La exdirectora de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud rechaza declarar en la comisión del caso mascarillas

Ana María Pérez Afonso, exdirectora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, ha rehusado declarar este lunes ante la comisión del Parlamento de Canarias que investiga el 'caso mascarillas', en el que está imputada en la vía judicial.

“Me acojo a mi derecho a no declarar, dado que estoy siendo investigada en un proceso penal sobre estos mismos temas y asuntos”, dijo Pérez Afonso, acusada por la fiscalía de prevaricación por dar luz verde al expediente de cuatro millones de euros para la compra de un millón de mascarillas que nunca se entregaron, ya que las que intentaron importar fueron bloqueadas por la Aduana por tratarse de falsificaciones.

Las mascarillas se contrataron a RR7, una empresa ajena al sector sanitario dedicada a la copraventa de coches, un caso en el que también está imputado el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia, Conrado Domínguez.

“Todos le echan a usted la culpa de las contrataciones, es el eslabón más débil de la cadena” y posiblemente quieren que sea la cabeza de turco del caso mascarillas, le dijo el diputado del PP Fernando Enseñat a Pérez Afonso para instarla a declarar.

Enseñat detalló que de los 80 o 90 millones de euros que se contrataron a instancias del comité de gestión de la pandemia hay 22 millones bajo sospecha por compras a RR7, a Soluciones de Gestión, la empresa del caso Koldo y a Mega Labs.

“¿Quién tomó esas decisiones, fue usted?”, insistió Enseñat ante el silencio de la funcionaria.

José Alberto Díaz-Estébanez, de CC, también incidió en que Ana María Pérez no era “pieza motora” ni quien tomaba decisiones, pero sí era “pieza clave” y colaboradora necesaria para que el engranaje funcionara.

“¿Quién la está dejando tirada?, debería reflexionar sobre quién va a pagar”, dijo Díaz-Estébanez, convencido de que la funcionaria está siendo utilizada y que alguien “metió la mano”.

Antes que Ana María Pérez Afonso compareció ante la comisión de investigación Tomás Morales López, actualmente asesor del grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, quien durante la pandemia ejerció sucesivamente como secretario general técnico de la Consejería de Sanidad hasta marzo de 2020, asesor técnico del departamento hasta septiembre de ese año y director del Área de Salud de El Hierro posteriormente.

Morales López explicó que él no participó en los órganos de contratación, que correspondían a la Dirección General de Asuntos Económicos, y en concreto cuando se produjo el contrato con RR7 él ya estaba en el Área de Salud de El Hierro.

Defendió que en un momento de emergencia hubiera sido “una temeridad” no contratar mascarillas cuando alguien las ofrecía y era casi imposible conseguirlas, como ocurrió en abril de 2020 cuando se adquirieron por cinco millones de euros dos millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada en el caso Koldo, aunque luego el 30% fueran defectuosas.

Otro de los comparecientes fue Alberto Mario Pazos Astrar, quien fue director del Servicio Canario de salud entre julio y septiembre de 2020, antes de la llegada de Conrado Domínguez, quien fue sus sucesor, pero que cuando él llegó al cargo ejercía como coordinador del comité de expertos de la pandemia.

Mientras Pazos fue director del SCS supo que Conrado Domínguez, entonces coordinador del comité de expertos, se reunía con empresas y hacía propuestas de contrataciones, si bien en ningún momento habló ni se reunió con él.

Sin embargo, durante su mandato no se hicieron contrataciones porque el stock de material sanitario era suficiente y ni siquiera se plantearon propuestas.

Explicó que su salida fue por decisión propia, por circunstancias personales sobrevenidas, y aseguró que no “hubo nada más”, al ser preguntado por si estuvo relacionada con el sistema de contratación.

Indicó que en el comité de emergencia no se debatía a qué empresa había que contratar los suministros y señaló que todo su conocimiento de las contrataciones con RR7 las conoce por los medios de comunicación.

Pazos Astrar indicó que las compras estaban centralizadas en la Dirección General de Recursos Económico y comentó que la situación era de emergencia, por lo que el mercado estaba desabastecido y por tanto cuando llegaba una oferta se compraba aunque las garantías no fueran las mismas que en circunstancias normales.