Una kelly seguida por un detective gana a la mutua: no cometió fraude al conducir o cargar bolsas durante una baja laboral
Un detective siguió a Eloísa (nombre ficticio) el 1 de julio de 2022. La vio conduciendo un vehículo, probándose ropa en un establecimiento, haciendo la compra y portando una bolsa con los productos que había adquirido en el supermercado. Eloísa era camarera de piso (kelly) en un alojamiento turístico de Tenerife y en aquel momento llevaba casi un año de baja laboral por un dolor continuado en el hombro izquierdo y la rotura parcial del supraespinoso, un músculo que forma parte del manguito rotador.
El detective había sido contratado por una mutua colaboradora de la Seguridad Social, la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), que cinco días después notificó a la trabajadora una resolución en la que declaraba suspendido a partir del 2 de julio (el día siguiente al seguimiento del detective) su derecho a percibir una prestación económica de incapacidad temporal. Meses después, esa prestación le fue denegada por “haber quedado acreditado, en virtud de seguimiento especial de detective, la realización de actividades no compatibles con la patología que motiva su baja médica”.
Durante esa baja temporal, Eloísa estaba tramitando la incapacidad permanente total para su profesión habitual, un reconocimiento que se le concedió en julio de este año sobre la base de un dictamen elaborado por el equipo de valoración de incapacidades de la Seguridad Social en septiembre de 2019. Ese dictamen advertía de la limitación de la trabajadora para “actividades de sobrecarga mantenida de miembros superiores”.
Eloísa llevó el caso a los tribunales a través del despacho iuslaboralistas. Y el Juzgado de lo Social 4 de Santa Cruz de Tenerife le ha dado la razón, reconociendo el derecho de la camarera de piso a cobrar la prestación por incapacidad temporal y dejando sin efecto la resolución de la mutua, la que revocó su baja laboral y la dejó sin subsidio.
En una sentencia contra la que no cabe recurso, el magistrado concluye que la descripción contenida en el informe del detective para la mutua “no implica ningún tipo de actividad fraudulenta”. Es decir, que conducir, ir de compras y cargar bolsas “no tiene nada que ver con las exigencias de una actividad profesional de camarera de piso”. Las limitaciones de la trabajadora, incide la resolución judicial, son para “actividades de sobrecarga mantenida de miembros superiores, fuerza destreza bimanual”.
El artículo 175.1 de la Ley General de la Seguridad Social contempla la posibilidad de denegar, anular o suspender el subsidio por incapacidad temporal cuando la persona beneficiaria “haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación”. El magistrado precisa que esa norma no especifica “en absoluto” en qué consisten esas actividades fraudulentas, aunque la doctrina ha ido perfilando los supuestos, entre ellos la simulación de una enfermedad o accidente, la suplantación de personalidad o la alegación de un padecimiento que requiera de asistencia sanitaria, que sea incompatible con el puesto de trabajo y que fuera diagnosticado antes del inicio de la relación laboral. Ninguno de ellos encaja en este caso.
Presupuesto reservado
La contratación de detectives para el control del fraude en incapacidades (temporales o permanentes) se ha convertido en una práctica habitual entre las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. En el caso de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), en los últimos años ha firmado acuerdos marco para la adjudicación de estos servicios.
Cuando se produjeron los hechos que han desembocado en la sentencia estimatoria de la demanda de la camarera de piso, estaba en vigor un acuerdo por el que la MAC reservaba para el periodo de dos años (de julio a 2020 a julio de 2022) 300.000 euros con este fin, según documentos publicados en perfiles de contratación pública. En la actualidad hay otro acuerdo marco, también bianual y por la misma cantidad de dinero.
En una memoria del departamento jurídico de la MAC, se justifica la contratación de estos servicios en la necesidad de cumplir “los fines institucionales” que la ley otorga a las mutuas colaboradoras. Estas asociaciones de naturaleza privada cuentan con la autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para gestionar diversas prestaciones y, por tanto, para el manejo de dinero público.
La mutua señala que debe acudir a medios externos porque carece de personal para poder prestar este servicio, al carecer sus trabajadores de “la cualificación y la acreditación necesaria y suficiente” para realizar las actividades de seguimiento. Los detectives deben disponer, al menos, de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) emitida por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil del Ministerio del Interior, además de otros permisos preceptivos para la prestación de estos servicios. Ninguno de los empleados de la MAC dispone de la TIP que acredita la habilitación.
“Los seguimientos de detective privado se ajustan en su integridad, como no podía ser de otra manera, a lo dispuesto en la normativa de aplicación”, la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, explican fuentes de la MAC, que añaden que estos servicios “se ejecutan con respeto a los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad”.
