La Fiscalía recurre el auto que puso en libertad al presunto asesino de Romina Celeste: “Hay un alto riesgo de fuga”

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Las Palmas que obligue a personarse a diario ante un juzgado al presunto asesino de la joven paraguaya Romina Celeste Núñez, su marido Raúl D.C., que se encuentra en libertad desde el pasado viernes, por considerar que existe un “riesgo alto de fuga”, mayor aún desde que ha traslado su domicilio de Lanzarote a Madrid.

La sección segunda de la Audiencia ya había ordenado a Raúl D.C. comparecer cada lunes en los juzgados, pero el fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas, Jesús Javier Lomba, ha recurrido su decisión para exigir una medida más severa, que fuerce al procesado presentarse a diario ante la Justicia, incluso cuando se fije ya la fecha de celebración de su juicio.

El Ministerio Fiscal insiste así en una medida que ya sugirió, sin éxito, el pasado 9 de enero, cuatro días antes de que Raúl D.C. saliera de la cárcel de Tahíche (Lanzarote) por cumplir el tiempo máximo de prisión preventiva a la espera de juicio (cuatro años).

En su recurso, la Fiscalía alega que el auto de puesta en libertad no explica en su fundamentación jurídica las razones por las cuales no se aceptó su petición, por lo que considera que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

Añade que “de manera sucinta se alude exclusivamente a la razón del transcurso del tiempo y plazo máximo en prisión provisional, si bien no realiza ningún pronunciamiento sobre las circunstancias que sobre las que la Fiscalía advierte que existe un riesgo alto de fuga, que, ”objetivamente, resulta altamente probable“, pues ya ha trasladado su domicilio a la Comunidad de Madrid y dispone de medios económicos.

Lomba remarca que se trata de un presunto autor de delitos de homicidio/asesinato, maltrato habitual, lesiones en el ámbito familiar, simulación de delito y profanación de cadáver.

En el escrito con fecha del 9 de enero, Lomba ya interesó que se presentara diariamente el acusado cuando fuera puesto en libertad ante la solicitud de penas por las acusaciones que, en todos los casos, superan los 20 años de prisión y llegan a alcanzar hasta los 30 años de privación de libertad, y por la próxima celebración del juicio oral, solo pendiente de resolución por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias del recurso de apelación contra el auto de 1 de diciembre de 2022 que desestimó las cuestiones previas planteadas por la defensa.

Para el fiscal este recurso de la defensa forma parte de una estrategia para posibilitar al encausado abandonar la isla de Lanzarote por tener familia en la península y poder planificar la sustracción a la acción de la Justicia y quedar comprometida su disponibilidad a los llamamientos que pudiera realizar.

De hecho el acusado, tras ser puesto en libertad, ha fijado su domicilio en la Comunidad de Madrid, con lo que la salida del territorio nacional es aún “más sencilla y posible”.

Según refiere Lomba, las vías de transporte ya no se limitan al barco o avión sino a todos los medios terrestres que facilitan la movilidad para abandonar nuestro país, reforzado en la ausencia de controles fronterizos estrictos en el ámbito de la Unión Europea, no siendo necesaria la presentación de pasaporte para tal propósito.

Lomba argumenta también que indiciariamente el acusado y su entorno dispone de un poder económico considerable, que también facilitaría sustraerse de la justicia, en virtud de las manifestaciones de su defensa para una posible conformidad y consignación de una cantidad económica importante a modo de indemnización y reparación del daño.

Romina Celeste Núñez murió el 1 de enero de 2019 en su casa de Costa Teguise. Su marido reconoció ante la juez de Instrucción que quemó su cuerpo, lo descuartizó y lo arrojó a diferentes puntos de la costa de Lanzarote, pero hasta la fecha siempre ha negado haberla asesinado, ya que sostiene que se encontró muerta a su mujer al regresar a casa de madrugada y que se asustó, porque temía que le culpasen a él (Romina ya lo había denunciado por malos tratos).

Cronología del caso

Según la Fiscalía, que reclama para Raúl D.C. una condena de 20 años de cárcel, en su relación con Romina Celeste hay al menos otros episodios previos de malos tratos: el 8 de agosto de 2018 en un hotel de Arrecife, cuando la propia joven denunció ante la Policía que la había “golpeado en repetidas ocasiones”, y el en torno al 29 de diciembre de 2019, día en el que ella se presentó de madrugada en el Hospital de Lanzarote con lesiones.

Sin embargo, ningún médico llegó a verla aquel día, porque Raúl D.C. acudió al centro sanitario y se llevó a Romina antes de que eso ocurriera. Cuarenta y ocho horas más tarde, perdió la vida.

El cadáver de Romina Celeste Núñez nunca se recuperó, lo que impide a las acusaciones ser más precisas sobre cómo la mató su marido, según su tesis. Pero sí se recuperaron algunos restos de tejido que el mar devolvió a la costa, identificados gracias al ADN, circunstancia en la que se basan los cargos de homicidio.

El Juzgado número 1 de Arrecife dio por terminada la instrucción del caso a medianos de diciembre de 2019, al año de ocurrir los hechos, y emplazó a las partes a solicitar la apertura de juicio oral. Sin embargo, desde entonces han pasado tres años más sin que se haya puesto fecha al juicio ante Jurado, en los que ha cambiado el juez instructor y la defensa ha presentado numerosos recursos.

El 13 de enero de 2021, al cumplirse dos años de su detención, el juez al cargo del caso ordenó que Raúl D.C. siguiera en la cárcel de Tahíche “el tiempo que fuera necesario” hasta que se fijara la vista oral, pero señalando ya como límite el 13 de enero de 2022, cuando se cumplieran los cuatro años que como máximo autoriza la ley para retener en prisión a un ciudadano sin someterlo a juicio.

Por eso, ayer jueves, la Audiencia de Las Palmas ordenó que fuera puesto en libertad provisional sin fianza, aunque con algunas cautelas: se le ha retirado el pasaporte, tiene prohibido salir de España y debe comparecer en los juzgados todos los lunes.

En un videocomunicado, la abogada de la familia de Romila, Emilia Zaballos, cuestiona esas medidas por insuficientes: “Ante las penas de 25 a 30 años a las que se enfrenta, el riesgo de fuga es alarmante, es altísimo, esto es un sufrimiento más para la familia, que no puede cerrar el duelo y ahora recibe este duro golpe”.

“Asó en la barbacoa a su mujer, la descuartizó y distribuyó por los acantilados de Lanzarote todos sus restos”, recuerda Zaballos.

La familia de la víctima, añade la letrada, está “muy molesta, porque no puede ser que un procedimiento que tiene prioridad en su tramitación” se dilate tras una instrucción y una investigación policial “impecables y hechas en tiempo récord” por “causas absurdas”, derivadas entre otras cosas de los cambios de juez.

El caso llegó a la Audiencia de Las Palmas ya para que se fijara juicio en septiembre del año pasado. Zaballos sostiene que la defensa se aprovechó entonces de la circunstancias de que solo quedaban cuatro meses para que venciera el plazo máximo de prisión preventiva para dilatar aún más el proceso con nuevos recursos.