El Poder Judicial deja en suspenso la expulsión de Salvador Alba hasta que se resuelva la causa penal contra el juez
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aplazado la resolución del expediente disciplinario abierto al magistrado Salvador Alba Mesa hasta que se dicte una sentencia firme, en caso de que se celebre juicio, o un auto de sobreseimiento de las diligencias previas que se siguen contra el juez en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la presunta comisión de hasta seis delitos.
El órgano de gobierno de los jueces deja en suspenso, por lo tanto, la propuesta de separación (expulsión) de la carrera judicial que el promotor de la Acción Disciplinaria, el recientemente dimitido Antonio Jesús Fonseca Herrero, había elevado al pleno la semana pasada con respecto al expediente incoado al juez el 8 de noviembre, tras rechazar las últimas alegaciones del magistrado. En esa propuesta de sanción se le atribuye a Alba una falta muy grave de desatención en el cumplimiento de los deberes judiciales, prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al ser la sanción planteada la máxima contemplada en dicha normativa, la decisión recae sobre los 21 magistrados que conforman el pleno y no sobre la Comisión Disciplinaria.
Según el magistrado instructor, ha quedado acreditado que Alba, que se había hecho cargo del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria en sustitución de Victoria Rosell cuando la jueza decidió presentarse a las generales de diciembre de 2015 en las listas de Podemos, mantuvo el 16 de marzo de 2016 una reunión con el empresario Miguel Ángel Ramírez, al que investigaba en una causa por presunto fraude fiscal, y le citó días después para tomarle declaración no sobre los hechos objeto del procedimiento, “sino para procurar la incorporación de hechos totalmente ajenos al mismo y con una finalidad impropia de las diligencias previas que instruía, como poner en duda la actuación de la anterior instructora”.
Esta comparecencia del empresario en sede judicial tenía la finalidad, según Fonseca Herrero, de “facilitar o provocar una futura nulidad de actuaciones” en la causa contra Ramírez o de “obtener datos con posible relevancia” en la querella -finalmente archivada- que José Manuel Soria, exministro de Energía, Industria y Turismo, había interpuesto contra Rosell en el Tribunal Supremo. Un informe redactado por Alba sobre presuntas irregularidades durante la instrucción de la magistrada fue clave para que el alto tribunal admitiera a trámite esa querella.
El CGPJ señala en un comunicado que la decisión de paralizar la resolución del proceso disciplinario a Alba se ha adoptado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 415.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que estipula que “la incoación de un procedimiento penal no será obstáculo para la iniciación de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en éste hasta tanto no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa penal”.
En noviembre del año pasado, el órgano de gobierno de los jueces transformó en expediente disciplinario las diligencias informativas incoadas seis meses antes. El promotor de la Acción Disciplinaria imputó a Alba en un principio la comisión de dos faltas muy graves -inobservancia del deber de abstención a sabiendas y revelación de secretos- y una grave -abuso de autoridad-, todas ellas con traslación al Código Penal. Sin embargo, en su calificación final sustituyó estas faltas por una muy grave de desatención en el cumplimiento de los deberes judiciales.
El órgano de gobierno de los jueces ha evidenciado durante la tramitación del expediente disciplinario las maniobras dilatorias de Salvador Alba, entre ellas el doble intento de recusar al promotor. En ambos casos, su pretensión fue desestimada. El CGPJ ha tenido además dificultades para poder notificar al magistrado los últimos acuerdos adoptados y se ha visto obligado a recurrir a anuncios en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para comunicárselos.
A ello se le une ahora la nueva recusación que promueve Alba contra Margarita Varona, la magistrada que lo investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Mientras se resuelve el incidente de recusación planteado por el juez, Varona no podrá adoptar ninguna resolución sobre esas diligencias, lo que dilatará la instrucción y, en consecuencia, la decisión sobre su expulsión de la carrera judicial.
