Cantabria ultima un convenio con el Consejo de Transparencia para atender las reclamaciones ciudadanas

El Gobierno de Cantabria ultima la firma de un convenio con el Consejo de Transparencia de ámbito nacional con el fin de que sea el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa a nivel autonómico y de respuesta a las reclamaciones ciudadanas, a la espera de que la Comunidad Autónoma regule este aspecto en una normativa propia, tal y como se ha comprometido el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra.

Miembros del Ejecutivo han participado este jueves en una jornada en Madrid, organizada por la Oficina de la Transparencia y el Ministerio de Presidencia del Gobierno de España, en la que se ha hecho balance del cumplimiento de la norma, tras casi dos años en vigor, y se ha compartido el funcionamiento de los portales de transparencia, dependientes de las distintas administraciones públicas.

Cantabria ha expuesto durante este encuentro los pasos dados en la materia que, según ha manifestado el consejero, “se han tenido que acelerar desde la llegada del actual Gobierno dado que durante los dos años transcurridos del periodo de adaptación a la norma nada se había avanzado”, lo que a su juicio ha supuesto “perder todo este tiempo en la aplicación, desarrollo y crecimiento” de los derechos de acceso a la información de la ciudadanía.

Por eso, además de trabajar en el convenio regulador del órgano que atienda las reclamaciones y vele por la aplicación de la norma, el Gobierno de Cantabria ha definido la unidad administrativa que dentro de la Administración autonómica coordine este ámbito. Además, se ha procedido a la normalización del portal de transparencia y se trabaja en a su renovación para una mejor adaptación a la Ley, que entra en vigor en diciembre.

Proyecto de ley

De cualquier forma, Cantabria contará con una ley autonómica que regulará todo lo relacionado con la transparencia pública y la participación ciudadana, un proyecto que será elaborado por el propio Gobierno y presentado en el Parlamento el primer semestre del próximo año, según anunció el consejero responsable del área, Rafael de la Sierra.

El Ejecutivo tiene el propósito de que la redacción previa de la norma cuente con las aportaciones de las entidades locales, empleados públicos y el resto de agentes implicados, con el fin de que cuente con el mayor consenso posible entre los grupos parlamentarios.

Rafael de la Sierra ha dicho que contar con una ley autonómica es un compromiso del Gobierno de Cantabria porque quieren implantar “un nuevo modelo público de gestión administrativa y política”. “Aunque queda mucho camino por recorrer, es un proceso irreversible y es voluntad del Gobierno de Cantabria dar un impulso definitivo a un aspecto de la vida pública que es fundamental para el ciudadano”, ha concluido.