El abogado Ignacio Calatayud, imputado en el denominado caso Minutas junto a su amigo Pedro San Ginés, expresidente del Cabildo de Lanzarote con Coalición Canaria (CC), insiste en cambiar de juez. El letrado, investigado por la presunta apropiación indebida de más de 800.000 euros de dinero público en concierto y connivencia con el exdirigente nacionalista, ha presentado un recurso directo de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas contra el auto que, el pasado mes de julio, desestimó su petición para archivar la causa.
En el último escrito, además de volver a solicitar el sobreseimiento provisional, Calatayud sostiene que Jerónimo Alonso, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife, no es el juez competente para investigarlo. No es la primera vez que lo hace. El abogado imputado ya intentó, sin éxito, apartar de la causa a Alonso recusándolo. Alegaba que entre ambos existía una “enemistad manifiesta”. Su solicitud fue desestimada por la Audiencia de Las Palmas, el mismo órgano judicial que ahora debe pronunciarse sobre el recurso del abogado.
El juez Jerónimo Alonso dispone en la actualidad de protección policial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en abril de 2022 dirigirse al Ministerio del Interior para solicitar esa medida de seguridad después de que el magistrado denunciara haber recibido amenazas del entorno de las personas investigadas en esta causa.
Calatayud sugiere en su escrito que el magistrado que debe asumir el caso Minutas es el titular del Juzgado de Instrucción 4 de la capital lanzaroteña, Ricardo Fiestras. Se trata del juez que fue sorprendido en una fiesta ilegal en una villa del sur de la isla en febrero de 2021, sorteando las restricciones impuestas para el control de la pandemia de Covid-19 y en compañía, entre otros, de Fernando Becerra, condenado en una de las mayores tramas de corrupción en Canarias, el caso Unión, por tratar de sobornar con 600.000 euros a un político para que permitiera una urbanización en Yaiza.
Fiestras ya archivó una causa previa por la que permaneció investigado el mismo abogado, también en relación con retribuciones percibidas durante la época de Pedro San Ginés como presidente del Cabildo de Lanzarote.
En su recurso, Calatayud se remonta al año 2014, cuando el juez al que ahora pretende apartar, Jerónimo Alonso, abrió diligencias para investigar los contratos que suscribió el letrado con la corporación insular durante los mandatos de su amigo dirigente de CC. En el seno de ese procedimiento se abre la pieza separada que acaba en el juzgado donde ejerce Fiestras, el de Instrucción 4 de Arrecife, quien dos años después lo archiva. El juez consideró justificado el cobro de los honorarios percibidos por parte de Calatayud entre 2011 y 2015, ya que “realizó los servicios encargados” por la administración insular.
El abogado mantiene que los pagos por los que ahora permanece imputado ya fueron investigados por Fiestras en aquel procedimiento. Sin embargo, para la representación de la empresa pública Inalsa y de su único socio, el Consorcio del Agua de Lanzarote (participada en un 60% por el Cabildo y en un 40% por los sietes ayuntamientos de la isla), se trata de una de las “groseras tergiversaciones” con las que, a su juicio, Calatayud riega su recurso.
Y es que, según esta parte, ni las entidades contratantes ni los hechos denunciados son los mismos. En la causa archivada en 2021 por el juez Ricardo Fiestras quien contrata a Calatayud es el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, la autoridad del agua en la isla. En el caso Minutas, aún en instrucción, son Inalsa y el Consorcio, los “operadores” para el abastecimiento de agua de abasto en el territorio insular, quienes lo hacen.
Además, los hechos ahora investigados eran “totalmente desconocidos” cuando se archivó la primera causa. Lo que se dirime en el caso Minutas es si San Ginés y Calatayud actuaron en connivencia para que el abogado se apropiara de “ingentes cantidades de dinero” del erario público aprovechando su amistad con el entonces presidente del Cabildo de Lanzarote y si este, a cambio, recibió como favor una sustancial rebaja del precio de la vivienda en la que reside, propiedad de una empresa, Adelfas 24, en la que figura como administrador solidario Felipe Fernández Camero (conocido abogado en la isla y acusado de un expolio en el Ayuntamiento de Yaiza) y como apoderada la también abogada Juana María Fernández de las Heras, que está casada con Calatayud.
El abogado asumió la representación de Inalsa y del Consorcio en varios incidentes del concurso de acreedores de la entidad pública y también en un contencioso entre 2009 y 2010 a través de acuerdos verbales de contratación con Pedro San Ginés que, según la acusación, el entonces presidente del Cabildo de Lanzarote ocultó al Consejo de Administración del organismo. Calatayud cobró por esos procedimientos más de 800.000 euros en concepto de costas procesales. En su recurso, el letrado defiende que los acuerdos fueron avalados por la administración concursal y aceptados por San Ginés y que en ellos se estipulaba que solo percibiría honorarios si se generaban costas.
Sin embargo, cuando se publicaron las primeras informaciones del caso, dos de los tres administradores concursales de Inalsa difundieron una nota de prensa aclarando que Calatayud había sido contratado “única y exclusivamente” para la fase común del concurso (no para los incidentes por los que cobró las costas) y que sus emolumentos ascendían a 85.000 euros. La representación de Inalsa incide en el escrito de oposición a la petición de archivo que no hubo expediente de contratación de esos incidentes y que, por tanto, no se respetaron “los más mínimos trámites” para la adjudicación al letrado.
En su escrito, Calatayud desliza también que, en el supuesto de que la causa no la instruya Ricardo Fiestras, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Arrecife, quien debe hacerlo es el de Instrucción 3 de la capital lanzaroteña, José Luis Ruiz, puesto que es en este órgano donde recayó la querella que San Ginés presentó contra la actual presidenta del Cabildo de Lanzarote y del Consejo de Administración de Inalsa, Dolores Corujo (PSOE) por injurias y calumnias por la difusión de una nota de prensa de la corporación insular en la que se afirmaba que su antecesor en el cargo había permitido que Calatayud se apropiara de 800.000 euros de costas procesales ocultándoselo a la empresa pública.
El recurso del abogado imputado finaliza denunciando una “lesión de derechos fundamentales y garantías procesales”, al entender que el juez instructor, Jerónimo Alonso, ha hecho una “investigación prospectiva” en busca de “algo” con lo que incriminarle. “Resulta evidente la existencia de un interés impropio del obrar objetivo y ajeno a toda vinculación personal del funcionario público encargado de dirigir un expediente”, concluye.
También la defensa de San Ginés considera que el magistrado Jerónimo Alonso carece de competencia para instruir la causa. Por esta razoón, el expresidente del Cabildo de Lanzarote se negó a contestar a sus preguntas en su comparecencia en sede judicial el pasado 30 de agosto.