El Juzgado de Valverde pide la apertura de juicio oral por un presunto delito en la gestión de residuos en la isla
El Juzgado de Instrucción número 1 de Valverde ha pedido la apertura del juicio oral, tras diez años de investigación, contra responsables del Cabildo de El Hierro entre 2003 y 2011 por un presunto delito contra el medio ambiente por la gestión de residuos. Entre los investigados están el actual Director General de Tesorería del Gobierno de Canarias, Javier Armas; la actual secretaria del consejero de Agricultura del Ejecutivo autonómico, Claribel González; y la actual técnica de residuos del Cabildo herreño, Fabiola Ávila; así como el actual presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Canarias y exrepresentante de Ben Magec en la isla, Fernando Gutiérrez, como propietario de un desguace ilegal de coches.
Según explica la organización ecologista Ossinisa, denunciante y personada en este caso, los acusados se enfrentan a condenas por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación medioambiental, delito contra la ordenación del territorio, con aplicación por afección de un espacio natural protegido en algunos de los casos, y desobediencia. Los ecologistas piden las penas máximas para los imputados y la restauración de los vertederos a cargo de los responsables y emplaza a las instituciones insulares a estar permanentemente vigilantes en la defensa y el cuidado del patrimonio natural.
En el informe de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (APMUN), integrado en el sumario y emitido en el año 2010, se constatan vertidos en la zona de La Dehesa, en el Municipio de Frontera, el cual se encuentra dentro de los límites del Espacio Natural Protegido Parque Rural de Frontera.
Mientras, en lo referido a la actividad de desguace realizadas por Fernando Gutiérrez, el juez de instrucción describe que, respecto de la actividad de almacenamiento y gestión de vehículos fuera de uso que hay en la zona de la Hondura-El Majano, en el municipio de Valverde, se emitió informe por la APMUN que describe unos 14.000 metros cuadrados, con unos 600 vehículos depositados en suelo sin impermeabilización, bidones con aceite que vierten directamente al suelo, además de carecer de todo tipo de permisos, licencias y autorizaciones y de clasificación territorial. El suelo del mismo está clasificado como rústico de protección paisajística. A pesar de que se emitieron dos resoluciones municipales que decretaban la suspensión de la actividad de desguace y la apertura de dos expedientes sancionadores por la APMUN, la actividad continuó hasta la orden de clausura como medida cautelar por parte del juez.
Otro de los vertederos denunciados por el Ministerio Fiscal es el de La Cumbrecita, en el municipio de Valverde. De los informes recabados del SEPRONA y la APMUN se desprende que desde el año 2007 se realizó por el Cabildo insular una actividad continua en la zona de vertidos de todo tipo, incluidos los tóxicos y peligrosos, de manera incontrolada y sin autorización. El suelo donde se asentaba la actividad era de especial protección al estar clasificado y categorizado como suelo rústico de protección paisajística, habiéndose analizado la incidencia que tal actividad ha podido producir sobre los recursos naturales e informándose que en el caso del suelo el daño es ya irreversible.
