El TSJC rechaza nuevos recursos de los acusados del caso eólico
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado la totalidad de los recursos presentados por cinco de los seis acusados del caso eólico, la primera trama de presunta corrupción del PP bajo la presidencia del ahora ministro José Manuel Soria, contra el auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, de 13 de junio de 2014, que resolvía las cuestiones previas planteadas en la efímera apertura del juicio el 31 de julio de 2013.
De este modo, el TSJC allana el camino para que se formule por parte de la Audiencia de Las Palmas auto de hechos justiciables y se convoque el Tribunal del Jurado que ha de juzgar al exdirector general de Industria del Gobierno canario (2003-2005) Celso Perdomo (PP), para quien el fiscal Anticorrupción pide siete años de cárcel por delitos de violación de secretos, malversación de fondos públicos y cohecho, por la participación en un trama delictiva para el amaño de un polémico concurso de asignación de potencia eólica.
El caso Eolo tuvo como protagonistas principales a Celso Perdomo, al frente de la Dirección General encargada de adjudicar hace ya diez años un concurso de la consejería dirigida por el hermano de José Manuel Soria, Luis Soria López, y al que se presentó el empresario José Ignacio Esquivel, hermano del propietario de un chalet donde vivió gratis total durante 19 meses el ahora ministro y entonces presidente del Cabido de Gran Canaria, mientras terminaba su nueva mansión en el barrio capitalino de Tafira. El Cabildo grancanario desistió de presentarse, a su vez, al concurso eólico con la empresa pública Megaturbinas de Arinaga.
A lo largo de la instrucción, solo uno de los hermanos Soria, Luis, fue llamado a declarar en calidad de testigo, y al final el ministerio público, aparte de los siete años de cárcel que pide para el subordinado de Luis Soria, Celso Perdomo, también solicita tres años y medio para su pareja en aquel momento, Mónica Quintana, por malversación y cohecho; dos años para el funcionario Honorato López, y un año y medio de cárcel para los tres empresarios que según la investigación recibieron información privilegiada del concurso, Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel, acusados formalmente de cohecho.
En este nuevo auto fechado el 29 de mayo y firmado por el presidente del TSJC, Antonio Doreste, y las magistradas Margarita Varona y Carla Bellini, esta actuando como ponente, se destiman las cuestiones planteadas por los acusados, entre ellas vulneraciones del derecho a la defensa y a un proceso con garantías, a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, a la tutela efectiva de jueces y tribunales, a la proposición de medios de prueba, o al juez predeterminado por la ley, entre otros argumentos esgrimidos por sus defensas.
