Una presunta expropiación ilegal obliga a la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana a declarar ante la justicia

La Justicia investiga a Concepción Narváez (PSOE), alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal (CC), ex concejal de Urbanismo del ayuntamiento, Marcelino López Peraza, ex secretario del consistorio, Antonio José Vega, actual jefe accidental de los Servicios de Urbanismo y Planeamiento de la administración sureña, y a la Junta de Compensación de El Hornillo por una serie de presuntos delitos acaecidos durante la tramitación del Plan Parcial de El Hornillo, un proyecto urbanístico que pretende construir un parque comercial y 300 viviendas en el sur de Gran Canaria y se ha visto plagado de polémicas desde el comienzo. 

En una providencia fechada el pasado 26 de septiembre de 2022, la magistrada Virginia Peña Hernández, del Juzgado de Instrucción Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, cita a declarar como querellados a las personas mencionadas, además del representante de la Junta de Compensación de El Hornillo, Carlos Edgar Rial, el próximo 27 de octubre. A estos se les acusa de los delitos de expropiación ilegal, prevaricación, falsificación de documento público, falsedad documental y falsificación de documento privado, desobediencia y denegación a dar cumplimiento a resoluciones judiciales. Por su parte, un portavoz oficial del consistorio ha dicho que “el asunto está sub iúdice” y que “hasta que se produzca la declaración no se adelantará nada”.

Los querellantes, que han declinado hacer manifestación alguna, consideran que ha habido cierta “intencionalidad, por no decir mala fe”, en la forma de actuar del Ayuntamiento sobre una serie de expropiaciones que se produjeron el pasado mes de agosto de 2021, entre las cuales se encuentra la finca de estos mismos, para desencallar el proyecto. El Plan Parcial de El Hornillo espera levantar, entre otras cosas, un parque comercial (con Mercadona, Decathlon, McDonald’s y otros negocios) y 300 viviendas en una pieza de suelo de 175.000 metros cuadrados en la zona de El Hornillo-Sonneland, San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

En primer lugar, la querella apunta a una “extralimitación” del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en el ejercicio de la facultad de expropiar, en este caso, un bien privado (el 97,89% de la finca 9684 de 7.124 metros cuadrados) a favor de un tercero, la Junta de Compensación de El Hornillo, la cual, según continúa el escrito, está declarada nula mediante sentencia de fecha 22 de febrero de 2021, aún sin firmeza.

Esta se anunció en el Boletín Oficial de Canarias el 20 de agosto de 2021, dos días después de llevarse a cabo, según indica el texto, lo que para los querellantes es sinónimo de “cierta intencionalidad, por no decir mala fe”, al entender que “en pleno mes de agosto, periodo estival por antonomasia, encontrándose habitualmente cerrados por vacaciones los despachos de abogados, así como gran parte de las administraciones”.

En segundo lugar, los querellantes acusan al consistorio de no haber efectuado aún los ingresos correspondientes a la expropiación, unos 235.780,12 euros, y de aún así llevar a cabo la incautación de la finca “a sabiendas y siendo plenamente consciente de que no han sido efectuados los ingresos por la Junta de Compensación El Hornillo en la Caja General de Depósitos”.

Sobre este hecho, aseguran que el acta de pago, firmado el día 18 de agosto de 2021 por el antiguo secretario, Marcelino López Peraza, el ex concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal, y el presidente de la Junta de Compensación, Carlos Edgar Rial, realmente ya constaba en el expediente del Plan Parcial de El Hornillo desde el día anterior, el 17 de agosto.

“Queda igualmente claro y patente que dicho acta constituye per se una clara falsedad documental ya que si el ofrecimiento de pago fue realizado el día 18 no puede figurar en un documento el día 17”, señalan los querellantes, quienes también agregan que el pago de la expropiación en la Caja General de Depósitos se ha “simulado” adjuntando impresos del modelo 060, “carentes de validación mecánica o en su lugar sello y firma que los valide y sirvan como justificantes de los ingresos”.

Por otro lado, el escrito destaca que existe una discordancia entre la superficie a expropiar de la finca 9684 que consta en el anuncio publicado en el BOC (6.101,99 metros cuadrados) y el acta de pago (6.973,68 metros cuadrados), una diferencia de 871,69 m2. Y por último, los querellantes también recuerdan que existe una recusación formulada por ellos mismos contra la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, con fecha de 13 de agosto de 2021, en la que se pide asimismo la paralización del proyecto. Esta recusación, aseguran, no ha sido respondida aún, de ahí el señalamiento a Antonio José Vega Martel, jefe accidental de los Servicios de Urbanismo y Planeamiento del consistorio, y la propia alcaldesa.

Por todos estos hechos, concluye el escrito, los querellantes no han podido adherirse al Plan Parcial de El Hornillo por dos motivos: por un lado, no poder formar parte de la Junta de Compensación “al haber sido declarada esta nula” y “que de adherirse a la misma estarían yendo contra sus propios actos al haber instado y conseguido la nulidad de la misma” y, por otro, “que el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 13 de junio 2019 por el que son aprobados definitivamente los proyectos de urbanización, reparcelación y expropiación, ha sido declarado nulo”.