La Fiscalía denuncia que la Guardia Civil hacía la 'vista gorda' con las irregularidades de la empresa de 'water taxis' de un cabo de Fuerteventura

La Fiscalía ha denunciado una serie de actividades irregulares que atribuye a la empresa Nautic Corralejo Charter, constituida entre otros socios por Juan López Vila, cabo de la Guardia Civil y destinado en la patrullera de Corralejo, y considera que la propia Guardia Civil habría hecho la 'vista gorda' con la situación.

En su denuncia, el Ministerio Fiscal señala que durante la investigación que se ha efectuado se constata la existencia de la citada empresa, que fue constituida por López Vila, su pareja sentimental, Evelyn Gómez, concejal en el Ayuntamiento de La Oliva, que figuró como administradora única de la sociedad, y Alien Alonso, que “es el que materialmente la explota”.

La Fiscalía explica que la empresa se dedica a la explotación turística de tres embarcaciones: Siña María III, Ruthy Cuatro y Nautic Corralejo Charter, principalmente para “excursiones turísticas para pesca en alta mar” o traslado de pasajeros al espacio natural protegido del Islote de Lobos.

“Dicha actividad”, destaca el fiscal Tomás Fernández, “se realiza con graves irregularidades que impedirían la navegación de dichas embarcaciones y que no han sido nunca denunciadas” por el Destacamento Marítimo de la Guardia Civil de Corralejo, “servicio con la competencia de inspección” en la matera.

Así, el fiscal subraya que en el Destacamento Marítimo de la Guardia Civil “presta sus servicios de forma activa” Juan López Vila, “la mayoría de veces como patrón de las patrulleras” del Instituto Armado. La pasividad que la Fiscalía resalta en las tareas de inspección hacia la empresa fundada por el cabo López Vila, que “nunca” han sido denunciada, contrasta, para el fiscal, con que otras embarcaciones “sí han sido denunciadas y sancionadas” por “infracciones administrativas” en la zona.

En ese sentido, el fiscal una serie de irregularidades cometidas, según su denuncia, por la empresa constituida por el cabo de la Guardia Civil, como “realizar excursiones con pasajeros a bordo careciendo de despacho”, es decir, la comprobación que hace Capitanía Marítima sobre “todos los buques y embarcaciones civiles” y, por tanto, “también las embarcaciones de recreo”, de que “cumplen con todos los requisitos exigidos por las normas legales” y la tripulación “adecuada”.

Además, el fiscal destaca que en la investigación se constató que las embarcaciones de la empresa navegaban “con pasajeros a bordo sin persona al frente con el título de patrón”, o “con marinero desenrolado y sin certificado médico expedido por el Instituto Social de la Marina”. También navegaban “careciendo de preceptivo e indispensable seguro de responsabilidad civil” y se producía la navegación con marineros en embarcaciones “sin libreta de inscripción marítima”.

“Presunta falsedad”

La Fiscalía insiste en que “esta actividad marítima se realiza a título oneroso”, con el “correlativo beneficio para la entidad y sus socios”. La investigación también ha incluido a la propia empresa. El fiscal señala que se ha comprobado que en la escritura de constitución de la sociedad “se comete una presunta falsedad”.

Así, resalta que en la escritura se afirma que los socios aportaban como cien por cien del capital social “la titularidad de barco Siña María III, cuando, según el Registro Marítimo, dicha embarcación” en aquel momento, estaba vinculada a otra compañía.

“Prueba de esta falsedad es, además, el hecho de que pocos meses después la entidad Nautic Corralejo Charter” arrienda de forma efectiva la citada embarcación por un periodo de cinco años, abunda el fiscal.

Delitos investigados

Para la Fiscalía, “sin perjuicio de las infracciones administrativas a las que dieran lugar, estos hechos podrían ser constitutivos” de un delito continuado de prevaricación omisiva, de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, y de un delito de falsedad en documento público.

El fiscal Tomás Fernández explica que se han practicado como diligencias, antes de formular su denuncia para el Juzgado, declaraciones de testigos, oficios al Destacamento Marítimo de la Guardia Civil, Capitanía Marítima e instituto Social de la Marina, así como el estudio de la materia desde el punto de vista administrativo, y la coordinación y reunión con agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Puerto del Rosario.

Por las irregularidades investigadas, además de dirigir la denuncia al Juzgado para que se inicie la instrucción que corresponda, también se traslada a Capitanía Marítima ante las “posibles infracciones administrativas detectadas”.