La jueza ve indicios de prevaricación en la actuación del expresidente canario Fernando Clavijo en el caso Reparos y lo envía al Supremo

El caso Reparos pasa al Tribunal Supremo. La jueza que ha instruido la causa abierta por los contratos prorrogados de forma sistemática en el Ayuntamiento de La Laguna durante las alcaldías de Fernando Clavijo y de su sucesor, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria (CC), ha remitido una exposición razonada al Supremo para que sea este tribunal quien investigue al expresidente del Gobierno de Canarias, dada su condición de aforado como senador por la comunidad autónoma de Canarias.

De acuerdo con la jueza titular del Juzgado de Instrucción 4 de San Cristóbal de La Laguna, Ana Serrano-Jover, ''hay indicios de que el señor Clavijo podría haber cometido un delito continuado de prevaricación administrativa al solventar reparos de la intervención“ en múltiples expedientes. En el auto conocido este jueves, la magistrada asume la posición de la Fiscalía Anticorrupción.

La fiscal María Farnés Martínez remitió en abril un escrito a la magistrada Serrano-Jover solicitando que elevara la causa al Supremo. En su exposición, la Fiscalía Anticorrupción subraya que en el caso Reparos no concurren las circunstancias que llevaron a la Sala de lo Penal del alto tribunal, presidida por el canario Manuel Marchena, a archivar el caso Grúas, en el que también fue investigado Fernando Clavijo.

El auto de sobreseimiento emitido en julio de 2020 por el que se archivó el caso Grúas concluía que no se puede calificar como prevaricadora “toda infracción administrativa, ni toda irregularidad en la tramitación de un expediente, ni toda omisión de un trámite legalmente exigido”. 

En el escrito elevado al Supremo, la jueza instructora recoge que Clavijo habría cometido un delito continuado de prevaricación durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 siendo alcalde de La Laguna. ''Lo habría hecho salvando reparos formulados por la Intervención municipal, de manera reiterada'' y sin ajustarse a las normas que rigen la contratación administrativa de los Ayuntamientos.

La denuncia que inició el caso Reparos fue interpuesta en 2018 por el socialista Santiago Pérez, actual concejal de Urbanismo de La Laguna y también senador, después de revisar cientos de documentos municipales. Estos revelaban que durante años Clavijo había ampliado la vigencia de importantes contratos cuando llegaban sus vencimientos sin convocar concursos y en contra del criterio del interventor.

Según la denuncia, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz habrían levantado 140 reparos de la Intervención para prorrogar al menos 20 contratos cuyo valor supera los 60 millones de euros. Algunos de los servicios ampliados están relacionados con el mantenimiento de los jardines, la basura, la limpieza viaria, el alquiler de coches para la Policía Local o la dinamización de aulas infantiles.

Entre los expedientes analizados destacan, por su duración e importe, las prórrogas extemporáneas a Urbaser para el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, que el servicio de Intervención cifra en 72 millones de euros, o a Procedimientos de Aseo Urbano (PAU) para dar continuidad durante los nueve años posteriores a su vencimiento al contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales por un importe de 26,6 millones.