El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha respaldado en sede parlamentaria la actuación de la fiscala delegada de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Evangelina Ríos, en relación a la investigación disciplinaria abierta en noviembre de 2015 a Victoria Rosell, en ese momento magistrada en excedencia y candidata de Podemos al Congreso por la provincia de Las Palmas.
Una actuación que no ha sido incluida en la Memoria de 2015 que Garrido ha presentado este lunes ante la Comisión de Gobernación del Parlamento, motivo por el que ha sido requerido a explicar tal situación por la portavoz de la fuerza morada, Concepción Monzón, aunque también el socialista Gustavo Matos y la nacionalista Socorro Beato han expresado su preocupación por los sucesos que han rodeado la causa contra Rosell tras conocerse las grabaciones en las que se demuestra que el juez Salvador Alba podría haber urdido una trama en connivencia con José Manuel Soria para reforzar la querella que el exministro había presentado contra Rosell.
Tras conocerse la apertura de las diligencias preprocesales por parte de la Fiscalía, la magistrada señaló al propio Soria, a quien acusó de usar los medios del Estado -el Ministerio Público, en este caso- para atacar a una adversaria política. Para el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC), la Fiscalía de Las Palmas vulneró derechos fundamentales de Rosell cuando la investigó por motivos disciplinarios.
Precisamente, y a raiz de una pregunta de Matos sobre si iba a abrir diligencias disciplinarias contra Ríos, el fiscal superior de Canarias aseguró tanto durante su comparecencia como después, en los pasillos del Parlamento, que “la actuación procesal de la fiscala ha sido correcta y valorada positivamente por la Fiscalía General del Estado, y no hay motivo, bajo ningún concepto, de ningún tipo de actuación contraria”.
Garrido era consciente en que todo lo que rodea al juez Alba iba a ser objeto de preguntas por parte de los representantes políticos, motivo por el que en su primera intervención ya aseguró que “no es el mejor momento” de la Justicia en Canarias. “No nos gusta a los que somos parte de la Administración de Justicia ser parte protagonista de la actividad. Pueden existir conductas irregulares, pero exigiremos las responsabilidades que haya que exigir”.
Monzón resaltó la “alarma social” que toda esta situación, cuyo germen fueron las diligencias abiertas contra Rosell en plena campaña electoral, está generando en la sociedad porque “se actúa contra los jueces pero no con lo que ha hecho la Fiscalía a este respecto”
Una “situación nada gratificante”, como la calificó el socialista Matos, que merecía ser tratada en sede parlamentaria, toda vez que “la Justicia en Canarias no transmite una imagen que le dé confianza a los ciudadanos”.
“Jueces que se graban unos a los otros, y colateralmente la Fiscalía se ha visto involucrada en estos espisodios nada reconfortantes, especialmente la Fiscalía delegada para Delitos Económicos, que ha tenido una actuación que, como mínimo, le ha valido el reproche del propio TSJC, abriendo una investigación que vulneraba derechos fundamentales”, afirmó el socialista.
Un bochorno que pone en peligro la credibilidad de la Justicia
No se quedó atrás la nacionalista Socorro Beato, para quien toda esta situación de “bochorno” está poniendo “en peligro” la credibilidad de la Administración de Justicia.
“Esperamos que el TSJC actúe con celeridad para depurar las responsabilidades que correspondan, porque nos preocupa el deterioro de uno de los pilares del Estado de Derecho. Es preciso que se aclare para recuperar la confianza de la ciudadanía y para que quede meridianamente claro que es un caso aislado”, afirmó Beato.
Y es que todos estuvieron de acuerdo en asumir, como pidió el fiscal superior, que la práctica totalidad de los jueces, fiscales y magistrados actúan con total dedicación y profesionalidad, pero que también, como resumió la diputada nacionalista, el “hastío” que las actuaciones del juez Alba provocan en la ciudadanía “ponen en riesgo la credibilidad” de todos ellos,
Tras esta andanada, Garrido explicó que no ha incluido en la Memoria las diligencias preprocesales contra Rosell porque el criterio fue que “la Fiscalía General del Estado no considera que esa materia deba ser objeto de evaluación”.
“No es un expediente disciplinario, no es un expediente de contradicción y no se decide nada que afecte a los derechos fundamentales de las personas”, insistió antes de reconocer que un tribunal “reconoció que había habido vulneración de derechos fundamentales” y que está a la espera “de lo que diga el Tribunal Supremo”, que será quien dictaminará en último término.
Situación rara
Con todo, Garrido asumió que “todo esto se ha ido complicando después”, al aparecer las grabaciones del juez Alba. “Estamos asistiendo a una situación rara, porque no es normal que ocurra lo que está ocurriendo, llevo 33 años de ejercicio profesional y es la primera vez que se planta encima de la mesa actuaciones como las que han salido en los medios de comunicación”.
“Personalmente me produce una notable melancolía porque no creo que ese sea el camino ni la forma de actuar, por eso quiero dejar clara la actuación rigurosa y fiel del Ministerio Fiscal en ese proceso, con conocimiento expreso del Fiscal General del Estado, al que nada le es extraño”, afirmó Garrido ante sus señorías, consciente de que “las grabaciones y declaraciones escandalizan”, motivo por el que están ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC), que “adoptará la resolución que sea adecuada”.