Las solicitudes de seguimiento tienen la finalidad de “verificar un posible comportamiento incompatible con la percepción de una prestación o pensión de la Seguridad Social y en ningún momento responden a intereses al margen de la correcta gestión de fondos públicos”, matizan las mismas fuentes al tiempo que confirman que es práctica habitual “de todas las mutuas”.
Dinero para prevención
Para Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO), la contratación de detectives “no debería ser la vía principal de uso de recursos públicos por parte de las mutuas”. La representante sindical considera que ese dinero debe ir dirigido “a la prevención de las patologías y, en caso de que se hayan producido, a su diagnóstico temprano y al tratamiento de recuperación para procurar que esa persona trabajadora se incorpore en las mejores condiciones a su puesto”.
“Siempre vamos a defender la labor profesional de los servicios médicos (que otorgan las incapacidades), no vamos a poner en entredicho a un colectivo que siempre ha tenido un reconocimiento”, sostiene Marrero, que incide en que los detectives “no tienen conocimientos médicos, ni probablemente de prevención de riesgos laborales, para evaluar la actividad que está desarrollando una trabajadora”.
La secretaria de Salud Laboral del sindicato explica que una patología invalidante en el ámbito laboral no impide realizar actividades cotidianas. “Una persona trabajadora puede sufrir un dolor musculoesquelético que no le permite coger un peso de 15, 20 o 25 kilos durante cinco, seis u ocho horas, pero no está invalidada para ir a un supermercado o para ir a comprar ropa”, precisa.
Marrero remarca que estar sano “no es solamente no tener ninguna enfermedad física” y recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de bienestar físico, mental y social. “Cuando se dan enfermedades laborales a largo plazo, los facultativos suelen pedir a la persona trabajadora que intente normalizar su vida teniendo en cuenta las limitaciones. Si no, una patología física puede repercutir de forma negativa en la salud psíquica o incluso social. La persona puede terminar aislándose o con cuadros de depresión o ansiedad porque esa incapacidad está impidiendo desarrollar la vida laboral y afectando a la vida personal”, sostiene.
La representante de CCOO dice que en las comisiones de control y seguimiento de las mutuas no se les ha facilitado a los representantes sindicales datos con los resultados de esas inspecciones y precisa que, aunque se pueda dar algún caso, “la tendencia” de las personas trabajadoras no es la de intentar engañar.
Camareras de piso
En la reciente sentencia, la demandante es camarera de piso. Este colectivo profesional volvía a manifestarse el jueves en el sur de Tenerife para denunciar la precarización de los empleos, acentuada tras la pandemia. “La sobrecarga laboral nos tiene destrozadas. Tenemos que sacar el doble de trabajo. A veces estamos contratadas para cinco o seis horas, pero el trabajo que tienes que hacer es de ocho horas”, dice Mónica García, portavoz de la asociación Kellys Unión Tenerife.
García señala que es esta sobrecarga laboral la que genera patologías invalidantes como la que padece Eloísa. “Las camareras de piso tenemos muchas dolencias y tres de ellas están reconocidas como enfermedades profesionales, pero las mismas mutuas nos dicen que no, que es enfermedad común y que vayamos a la Seguridad Social. Ese es el problema que tenemos y por eso tenemos que denunciar”, asevera.
Las enfermedades a las que alude la portavoz de Kellys Unión Tenerife son el síndrome del túnel carpiano, la epicondilitis o ‘codo de tenista’ y la bursitis.
El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), el tinerfeño Jorge Marichal, responsabilizó de la falta de camareras de piso al “alto grado de absentismo laboral” y pidió “hacer seguimiento” de las bajas. Unas palabras que indignaron a las trabajadoras. “Para hablar de absentismo, hay que hablar de muchas cosas, pero sobre todo de condiciones de trabajo, de prevención de riesgos laborales y de si realmente se están haciendo verdaderas evaluaciones de riesgo no sólo físicas, sino también psíquicas”, sostiene Carmen Marrero. “Estamos viendo que hay mucha sobrecarga de trabajo y muchas exigencias por encima de las que consideramos que son normales y habituales en un puesto de trabajo”, añade.
La secretaria de Salud Laboral de CCOO apunta que la relación entre la sobrecarga laboral y la aparición de enfermedades está “totalmente evidenciada”. “Si no son tratadas desde un principio, a la larga van a padecer patologías crónicas y cuando lleguen a ser atendidas en un servicio médico probablemente va a llevar un tiempo más largo de recuperación que si son asistidas a los primeros síntomas”, destaca.
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