Los perjudicados por el incendio de 2007 en Gran Canaria recriminan que los peritos judiciales no visitaran las instalaciones
Las tres partes personadas en el juicio contra el vigilante forestal Juan Carlos Navarro, autor confeso del incendio de 2007 en Gran Canaria, han recriminado en la última sesión del juicio que se ha celebrado esta semana en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que los peritos judiciales de la compañía Godoy Consultores no hayan visitado las instalaciones dañadas por las llamas. Así, tanto el zoológico Palmitos Park, como la asociación Más Nunca, como el particular Ignacio Jiménez, niegan que busquen enriquecerse a costa de las indemnizaciones que solicitan.
El abogado Alberto Hawach, defensor de los intereses de la dueña de Palmitos Park, Aspro Parks, ha aprovechado su turno durante la vista celebrada este viernes para aclarar el acuerdo de tercería que salió a la luz el martes y que dejaba entrever que con él la empresa acordaba cobrar la indemnización de 11,6 millones de euros renunciando a la posibilidad de futuros litigios. El letrado le recordó al juez Salvador Alba que le impidió tomar la palabra cuando el perito Rafael Trapiello era interrogado por el abogado de Gesplan, José María Palomino, y que este le hacía leer al testigo de la acusación unas cláusulas “descontextualizadas”. Pues bien, Hawach ha demostrado que lo que se decía en el acuerdo es que Aspro Parks renunciaba a reivindicarle más dinero solamente a Allianz, pero ello no le impedía demandar a los responsables subsidiarios del autor del incendio, Gesplan y el Cabildo de Gran Canaria.
Así mismo, el letrado ha indicado que con el documento de Godoy Consultores, realizado en el año 2016, se buscar dar “más valor a una pericial que es una verdad a medias”. “Un perito judicial no puede excusarse en que no ha visitado el parque, la perspectiva del tiempo cae por su propio peso”, subrayó Hawach, que sostuvo que los peritos judiciales “han pretendido traer un remix de informes periciales no ratificados”. En cuanto al tema de las palmeras incendiadas, asunto por el que este martes las dos periciales enfrentadas estuvieron debatiendo, Hawach ha cuestionado que “¿en qué cabeza cabe que se abra el parque con palmeras recién cortadas? Tienen que ser ornamentales, tiene que reabrirse tal cual estaba el parque antes del incendio”, de ahí la diferencia de valoraciones y que por parte de Palmitos Park se pidan palmeras nuevas y no le sirvan las rehabilitadas. Así mismo, el letrado ha preguntado cómo es posible que el perito judicial Lorenzo Muñoz sepa que el zoológico no ha cambiado las palmeras si realizó la pericial desde un despacho. Por otro lado, echó en cara que en las periciales de 2016 se pretenda calcular las pérdidas tomando como referencia el flujo de caja de la empresa en vez de una estimación de la venta de entradas. En la vista del martes Muñoz había dicho que los visitantes del parque compraban las entradas en origen y pocos en destino, a lo que la defensa de Aspro Parks ha consultado este viernes, con ironía, “si estaban valorando a Palmitos Park o a Eurodisney” y que cómo es posible la venta en origen si el parque se anuncia en el aeropuerto y en numerosos rincones de Gran Canaria.
Para Gesplan la empresa Aspropark tiene un “desmedido afán de lucro” con su demanda y cree que en la póliza de Allianz se recogen todos los daños que se requieren, esto es, palmeras, caminos y accesos, lucro cesante, desinfección de las jaulas y animales muertos. Mientras, el abogado del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Manuel Trujillo, ha señalado que Palmitos Park tenía una póliza que cubría hasta 30 millones de euros en daños y que no entiende por qué la empresa no incorporó lo que reclama cuando, a su parecer, sí estaban incluidos en la misma, por lo que advirtió que el informe de Trapiello “está todo inflado”.
En cuanto a la defensa del particular Ignacio Jiménez, que pide unos 75.000 euros por la pérdida de joyas y armas por culpa de las llamas, su abogada, María del Carmen Medina, ha recalcado que “no se ha hecho ningún informe pericial, se ha hecho un juicio de valor” y que Godoy Consultores ha desarrollado un “informe de adhesión, no una pericial”, subrayando que en los primeros informes sobre los daños a su cliente se le dio la razón. Por tanto, Medina expresa que no se puede demostrar documentalmente la pertenencia de las joyas porque los papeles con los que podría justificarlas también se chamuscaron ya que “en un incendio lo primero que se pierden son los documentos”, mientras que las joyas se evaporaron debido al calor. El abogado de Gesplan apuntó que lo que pretende esta parte es que se haga “un acto de fe” para reconocer algo de lo que no se ha acreditado “la preexistencia ni el daño” y que el hecho de que el único testigo sea una vendedora de confianza con la que el particular hizo un justificante “con el método del recuerdo”.
El abogado de la plataforma Más Nunca, Víctor Martínez, comentó que existen casos entre sus representados “que nunca volverán a ser resarcidos” y que su disconformidad está en que muchos de los afectados tuvieron que devolver las subvenciones por cosas tan nimias como comprar tractores de distintas marcas que los dañados o por adquirir mangueras de distinto tamaño. “Las personas dañadas deben ser indemnizadas y somos perjudicados porque no fuimos peritados por Godoy Consultores”, aclaró. Lo cierto es que durante las distintas vistas de este juicio celebrado esta semana el letrado de la plataforma apenas tomó el turno de palabra y no reprochó a los encargados del peritaje judicial que admitieran que realizaron el trabajo sin acudir a los lugares dañados. El abogado del Cabildo le esclareció que no ha ejecutado una “técnica procesal correcta” ya que “no se aportó ni se pidió nada” y que por tanto, “no se sabe qué reclama” y más teniendo en cuenta que en diez años “las víctimas han tenido plazo para presentar” las quejas y acreditar las propiedades; y el de Gesplan hizo hincapié en que “todas las solicitudes hechas han sido abonadas, que quede claro que nadie se va a enriquecer”.
El juicio ha quedado visto para sentencia y ahora el juez Salvador Alba dirimirá quién tiene la razón y si el autor confeso del incendio, Juan Antonio Navarro, debe cumplir cinco años de prisión o, si por el contrario, le reduce la pena de ocho años y medio que había acordado con la Fiscalía, de los que ya ha pasado tres y medio entre rejas.
