El juicio del caso Eólico retrata a Alfredo Briganty: de alentar la teoría de la conspiración a confesar los hechos

“No soy un hombre de pactos ni de avenencias”. La frase, pronunciada el pasado viernes por Alfredo Briganty tras quedar en libertad, quedará enmarcada para la posteridad del caso Eólico.  Y es que tan solo tres días después, el abogado madrileño, el mismo que ha alentado durante años la teoría de la conspiración, que ha denunciado la existencia de un “sanedrín mafioso” formado por jueces, empresarios, políticos y periodistas,, que ha intentado tumbar el procedimiento por todos los medios posibles, que ha defendido su inocencia contra viento y marea y que prometía para el juicio revelaciones tan sorprendentes como para poner patas arriba la imagen de la justicia, se ha rendido y ha acabado confesando los hechos. “Ha recapacitado”, justificaba este lunes su abogado, José Mateo.

El juicio del caso Eólico comenzó con escándalo, con una orden de detención contra Briganty por no comparecer en la vista, y ha continuado con una mayúscula sorpresa: el arrepentimiento del abogado madrileño, acusado de un delito de cohecho por el que la Fiscalía Anticorrupción pide para él una pena de un año y medio de cárcel y 150.000 euros de multa. La confesión, no obstante, debe ser refrendada en la declaración que preste esta semana ante el tribunal de jurado, ya que en este tipo de procedimientos no cabe técnicamente la conformidad. De confirmarse la posición del acusado, se le podría aplicar el atenuante de colaboración con la justicia y, consecuentemente, una rebaja de la pena.

Además de Briganty han anunciado que reconocerán los hechos, por boca de sus respectivos letrados, el funcionario Honorato López, jefe del servicio de Energía del Gobierno de Canarias, y los empresarios Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel, que, al igual que el abogado madrileño, están acusados de pagar al ex director general de Industria Celso Perdomo determinadas cantidades de dinero a cambio de un trato preferente en el concurso eólico convocado en 2004 y finalmente anulado.

El arrepentimiento de cuatro de los seis acusados del caso Eólico deja en una situación muy comprometida al principal procesado, Celso Perdomo, y a su entonces pareja, Mónica Quintana, los únicos que no han reconocido los hechos y siguen defendiendo su inocencia. “Impresionante, me voy a la cárcel”, se le escuchó decir al primero en los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria justo después de mantener una conversación en un aparte con Briganty y su abogado, antes de que los letrados anunciaran ante el jurado las intenciones de sus clientes.

El abogado de Briganty, José Mateo, ha explicado que su representado ha tomado la decisión de confesar y colaborar con la justicia tras “recapacitar” y seguir el consejo que le habían dado tanto él como su anterior letrado, Álvaro Campanario, que precisamente renunció a su defensa por discrepancias en la estrategia. “Han sido catorce años que le han ocasionado un enorme coste personal, profesional y familiar. Ha sido detenido dos veces”, ha relatado Mateo antes de concluir que la intención del acusado es “pasar página” cuanto antes a este capítulo.

Similares explicaciones ha dado el resto de los abogados ante el tribunal. “El tiempo y la reflexión ponen cada cosa en su sitio (…) Han pasado catorce años, ahora es una persona distinta. Su ingreso en prisión sería innecesario”, ha dicho Agustín Santana, letrado del funcionario Honorato López. También Francisco Javier Forero, que defiende al empresario Enrique Guzmán, ha aludido al “cambio de vida” de su representado. Por su parte, Martín Contreras, abogado del también empresario José Ignacio Esquivel, ha reconocido que su cliente, “que ya tiene 80 y tantos años”,  “cometió un error”.

Las valoraciones iniciales de los cuatro arrepentidos estuvieron precedidas por los informes de los abogados de Celso Perdomo y Mónica Quintana, que defendieron su inocencia. Ante las confesiones que ya se preveían (la única sorpresiva fue la de Briganty), la letrada del ex director general de Industria sostuvo que ese reconocimiento de los hechos “no tiene por qué implicar que se diga la verdad”. “En los procedimientos, a menudo los acusados llegan a conformidades para obtener ventajas, porque no tienen nada que perder”, justificó María del Mar García.

La abogada defensora de Celso Perdomo señaló que de las 99 conversaciones telefónicas que constan en la causa como prueba contra los acusados, 76 se produjeron después de que su representado hubiera dejado el cargo en la Consejería de Industria tras la ruptura del pacto de gobierno entre CC y el PP. María del Mar García apuntó que en el caso Eólico hay “un trasfondo político” y que intentará valerse de las conclusiones de la polémica comisión de investigación del Parlamento de Canarias que exculpó, gracias a los votos de nacionalistas y populares, de cualquier responsabilidad al PP que entonces presidía José Manuel Soria, a pesar de que la Consejería de Industria estaba en manos de Luis Soria, hermano del exministro. El magistrado que preside el tribunal del jurado, Pedro Herrera, le advirtió posteriormente de que esa comisión de investigación es ajena al proceso judicial.

El juez también ha rechazado que declare como testigo en el juicio Salvador Alba. Lo había pedido la defensa de Celso Perdomo con la intención de que este magistrado, que está procesado por la presunta comisión de cinco delitos en el plan urdido para perjudicar a su compañera Victoria Rosell, pusiera de manifiesto supuestas irregularidades procedimentales durante la instrucción que pudieran dar lugar a la nulidad de la causa. “No cabe ahora valorar de nuevo si ha habido imparcialidad en la instrucción, pues esas cuestiones fueron resueltas ya” en el auto de cuestiones previas dictado en 2014 por el anterior presidente del tribunal, el magistrado Ignacio Marrero, fallecido en 2016.

En el caso de Mónica Quintana, la estrategia consistirá en tratar de desligar a la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria de las actuaciones de su entonces compañero sentimental, Celso Perdomo. “El caso Eólico no tiene nada que ver con Mónica Quintana”, ha aseverado su abogado, Víctor García de Bordallo, que considera que “el único delito” de su representada ha sido “haber sido pareja” del ex director general de Industria del Gobierno de Canarias o “vivir en su misma casa”. El letrado ha defendido que su clienta abrió la cuenta en el banco de Luxemburgo donde se realizaron las transferencias de los empresarios porque Perdomo se lo había pedido para “una operación inmobiliaria”. Sostuvo además que los presuntos delitos cometidos por el principal acusado se habrían cometido igualmente sin la participación de Quintana, que está procesada bajo la figura de cooperadora necesaria.