La Audiencia Provincial de Las Palmas ha ratificado la condena a un abogado que agredió a Pablo Gómez, exsecretario general de Podemos en la isla de Fuerteventura, por los comentarios que este vertió en la red social Facebook sobre un caso de corrupción. El agresor, Dennis Miranda, está siendo investigado junto a su padre, Felipe Miranda, exconcejal del PSOE en ese municipio, y otros miembros de su familia por presuntos amaños en los concursos para la explotación de los servicios de hamacas en La Oliva. Es, además, abogado del presunto agresor del hijo del denunciante del caso, Álvaro de Astica, concejal de Votemos La Oliva (la marca de Podemos en el municipio).
La agresión se produjo el pasado 7 de abril. Según los hechos probados en la sentencia de primera instancia, ahora confirmados por la Audiencia Provincial, ese día sobre las 10.45 horas el ahora condenado y su padre, Felipe Miranda, se encontraron con Pablo Gómez en una sucursal bancaria de la calle Primero de Mayo de Puerto del Rosario.
Gómez, que en ese momento había dejado de ser secretario insular de la formación morada pero seguía ligado al partido, afirma que la discusión versó sobre los comentarios que publicó en un perfil de Facebook que se hacía eco de las noticias de Fuerteventura Limpia, una página web que, según el denunciante, administra el propio Dennis Miranda. En esos mensajes, Pablo Gómez le reprochaba que utilizara este portal para “difamar a los representantes de Podemos” en las instituciones majoreras e ignorara otros casos de corrupción, entre ellos el caso Hamacas, en el que ahora está implicado.
El enfrentamiento derivó en una pelea en la que Dennis Miranda propinó un bofetón a Pablo Gómez, tirando sus gafas al suelo. El denunciante, por su parte, “le agarró por la camisa y le rompió un botón”, según la resolución judicial. La existencia de la discusión y de la reyerta fue confirmada en el juicio por todas las partes, que también coincidieron en el detalle de la caída de las gafas y en que fue el testigo, Felipe Miranda, quien las recogió.
Tras el incidente, Pablo Gómez acudió de forma inmediata a un centro de salud. El parte médico reflejaba lesiones (contusión facial con enrojecimiento de la piel y dolor cervical) que, según los juzgadores, “son compatibles con la agresión manifestada por el denunciante”.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario condenó a Dennis Miranda como autor responsable de un delito leve de lesiones a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de 6 euros (180 euros). Aunque el denunciante solicitó en principio una indemnización de 1.000 euros, finalmente renunció a las acciones civiles que pudieran corresponderle.
Dennis Miranda recurrió ante la Audiencia Provincial, al considerar que la resolución había sido arbitraria y que Pablo Gómez había incurrido en contradicciones durante su testimonio. El juez Emilio Moya, presidente de la Audiencia y firmante de la sentencia, precisa, en cambio, que cuestiones como el lugar donde ocurrieron los hechos (a las puertas de un banco o delante de un portal) o si el encuentro fue o no fortuito son “accesorias”. “Lo importante es lo acontecido una vez tuvo lugar”, concluye para ratificar la sentencia y darle, por tanto, firmeza. Además, le impone el pago de las costas procesales.
El agredido recuerda que en la fecha en la que se produjo el incidente tanto la dirección insular de Podemos como Votemos La Oliva estaban investigando los presuntos amaños en los concursos para la explotación de los servicios de hamacas en las playas de Corralejo y El Cotillo entre los años 2009 y 2015, un caso ya judicializado. Los denunciantes habían detectado un entramado para alterar a la baja los precios mediante el denominado “formato escalera” en las pujas.
Según la Fiscalía Provincial de Las Palmas, los investigados, entre los que se encuentran Dennis Miranda, Felipe Miranda y Dolores Miranda, hermana del exconcejal del PSOE e interventora del Cabildo de Fuerteventura, actuaban en connivencia para presentar ofertas a los concursos públicos de manera que quienes concurrían con las propuestas económicas más ventajosas para el Ayuntamiento acababan renunciando a la adjudicación para que, al final, obtuvieran la concesión a un precio muy inferior. De esta manera, por paquetes de hasta 120.000 euros se llegaba a pagar tan solo 15.000, según las pesquisas.
El caso se destapó a raíz del intento de soborno de un empresario, Gregorio R. Vega, al concejal de Votemos La Oliva Álvaro de Astica. El edil puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía y la Policía Judicial preparó la operación para sorprender al empresario en el acto de entrega de los 2.300 euros con los que pretendía que De Astica influyera en otros concejales para que se le adjudicase el servicio de explotación de playas. En su declaración posterior, Vega señaló que el dinero provenía de su socio, Vicente Curbelo.