El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia que invalidó la construcción de dos centros comerciales y un supermercado en Mogán, en el sur de Gran Canaria. En 2020, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tumbó el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de la Costa de Mogán. De este documento surgieron tres convenios urbanísticos que autorizaron la construcción de dos centros comerciales en Puerto Rico y un supermercado en la zona de Motor Grande. El Supremo, a través de un auto, ha admitido el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento que dirige Onalia Bueno (Ciuca) y cinco empresas (Tourin Europeo S.A., Canfoto S.L., Chhabria Investment S.L., Depósitos Almacenes Número 1 S.A. y Girdhari & Associates S.L.).
El 3 de noviembre de 2020, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario anuló el plan de ordenación por un defecto “esencial'' en su tramitación: la falta del preceptivo y vinculante informe favorable de la Dirección General de Costas, el mismo del que adolecía otro plan, el de Playa de Mogán, anulado por la justicia a finales de 2016.
De acuerdo con el auto del Supremo, en este caso ''es legalmente posible'' la aprobación parcial del plan porque este no se ve afectado por la omisión de un informe preceptivo y vinculante en materia de costas. ''Sus determinaciones urbanísticas quedaban limitadas a zonas del interior desligadas del litoral e independientes de las que puedan adoptarse, una vez se reciba el informe, respecto de las zonas para las que quedó suspendida la aprobación del Plan'', reza el auto.
Así, el Tribunal ha anulado la sentencia del 3 de noviembre y ha emplazado a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas a que examine y resuelva el fondo del asunto.
Según la sentencia del TSJC, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) supeditó la aprobación de la memoria ambiental y el informe favorable del plan de mejora y modernización de Costa de Mogán a la subsanación de una serie de deficiencias. Si en el expediente no constaba el informe de Costas, todas las actuaciones previstas sobre el dominio o servicio público marítimo terrestre tendrían que ser suspendidas.
La resolución judicial también aludió a un informe de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial que constató que deben suspenderse determinadas actuaciones previstas en el plan por asentarse sobre terrenos de dominio público en contra de la Ley de Costas.
Este no es el único plan de ordenación urbanística que el TSJC ha anulado en Mogán. También invalidó el correspondiente a Playa de Mogán con el mismo argumento, puesto que el propio Ayuntamiento reconoció que el plan no contaba con el obligatorio informe de Costas.
Cuando los convenios urbanísticos derivados del Plan de Modernización se aprobaron, la polémica envolvió a la corporación municipal. La oposición advirtió al equipo de gobierno de los riesgos que estaban asumiendo al aprobar proyectos que dependían de un plan que podía ser anulado, como ya había sucedido con el plan de Playa Grande.
“El hecho de que esté aprobando un convenio no quiere decir que esté más o menos conforme, pero está administración está obligada a aprobarlo quiera o no quiera porque el plan genera derechos (de indemnización) en todos aquellos empresarios que quieran articular sus inversiones a través de ese documento y por lo tanto el empresario está legitimado para hacerlo, por más que nosotros nos queramos oponer ese documento establece un procedimiento reglado”, decía entonces Mencey Navarro, concejal de Urbanismo de Mogán.