El Ayuntamiento de Mogán suma otro varapalo judicial por el ‘dedazo’ en la Policía Local
El Ayuntamiento de Mogán ha vuelto a sumar otra derrota judicial por el decreto gracias al que, en noviembre de 2015, el agente Marco Domínguez fue ascendido a Oficial de la Policía Local del municipio. Al igual que en la sentencia en la que se le dio la razón al sindicato Comisiones Obreras, el recurso presentado en esta ocasión por el Sindicato Independiente de Policías de Canarias ha vuelto a caer en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, cuya titular, la magistrada María del Carmen Monte, no ha aceptado los razonamientos defendidos por el letrado del Consistorio moganero y además ha condenado a la administración al pago de las costas.
La jueza, en primer lugar, impugna el nombramiento de Marco Domínguez y rechaza la defensa esgrimida por el Ayuntamiento, que alegaba que el recurso debía inadmitirse por “pérdida sobrevenida de objeto, al haber sido ya anulada la resolución impugnada por sentencia de este mismo juzgado” el 9 de marzo de este año. Así, la titular entiende que como el Consistorio apeló esta resolución, “no puede hablarse de carencia sobrevenida de objeto”. Tampoco acepta el otro argumento espetado por la administración para no admitir el recurso, el de la existencia de prejudicialidad, ya que la magistrada Monte entiende que en este caso existen dos recursos sobre un mismo acto administrativo y lo procedente sería “la suspensión del presente procedimiento hasta la resolución del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia”.
Por otro lado la jueza, en un escrito hecho público el 11 de mayo y contra el que cabe recurso de apelación, traslada la argumentación usada en marzo. Entre las conclusiones realizadas en la primera sentencia se sostenía que, aunque sí es cierto que se concurría en una situación de urgencia, “la asignación directa de la plaza a un funcionario concreto, sin ninguna publicidad” y sin conceder a otros funcionarios la posibilidad de concurrir en el procedimiento “supone una vulneración clara de los principios de mérito, capacidad y publicidad”. Además, recalca que “no sólo es que no se haya seguido procedimiento selectivo alguno, sino que ni tan siquiera el Decreto impugnado motiva cuáles son los méritos ni las razones concretas por los que se estima que el señor Domínguez es la persona idónea para cubrir de forma temporal la vacante, cuando existen policías con mayor antigüedad en la plantilla”.
Así mismo, agrega la sentencia que no es posible que la Administración pueda nombrar para un puesto vacante y en el que concurren circunstancias de urgente necesidad para su cobertura “a la persona que quiera sino que deberá nombrar a la persona que reúna la capacidad y los méritos para ello, en condiciones de igualdad y respetando el principio de publicidad, con el fin de que todos los que estén interesados en cubrir ese puesto puedan optar al mismo”.
Se da la circunstancia de que este agente es sospechoso de haber participado en el presunto amaño electoral en el municipio en las elecciones de 2015. Domínguez fue investigado por la Fiscalía Provincial en unas diligencias en las que se le acusaba de manipular el Censo Electoral, hecho que se puso de manifiesto según el Ministerio Público después de que este mandara un SMS a la por entonces candidata y hoy alcaldesa, Onalia Bueno, diciéndole que le pasaría “una lista de extranjeros votantes”. Según la instrucción llevada a cabo por el fiscal José Antonio Blanco, archivada en septiembre de 2015 por falta de indicios, el agente Domínguez negó la existencia de este SMS y también refutó determinadas irregularidades en el padrón municipal como el intento de desahucios a vecinos de la zona chabolista de La Charca mediante notificaciones falsas de la Policía Local.
No es el único caso en el que el nombre del agente Domínguez ha sido relacionado en el posible fraude electoral que tuvo lugar en Mogán en las elecciones municipales de 2015, ya que en las grabaciones difundidas por este periódico el encargado de la campaña de Ciuca en el municipio explicaba que este policía local era de las personas que se dedicaba a la compra de voluntades.
