El Monumento a Franco de la capital tinerfeña será protegido como medida cautelar. Así lo ha concluido la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Tenerife, que ha estimado un recurso de la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio San Miguel Arcángel en contra de la decisión del Cabildo de Tenerife de no declarar como Bien de Interés Cultural dicha escultura. La Sala concluye proteger este vestigio en lo que se resuelve ese expediente.
La sentencia, con fecha de 13 de enero de este año y de la que es ponente el magistrado Juan Ignacio Moreno-Luque, llega después de que el Gobierno de Canarias informara de que estaba estudiando actuar de oficio ante la negativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de eliminar el monumento, como manda el catálogo de vestigios de Canarias. El consistorio confirmó la pasada semana que había recurrido también dicho catálogo ante su disconformidad con que aún no esté publicado en el Boletín Oficial el de todos los municipios de Canarias.
El tribunal llega a afirmar que la escultura “carece de símbolos franquistas” y suspende el expediente del Cabildo de Tenerife que rechazó incoar como BIC la escultura. Una decisión para la que la Corporación Insular se apoyó en 2022 en un informe técnico de Patrimonio así como en el extenso estudio elaborado por la Universidad de La laguna (ULL). En la investigación liderada por la catedrática María Isabel Navarro y que fue incorporada en el Catálogo de Vestigios se confirma que son hasta nueve los símbolos franquistas de los que se valió el escultor.
La asociación Miguel Arcángel, que ha llegado a poner carteles en las calles de Santa Cruz de Tenerife para defender el monumento a Franco (que describe en su página web como monumento a La Paz), recurrió ese expediente que suprimió la posibilidad de declarar BIC el monumento. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Santa Cruz de Tenerife lo desestimó.
El TSJC, que ahora estima el recurso, señala que “se ha resuelto no tramitar un expediente cuya tramitación, cualquiera que sea la decisión final, implicaría un tramite de audiencia pública (art. 10 Decreto 111/2004), y la adopción de las medias cautelares de protección del bien sobre el que se suscita la cuestión mientras dura la tramitación del expediente”. En consecuencia, “sin tramitación del expediente, la medida cautelar de protección al objeto litigioso, en tanto se discute el fondo de la cuestión (el posible interés cultural del monumento ) ya solo puede ser invocada judicialmente como se ha hecho”.
En la sentencia se recoge además que “lo que se discute en este recurso no es la confrontación del monumento con la Ley de Memoria Democrática 20/2022, algo que generaría una indudable ”apariencia de buen derecho“ a favor de la administración. Lo que aquí se discute es algo bien distinto, y consiste en determinar el posible interés cultural que pueda tener la escultura de Juan de Ávalos”. Para ello, hace alusión a que la ley recoge la posibilidad de “reinterpretación o resignificación del monumento en otro sentido al que pudiera tener como monumento franquista”.
El Gobierno de Canarias seguirá luchando por retirarlo
El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, ha señalado a este periódico que se seguirán estudiando las vías legales para cumplir con la Ley de Memoria Histórica. Acata la resolución judicial, pero insiste en que “la judicialización de este proceso lo que hace es retrasarlo todo y seguir manteniendo en la calle lo que es una anomalía democrática, que es la escultura a un dictador”.
Márquez recuerda que el monumento sí tiene una carga simbólica franquista muy importante porque se trata de la propia figura de Franco y “es una anomalía en términos democráticos en España”.
Es llamativo que sea la propia Justicia la que lo mantenga, tras la aprobación de tres leyes (la de memoria histórica de 2007, la de Canarias y la de Memoria Democrática de 2022), pero Márquez advierte que esto “no va a evitar que desde los Gobiernos sigamos explorando todas las vías jurídicas y administrativas de las que disponemos” y de lo que, a su juicio, es “la defensa de los valores democráticos”.
Márquez inste en que desde su departamento se ha hecho todo lo posible en esta legislatura por retirar el monument, y “además con todo el rigor científico y académico que avala el catálogo, con la colaboración de la ULLy poniendo todos los recursos necesarios”, aclara. Sostiene que trabajar por la memoria democrática es un compromiso político que afecta a todos los ámbitos administrativos, también al Ejecutivo y por ello insiste en que hay que seguir trabajando en todas las vías legales que se abran.
En marzo se espera contar con el catálogo de vestigios franquistas de todas las capitales canarias.
