Mauricio cree que la Policía buscaba “algo más” en su fundación y niega haber falsificado documentos

El histórico dirigente nacionalista y exdiputado del Congreso, José Carlos Mauricio, ha comparecido este martes ante el magistrado del Juzgado de Instrucción de número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba, tras serle imputado por parte de la Policía Nacional un delito de falsificación de documento público.

Tras leer el sumario del caso, Mauricio dijo creer que “aquí hay algo más” y que el cuerpo de seguridad buscaba en la Fundación Centro de Estudios Canarios que preside, “otra cosa y que aquí había algo de dinero negro, blanqueamiento de capitales, o de un servicio de inmigración fraudulento, algo raro”.

A pesar de que estaba llamado a declarar a las 11.00 horas, vio retrasada su comparecencia, porque debía esperar a que finalizara el interrogatorio de su exempleada de origen cubano - acusada también de un delito de falsificación en documento público - y la pareja de ésta, el decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Juan Manuel Benítez del Rosario. Éste último, imputado por favorecer la inmigración irregular, al mediar supuestamente para obtener el permiso de residencia de su compañera.

La acusada fue la que más tiempo respondió a las preguntas del juez y especialmente de la Fiscalía, ya que fue el Ministerio Público el que más tiempo dedicó a interrogar a los imputados.

El origen del caso data de cuando la Brigada de Extranjería detectó, en una operación rutinaria, irregularidades en la contratación de una ciudadana cubana por parte de la fundación de la que es titular el exdiputado. Posteriormente comenzó a investigar si se trataba de una contratación ficticia, ya que de las primeras investigaciones se dedujo que la trabajadora apenas pasaba por la sede de la fundación contratante, sita en la plaza de Santa Ana, y viajaba por largos periodos de tiempo a Cuba, donde reside su familia.

Mientras esperaba, Mauricio aseguró a a los medios de comunicación que se acercaron a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, que “voy a demostrar que ella no solo hizo el trabajo conmigo, sino que se pagó”. “El debate es sobre si esta señora trabajó o no, y si lo hizo la cantidad suficiente” apostilló, al tiempo que ironizó con que el dispositivo de vigilancia establecido por la Policía controlaba a horas y por la puerta incorrectas. Hecho no desdeñable teniendo en cuenta que también puntualizó que la trabajadora desempeñaba sus tareas parte del tiempo en su casa a través de internet.

Al ser “la mujer” de su amigo, Mauricio definió como un acto “inocuo” el haberla contratado en enero de 2015 en el Centro de Estudios que preside. Una pequeña empresa, según definió, con forma jurídica de fundación y “financiada íntegramente con financiación privada”, que se dedica a realizar estudios económicos y sociales sobre la realidad canaria, pero que “se encuentra en estos momentos en fase de extinción por escasos ingresos y, en consecuencia, no tenía ningún trabajador, a excepción mía, que la dirijo sin cobrar”.

En un comunicado posterior a su comparecencia, explicó que el objeto de la contratación de la ciudadana cubana era un estudio en el sur de Gran Canaria, y que ella tenía una oferta de empleo de otra entidad que estaba en fase de constitución, por lo que requería ser contratada, debido a que estaba tramitando su permiso de residencia y de lo contrario éste podía caducar.

En este punto, continuó, “mi empresa la contrató, igualmente con todos los requisitos legales, incluyendo el alta a la Seguridad Social y sin aportar ningún documento falso”. La contrató, dijo, porque necesitaba de su trabajo y “porque de ese modo la ayudaba y a su compañero a regularizar su situación en España mediante el arraigo familiar”.

“Si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría cien veces, porque he hecho un acto moralmente bueno, he protegido a una persona, esta persona me ha ayudado en el trabajo durante cinco meses – ahora trabaja para otra empresa – y ¿qué he hecho yo de malo?”, manifestó.

“Aquí hay algo más”

Antes de comparecer ante la Justicia fue detenido el pasado miércoles por la Policía Nacional, ante la que no declaró oficialmente porque, según dijo, le comunicaron que su expediente ya se encontraba cerrado. Así que lo que mantuvo fue una conversación informal con dos policías durante hora y media, añadió.

Mauricio, retirado ya de la política, consideró el caso como “absolutamente desproporcionado, porque por mucho que rebusquen no hay otro hecho que este”. Asimismo, cuestionó el por qué de “este despropósito” y dijo desconocer los motivos por lo que “se ha montado un expediente de 400 páginas al que se han dedicado más de 20 personas, con requerimientos internacionales y servicios de vigilancia para un hecho que se podía haber resuelto en cinco minutos o en media hora… aquí hay algo más en mi opinión”.

Tras leer el sumario, consideró que el cuerpo de seguridad buscaba “otra cosa y que aquí había algo de dinero negro, blanqueamiento de capitales, o de un servicio de inmigración fraudulento, algo raro”. “Al final, ellos reconocen que solo hay este hecho para agarrarse a algo, porque claro, se tienen que justificar ante los contribuyentes para justificar esta tontería, habiendo tantos asuntos que investigar”, añadió.

Para el expolítico nacionalista, el caso deriva en una persecución hacia su persona por una conexión entre un sector mediático y uno judicial y un uso ingenuo de los servicios públicos. En el comunicado enviado a los medios lo atribuye a un “asesinato mediático de la imagen” y asegura que en el mes de agosto se filtraron en internet datos de su caso, aunque no hace referencia al medio que supuestamente lo hizo. Tampoco supo explicar el motivo de ese supuesto ensañamiento contra su persona. 

Entre los documentos que aportó al juez, se encontraban el alta en la Seguridad Social y el contrato de su exempleada cubana en la Fundación Centro de Estudios Canarios a razón de unos 1.000 euros brutos durante un año. Sin embargo, pasados cinco meses dicho contrato se subrogó a otra empresa de la ULPGC, explicó el abogado de Mauricio, Diego León.