Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León consideran innecesaria la inclusión del lobo ibérico en un Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), una propuesta que el Gobierno central lleva analizando desde hace varios meses, ha informado Europa Press.
Tal propuesta, según informaciones aparecidas en los últimos días al respecto en los medios de comunicación y en redes sociales, ha movilizado la inquietud de las cuatro comunidades autónomas, cuyos respectivos consejeros de Medio Ambiente (Guillermo Blanco, por Cantabria) han enviado una carta conjunta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Como se indica en la carta conjunta, otorgar al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene en este momento sería una decisión claramente contraria a los intereses de las comunidades al norte del río Duero, que tienen importantes poblaciones de esta especie asentadas en su territorio y, por tanto, son los que sufren las mayores consecuencias en el sector ganadero de los ataques puntuales de estos animales.
La inclusión del lobo en el LESPRE supondría la prohibición general de su caza, ya que dejaría de ser considerada una especie susceptible de caza como especie cinegética.
Solamente de forma excepcional la captura de un ejemplar podría autorizarse bajo criterios mucho más estrictos que en la actualidad, limitación que haría mucho más difícil que las comunidades con presencia de lobo al norte del río Duero recurrieran a acciones cinegéticas específicas cuando estos animales amenacen los intereses ganaderos.
En este sentido, la oposición de las comunidad autónomas que suscriben el escrito contrario a la propuesta de catalogación se basa en que sería totalmente contraria a las políticas desarrolladas en estos territorios en los últimos años para buscar la compatibilidad entre la existencia de manadas de lobos en diferentes zonas del territorio con la ganadería extensiva.
De hecho, como se menciona en la carta conjunta a la ministra, estos cambios en cuanto al nivel de protección del propio lobo ibérico podrían poner en peligro el futuro de alguna raza autóctona.
Cabe señalar que la decisión de dirigirse a Teresa Ribera para transmitir su rechazo a esta posibilidad se tomó tras la reunión celebrada recientemente entre los cuatro directores generales de la rama y el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio, una reunión solicitada en septiembre por las cuatro comunidades considerando que serían las más afectadas en caso de que la iniciativa prospere.
Planes de gestión
Las cuatro CCAA señalan en la misiva que han elaborado y aprobado planes de gestión del lobo “que, por desgracia, no se han librado en algunos casos de su traslado a los tribunales, que en ocasiones han anulado en todo o en parte estos planes”.
Todos estos planes de gestión del lobo tienen como objetivo la conservación del lobo, en el marco establecido por la Directiva europea 92/43/CEE, “a través de una adecuada gestión que nos permita compatibilizar su presencia con el mantenimiento y la mejora de la ganadería extensiva”.
En el marco de estos planes, las cuatro comunidades han conseguido que las poblaciones de lobo mejoren, que ocupen nuevos territorios, que mejore la percepción de las comunidades rurales frente al lobo, que aparezcan nuevas formas de potenciar el 'recurso turístico' lobo y para conseguir una mejor valoración por los vecinos de estas zonas.
Además, sostienen con este modelo actual de gestión se ha logrado conseguir una información fiable y continua de lo que está sucediendo con la evolución de las poblaciones de lobo, con los daños a la ganadería y con la conflictividad social asociada a su gestión.
Toda esta gestión señalada se ha hecho siempre “desde la máxima lealtad institucional y en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión del Lobo”, actualmente vigente, promovida por ese Ministerio y aprobada en enero de 2005 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
“Si bien es cierto -se señala en la carta- que todos creemos que es necesario una nueva estrategia nacional liderada por ese ministerio y consensuada con las Comunidades Autónomas loberas”.
“Por tanto, ministra, queremos trasladarte que, a pesar de los esfuerzos en la gestión solo conseguimos parcialmente los objetivos, el buen estado de las poblaciones del lobo, pero el problema de los daños a la ganadería sigue estando presente en el día a día y la conflictividad social asociada aumenta”, continúa la carta.
“La población del medio rural que convive diariamente con esta especie -añade la misiva- no quiere que se les indemnice si los daños son continuos en una explotación, lo que nos demandan es que esos daños disminuyan, y creemos que esto solo lo conseguiremos a través de una gestión flexible, conjunta y coordinada que nos permita, además, trasladar a la sociedad soluciones eficaces basadas en los datos científicos y la experiencia de nuestros equipos técnicos, y alejados de posicionamientos ideológicos sesgados y radicales”.
“Como bien sabes -añade la carta en referencia a la ministra Ribera- el nuevo estatus que se plantea impediría que la especie fuera cinegética” -en estos momentos tiene dicha consideración en Cantabria, Galicia y Castilla y León, siendo especie 'gestionable' en Asturias-, “pero en todos los casos la capacidad actual para gestionar la especie es mayor que la que se tendría si la especie se incluyese en el LESPRE”.
A este respecto, los responsables medioambientales de las cuatro comunidades autónomas recuerdan lo que supone la ganadería extensiva en sus CCAA.
“Hablar de Asturias, Cantabria, Galicia o Castilla y León es hablar de explotaciones ganaderas familiares sostenibles y hacedoras de paisaje, de razas ganaderas autóctonas en peligro de desaparición, de productos de calidad ligados a la ganadería, carnes, leches, quesos...”
Todo esto es lo que está en juego, no sólo una actividad económica, sino una forma de vida“.
A este respecto señalan a la ministra Ribera que quieren territorios bien conservados con presencia del lobo, “pero también territorios con futuro y con vida, y para ello la ganadería extensiva es esencial”.
Lo que piden las cuatro comunidades autónomas es que se cumplan y respeten los procedimientos administrativos y el actual marco competencial en el cambio del estado legal del lobo, “que en su actual propuesta en ningún caso responde a un consenso jurídico, técnico o científico”.
Los consejeros han pedido a la ministra Ribera una reunión para buscar soluciones que tengan en cuenta la experiencia de gestión que tienen las cuatro comunidades, que han asumido desde hace tiempo “la imprescindible compatibilidad entre la conservación del lobo y el sector ganadero”.
Los firmantes de la carta a la ministra Ribera son el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de Galicia, Ángeles Vázquez; el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, y el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias, Alejandro Jesús Calvo.