Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, por mandato de la Fiscalía Europea, se presentaron este martes en dependencias de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para requisar nueva documentación sobre los contratos sanitarios realizados por el Servicio Canario de Salud durante la pandemia.
Así lo avanzan los rotativos de Prensa Ibérica en las islas y ha confirmado a los periodistas el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una visita a la nueva sala de Hemodinámica del Hospital de La Candelaria.
Clavijo ha insistido en que el Gobierno se dedica a “colaborar” con la justicia y a “facilitar” la labor de los agentes que han analizado diversos expedientes y correos electrónicos para que la justicia “pueda trabajar con absoluta tranquilidad y colaboración”. “Es lo que nos corresponde”, ha agregado.
La Fiscalía Europea, que se ha hecho cargo de las investigaciones porque mucho material fue costeado con fondos europeos, sospecha de irregularidades por valor de casi 32 millones, entre ellas, el llamado primer caso Mascarillas, por el que se abonaron por adelantado, en dos pagos de dos millones cada uno, la compra de un millón de mascarillas a una empresa no sanitaria y que nunca llegaron a recibirse.
Los tres casos Mascarillas de Canarias
La primera vez que se escuchó hablar en Canarias de un caso Mascarillas fue en mayo de 2022. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas anunció que investigaba al Servicio Canario de la Salud, que pagó cuatro millones a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por unas mascarillas que nunca llegaron. La querella se dirigía al que era entonces el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez (que dimitió de su cargo) por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, mientras que al adjudicatario, Rayco Rodríguez, se le imputa una estafa agravada y blanqueo de capitales. Casi dos años después, la comunidad autónoma volvió a estar señalada por haber comprado gran parte del material sanitario de la trama Koldo, el presunto fraude por parte de un asesor del exministro José Luis Ábalos. Y en la misma semana se conocía un tercer caso relacionado con la compra de este material y que investiga a cuatro empresarios por delito contra la Hacienda Pública.
Los tres casos Mascarillas de Canarias tienen en común los contratos de material sanitario que se adjudicaron a empresas en los primeros meses de la pandemia, en un contexto marcado por la incertidumbre y la escasez de este producto, pero los tres tienen protagonistas y niveles de responsabilidad diferentes. La primera causa la ha asumido la Fiscalía Europea al emplearse fondos de la UE en la compra de productos.
En la segunda causa no hay canarios investigados y las pesquisas se centran en una trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario que habría perjudicado a varias administraciones.
La tercera causa es la que mantiene bajo la lupa al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez y a un exdiputado de CC (antes dirigente del PP), Lucas Bravo de Laguna, entre otros.
Millones que fueron a parar a coches de lujo
Conrado Domínguez había sido ya director del Servicio Canario de Salud (SCS) en el anterior Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), entre 2015 y 2019. Con el cambio de Ejecutivo en mayo de 2019, Sanidad pasó a ser dirigida por Teresa Cruz Oval (PSOE) que procedía de un sector muy crítico con la etapa de Domínguez. Sin embargo, al estallar la pandemia, el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres lo incorporó como coordinador al Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias. Fue con esa condición con la que negoció contratos de mascarillas.
En mayo de 2020 recibió la llamada de su amigo Osvaldo Lastras, que le presentó a su compañero de trabajo Samuel Machín, y que serían las personas intermediarias que negociaron los términos del contrato de emergencia para Rayco Rubén González. El único nexo entre las partes, destaca la Fiscalía, era “la vinculación de amistad”. Todos “carecían de la mínima solvencia técnica y profesional para acometer” esa operación que buscaba “reponer el stock de los EPI (Equipos de Protección individual) de los sanitarios de los hospitales públicos con mascarillas que tuvieran la clasificación FFP3”. 21 días después de la primera llamada se firmó el contrato con RR7 por cuatro millones de euros para un pedido de un millón de mascarillas FFP3. Anticorrupción destaca en su querella que el exdirector del Servicio Canario de Salud, a pesar de ser considerado como “un experto” en gestión, no preguntó cuál era la solvencia profesional y técnica de la empresa. De hecho, la única referencia sobre el material decía que el empresario “tenía un colaborador que podía traer las mascarillas de África”.
La querella de la Fiscalía recoge que días antes el Servicio Canario de Salud había rechazado ofertas de empresas que ofrecían mascarillas FFP2 con disponibilidad inmediata porque “ya había en cantidades aceptables para varios meses”. Además, el precio pagado por las mascarillas a la empresa de Rayco Rubén González era “muy superior” (cuatro euros por unidad) al precio mayor (2,94) de todos los contratos de este tipo en Canarias durante la pandemia.
La autorización de los pagos correspondía a la directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, que abandonó ese cargo en abril de 2022, mes en el que Anticorrupción abrió diligencias. En los contratos de emergencia para el suministro de material durante la pandemia, el mecanismo habitual consistía en anticipar la mitad del importe y pagar el resto cuando se hubiera acreditado que los productos habían llegado. Así fue como se concretó el primer pago en agosto de 2020 y en el segundo, en octubre del mismo año, se consuma lo que la Fiscalía Anticorrupción define como “el timo de Rayco”.
Anticorrupción sostiene que este segundo pago fue “temerario y negligente” y ocasionó un menoscabo de dos millones de euros a las arcas públicas. Según la querella, de ese dinero obtenido de manera presuntamente ilícita, Rayco Rubén González incorporó a su patrimonio 1,35 millones de euros que destinó a la compra de coches de alta gama (Porsche, Lamborghini, Maserati, Bentley...) a través de un entramado societario y de préstamos entre sociedades de su propiedad, y a mantener “un elevado tren de vida”.
El fiscal expone que “tras el pago de cuatro millones de euros” el adjudicatario del contrato “solo pudo ofrecer una partida de mascarillas falsas”, importadas desde Etiopía. En febrero de 2021, un mes antes de la llegada del cargamento con mascarillas falsas desde ese país, el SCS había iniciado el expediente para resolver el contrato por incumplimiento del adjudicatario. La Dirección General de Recursos Económicos del organismo público lo dio por extinguido en mayo y requirió a RR7 United la devolución de los cuatro millones de euros que había pagado por anticipado sin recibir ni una sola mascarilla.
Sin embargo, en junio de ese año, la empresa remitió un escrito en el que solicitaba la modificación del contrato para cambiar, por el mismo precio, el suministro del millón de mascarillas comprometidas (3M Modelo 1860 N95) por 1,2 millones de unidades de FFP3 de otra marca y modelo. El Servicio Canario de Salud accedió, pero RR7 United “jamás cumplió ese nuevo contrato”, destaca el escrito del fiscal, para quien la administración autonómica no solo debió resolver el contrato, sino que, debió reclamar una indemnización por daños y perjuicios. En cambio, le concedió “una nueva oportunidad de modificar las prestaciones”, una “nueva vida jurídica” para “un incumplidor que había importado mascarillas falsas que hubieron de ser destruidas”, añade.