Cortezo: ''Nadie me pidió por escrito que le devolviera el dinero“

El caso de la supuesta estafa en la venta de los dúplex de Hoya Pozuelo (en Telde, Gran Canaria) ha quedado visto para sentencia después de tres semanas de juicio en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Y lo ha hecho con un encartado menos en el banquillo, ya que el abogado Juan Sánchez Limiñana, en representación de cinco de los querellantes, ha retirado la acusación contra Elena del Castillo, administradora solidaria de la empresa de su marido, el promotor inmobliario Jaime Cortezo.

La vista oral se ha cerrado en esta octava sesión con la última palabra del empresario, para el que la acusación pide hasta 17 años y medio de cárcel y 4 millones de euros de indemnización por los delitos de estafa, alzamiento de bienes y falsedad documental. Cortezo ha aprovechado este momento para defender que Hoya Pozuelo hizo “los mayores esfuerzos” para devolver el dinero a los compradores de las viviendas que estaban afectadas por una orden de derribo al invadir la zona de servidumbre de protección de Costas.

El promotor matizó que no fueron dos, sino tres las reuniones que mantuvo con los vecinos, la última de ella en el despacho de un magustrado después de haber sido presentada la querella. En estos encuentros ofrecía a los compradores “devolverles el dinero que habían pagado, no el precio de mercado de las viviendas”, ya que las diferencias entre ambas cantidades “eran enormes”.

Según Cortezo, ningún comprador le solicitó por escrito la devolución del dinero y de forma verbal sólo lo hicieron dos vecinos (los hermanos Valido), aunque finalmente “se arrepintieron”. “Si alguien hubiera querido el dinero, se lo habría dado”, sentenció el empresario contradiciendo lo manifestado por varios querellantes en anteriores sesiones.

Lectura de la declaración del denunciante y de Bonis

Antes de la última palabra de Cortezo y de las conclusiones finales de las partes, la secretaria judicial leyó en la sala la declaración prestada en el periodo de instrucción por el denunciante del caso, José Luis Arencibia, que falleció hace unos años.

En ella, Arencibia manifestaba que era socio del empresario en Promo Bandama y que su actuación en la promoción de Hoya Pozuelo se limitó a alguna pequeña intervención en la contabilidad de la sociedad y una sustitución a Gustavo Albarracín (que trabajaba para el empresario a través de otra sociedad) para solicitar en el Ayuntamiento de Telde la licencia de construcción para las viviendas de la parcela I2, donde se encuentran los inmuebles amenazados por la piqueta.

Al realizar este trámite, preguntó a uno de los técnicos municipales por el retraso en los permisos y este le transmitió que la promotora “había aumentado la parcela en 20.000 metros cuadrados” con respecto al proyecto original, ganando una fila de viviendas en primera línea de mar.

Arencibia declaró entonces que ya tenía algunos problemas con Cortezo por algunas irregularidades contables y por la caída de un muro de contención en una vivienda de El Fondillo y que entonces decidió averiguar “con una cinta métrica” si la distancia entre los mojones y los primeros inmuebles respetaba lo fijado en la Ley de Costas.

Tras comprobar que había menos de 100 metros entre esos dos puntos, 70 en concreto, y que, por lo tanto, invadía la zona de servidumbre, el socio de Cortezo se puso en contacto con él para exigirle “que las viviendas no fueran entregadas”. Tardó cinco meses en presentar la denuncia, tras la cual, siempre según su versión, el empresario aceleró el ritmo de ejecución de las obras para intentar venderlas con celeridad.

También se leyó en la sala la declaración en instrucción del exconsejero Julio Bonis, amigo de Jaime Cortezo y de uno de los querellantes, Antonio Antón. El histórico dirigente nacionalista apenas apuntó que medió entre ambos para intentar rebajar el precio de la vivienda y que no recordaba haber hablado con Clotilde Saavedra, su entonces secretaria, sobre el tema de Hoya Pozuelo, aunque sabía que había problemas porque “lo había leído en la prensa”.

Cabe recordar que Saavedra se querelló contra su jefe por falso testimonio en un juzgado después de que el político declarara. Según informó en la sesión de este martes Miguel Losada, abogado de Cortezo, la Audiencia Provincial de Las Palmas confirmó el auto de sobreseimiento de la querella dictado por el juzgado de primera instancia.

La provisión, un mero apunte contable

En la última sesión del juicio declaró como testigo Antonio Henríquez, economista y auditor que en agosto de 2007 constató que Hoya Pozuelo había reservado una dotación contable entre los ejercicios 1999 y 2006 para hacer frente a una eventual pérdida por una resolución desfavorable de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias, el organismo que había incoado el expediente sancionador por la invasión del dominio público marítimo-terrestre de las viviendas de primera línea y que finalmente dictó la orden de derribo.

Esta provisión quedaba reflejada en las cuentas anuales de la empresa presentadas ante el Registro Mercantil y en el Impuesto de Sociedades.

A preguntas de Mónica Pérez, una de las abogadas de la acusación, Henríquez admitió que esta provisión era un “mero apunte contable”, un movimiento con el que la empresa podía aumentar los gastos o disminuir los beneficios, pero que el dinero “no estaba físicamente”.

Por su parte, Antonio Herrera, arquitecto técnico de Hoya Pozuelo, acreditó que las obras se realizaron conforme a la licencia otorgada y que las reformas que se realizaron posteriormente en las viviendas eran ilegales porque en la primera construcción los inmuebles ya tenían la ocupación máxima. Además, Herrera dijo desconocer si a estos dúplex se les había concedido la licencia de primera ocupación.