Piden al Gobierno y a la RTVAC que se personen en la causa que investiga a Guillermo García
La acusación popular en el caso que se instruye por presuntas irregularidades en la gestión del exdirector de la Radiotelevisión Canaria Guillermo García, ha pedido este lunes que se personen en la causa el ente público y el Gobierno regional, al tratarse de una supuesta malversación de fondos públicos. El abogado José Pérez Ventura, que ejerce la acusación popular en la causa en representación de IUC, dijo que ha registrado un escrito para que el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife se dirija a Radiotelevisión Canaria (RTVAC) y a la Consejería regional de Hacienda.
El propósito es que el juzgado informe a ambas partes de que les asiste el derecho a personarse como acusación particular en la causa en la medida en que se investiga un presunto delito por malversación de caudales públicos de la Comunidad Autónoma, por lo que pueden reclamar que se restituyan dichas cantidades. Pérez Ventura consideró que con esta petición “la pelota está en el tejado” del Gobierno de Canarias y del ente público y añadió que no parece razonable que cuando se investigan delitos presuntamente cometidos en la contratación de una entidad pública ambos “estén mirando para otro lado” en vez de defender el interés general para que se reintegre el dinero.
Asimismo el secretario general de la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), Samuel Toledano, dijo que el sindicato se personará en la causa judicial como acusación popular por considerar que Guillermo García “ha hecho un daño irreversible al prestigio” del periodismo en las Islas. Samuel Toledano opinó que García ha producido además un daño “inmenso” a los trabajadores de la RTVAC, cuya inmensa mayoría tiene una enorme calidad profesional que el exdirector ha mancillado “en función de sus intereses de mantener al Gobierno con la mejor imagen posible, la propaganda, y con el sensacionalismo en los sucesos, el amarillismo”.
Toledano añadió que mientras en RTVAC se hacían contratos “con muchos ceros sin control alguno”, en 2012 se despidió a unos 60 trabajadores. UPCC pide asimismo responsabilidades políticas al expresidente del Gobierno canario Paulino Rivero, “que nombró” a Guillermo García, y al PP y PSOE “porque lo mantuvieron allí”, advirtió el secretario general del sindicato. Toledano precisó además que la personación en la causa judicial está relacionada con el interés de UPCC de garantizar que en el juicio esté presente “la voz de los trabajadores” y así impedir que García “eche balones fuera y de alguna forma deslice algún tipo de mala imagen hacia ellos en su estrategia de exculparse”.
