingo Juan Campos
Domingo Juan Campos, administrador de Gráficas Atlanta, es el único empresario procesado en el caso Faycán que no ha reconocido los hechos que se le imputan, esto es, haber pagado comisiones para que su empresa tuviera preferencia de cobro sobre otras. “Gordillo no me pidió dinero jamás. Mi actividad era vender material de oficina, material didáctico para cursos de formación, trabajos de imprenta… No era obra”. Campos ha asegurado que durante esos años recibió varias llamadas de Gordillo, pero siempre para pedirle que le enviara un listado de precios para poder compararlos con los de otros proveedores y hacer los pedidos.
El empresario ha reconocido que era “un martillo pilón” para reclamar al Ayuntamiento que le pagara las facturas pendientes. En concreto, al concejal de Hacienda, Carmelo Oliva, a quien conocía y a quien acudió “por lo menos cuatro veces”. “Estaba fijo dando la lata para cobrar”. Sin embargo, ha negado que Gráficas Atlanta figurara en el listado de empresas con preferencia para los abonos en las distintas concejalías. “Había algunas facturas que me las pagaban a 60 o a 90 días y otras que tardaban hasta dos años. Si soy parte de una trama, ¿por qué me pagaban con año y medio de retraso?”, se ha preguntado Campos, que sostiene que las facturas que cobraba a 60 o 90 días eran las que correspondían a subvenciones que debían justificarse.
El administrador de la imprenta ha asegurado que el Ayuntamiento le llegó a deber 50.000 euros, que algunas facturas de 2004, 2005 y 2006 las cobró en 2011 y que algunas concejalías “escondían las facturas porque se habían excedido del gasto” durante el ejercicio y las presentaban al año siguiente.
Campos, que se enfrenta a cinco años de cárcel por cohecho, ha negado que se refiriera al pago de una comisión ilegal cuando, en una de las conversaciones interceptadas durante la investigación y reproducidas en la sala, le comentaba al asesor de Torres que en ese momento no disponía de dinero en efectivo. “A mí no me preocupa eso, me preocupan más otras cosas”, le respondía Gordillo.
El juicio continúa este jueves con la declaración de los tres últimos acusados: el técnico municipal Emilio Hernández, el exjefe de Urbanismo José Luis Mena y la exalcaldesa María del Carmen Castellano.