El mismo magistrado que se opuso a las medidas COVID del Gobierno de Canarias
El magistrado Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego preside la sala que tumbó las medidas de restricción aprobadas por el Gobierno de Canarias para controlar la pandemia después de su quinta ola, en el año 2021. Entre sus resoluciones destaca la que suspendió la pretensión del Ejecutivo canario de imponer la obligatoriedad de presentar el certificado europeo de vacunación o un test de COVID negativo para poder acceder a locales de pública concurrencia.
Tres investigadores españoles recopilaron en un artículo veinte estudios sobre el impacto de la restauración en la incidencia de la COVID-19 y extrajeron como conclusión que el cierre de los locales es una de las medidas más eficaces para evitar los contagios. Sin embargo, el magistrado concluyó en un auto que “la prohibición absoluta del servicio y permanencia en zonas interiores y la limitación al 50% del aforo en las terrazas al aire libre ni se han demostrado como las causas de la problemática de contagio en la isla de Tenerife ni mucho menos se prevén como las soluciones a una situación que no es dramática para la presión asistencial, pero que sí constituye todo un drama para el sector de la restauración y de la hostelería”.
El presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) también dijo que habría actuado de la misma manera que Poncio Pilato en el momento de la condena a muerte de Jesucristo: “Yo hubiera hecho lo mismo. Su responsabilidad fundamental era la salvaguardia del orden público, con una cohorte que sólo constaba de seiscientos hombres, frente a doscientos mil judíos que exigían la condena de Jesús”. Ha estudiado Teología, como él mismo ha destacado en algunas entrevistas con diversos medios de comunicación, tras publicar en 2012 su libro La decisión de Pilato, un caso difícil para un prefecto romano del siglo I (Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias). Además, ha desarrollado en diferentes foros su teoría sobre los hechos que narran los Evangelios sobre los últimos momentos de Jesucristo antes de ser crucificado.
Los símbolos del monumento a Franco
Por un lado, el catálogo de vestigios alude como símbolo franquista el hecho de que el escultor hace alusión a la victoria obtenida por el ejército sublevado en la Guerra Civil Española (imagen de la victoria); la isla de Tenerife como referente geográfico de la planificación de la rebelión militar (relieve en forma piramidal como base del monumento). Este referente se asocia a otro símbolo: la relación de lealtad de la isla de Tenerife a la figura mesiánica de Franco. El cuarto símbolo que se menciona es la pretensión de elevar al dictador al rango de referente metafísico sancionado por el auxilio del arcángel. Además, menciona “la reivindicación de la iniciativa militar contra el gobierno de la República como una guerra santa, a través de la alegoría del general Franco como figura que sustenta la paz armada mostrando la espada como cruz, símbolo de la cruzada de liberación, a pesar de que nunca fue reconocida como tal por el Vaticano”. Y, por último, la presentación de los escudos de los nueve partidos judiciales de la provincia como escenario de “respaldo a la acción del vuelo del general Franco en el Dragon Rapide para iniciar la sublevación militar constituye una evidente vulneración de la verdad histórica y un símbolo que atenta contra los principios desarrollados en la Ley de Memoria Histórica”.
La investigación detalla que el monumento a Franco es, por tanto, “una interpretación que impone una versión distorsionada de la guerra y sus consecuencias a los vencidos y persigue la exaltación permanente de la victoria y, en este caso, una santificación de la figura del dictador” y responde, como en los restantes monumentos repartidos por la ciudad, “a la tradición de las obras de arte que persiguen la transmisión de ideales en el sentido del exemplum virtutis - ejemplo de virtud-, propaganda de tradición historicista convertida en el siglo veinte en un potente instrumento de control ideológico al combinarse (con los mass media prensa, radio y documentales o noticiarios como el No-Do) propios de los regímenes totalitarios”.
El Cabildo confía en que el monumento pronto esté “donde corresponde”
El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha recordado este martes después de la decisión del TSJC de proteger cautelarmente el monumento a Franco, que ni los técnicos de Patrimonio de la corporación ni la ULL encontraron valor artístico en dicho monumento para declaralo Bien de Interés Cultural.
Martín asegura que queda a la espera de lo que determine la Justicia pero confía en que esa estatua “que ensalza la dictadura” pueda estar en “el lugar que le corresponde”.