La Comisión de Investigación sobre Nestor Martin comenzará a finales de febrero

Ya está en marcha la 'maquinaria' parlamentaria para crear la Comisión de Investigación sobre el 'caso Nestor Martin'. El portavoz de Podemos, José Ramón Blanco, ha registrado este martes la solicitud, que, finalmente, ha sido firmada por todos los partidos, incluido el PP que en un principio había manifestado su rechazo a esta iniciativa y que a última hora ha cambiado su postura.

La celebración de las elecciones generales y el debate de los presupuestos autonómicos, que se celebrarán en diciembre, retrasarán su inicio. El Parlamento de Cantabria parará su actividad entre el 5 y el 20 diciembre debido a la campaña electoral. Además, enero es un mes inhábil para la Cámara, con lo que, previsiblemente, no será hasta finales de febrero cuando arranquen las comparecencias que ayuden a esclarecer qué ha pasado con los 18 millones de euros invertidos por el anterior Gobierno en la fábrica de estufas, que tras apenas tres años de actividad, ha quedado liquidada.

Los protagonistas de este fallido proyecto industrial también deberán dar explicaciones por los 3,2 millones de euros que aportaron los 88 trabajadores que habían sido despedidos en Teka y que a cambio de recolocarse en la nueva factoría, cedieron la cantidad equivalente a sus indemnizaciones.

Una vez registrada la petición, será la Mesa del Parlamento la que admita la solicitud, un trámite que se llevará a cabo “a finales de esta semana o principios de la que viene”, según ha apuntado el diputado de Podemos. Posteriormente, tendrá que ser aprobada por mayoría absoluta en el pleno, para volver nuevamente a la Mesa, que debe elaborar un plan de trabajo y acordar el número de integrantes de la Comisión, en la que estarán representados todos los partidos con representación parlamentaria.

Siguiendo la proporción en cuanto al número de escaños obtenidos en mayo por cada formación, el órgano de investigación estará formado por cuatro diputados del PP, tres del PRC, dos del PSOE, uno de Podemos y otro de Ciudadanos. A todos ellos se les entregará la documentación que obra en poder del Gobierno y tras su estudio, cada grupo requerirá las comparecencias que estime oportunas, así como el calendario de las mismas.

A preguntas de los medios, el líder de Podemos ha señalado que aun es pronto para concretar a las personas que su partido citará a declarar pero ha adelantado que entre ellas seguro que estarán altos miembros del anterior Ejecutivo del PP, como el exconsejero de Economía, Eduardo Arasti, el exdirector del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Jorge Gómez de Cos, varios directos generales y personal de Sordercan, entre otros.

Igualmente, Blanco ha señalado que los exempleados de la fábrica le han transmitido su deseo de participar activamente en la comisión de investigación, ya que tienen “mucho que aportar”. Los trabajadores se sienten “estafados” por Ignacio Diego, al que responsabilizan de haberles implicado en Ecomasa-Nestor Martin.

En cuanto al funcionamiento de la Comisión, todos aquellas personas que sean llamadas a testificar están obligadas a hacerlo porque lo contrario sería un delito. Por otro lado, las conclusiones que cada grupo extraiga han de plasmarse en un dictamen que será debatido en el Pleno. Las mismas no serán vinculantes para los tribunales, sin perjuicio de que la Mesa de la Cámara apruebe dar traslado al Ministerio Fiscal.

“Rumorología”

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde, ha explicado que su partido ha decidido adherirse a la iniciativa porque “mucho mejor que la rumorología y mucho mejor que las falsas acusaciones que sobrevuelan continuamente en el debate político es que se conozcan de verdad los hechos”.

Así, el portavoz popular se ha mostrado convencido de que con la Comisión de Investigación quedará a salvo la actuación y la honorabilidad de las personas que desde el gobierno promovieron este proyecto empresarial que al final ha resultado fallido, “fundamentalmente porque el gobierno actual ha querido liquidarlo definitivamente, porque todavía los propios gestores decían que existía viabilidad y que se podía haber mantenido”.

En este sentido, Van den Eynde ha insistido en que hay que derivar responsabilidades políticas hacia el nuevo gobierno y conocer “por qué ha tomado esa decisión que ha supuesto la finalización de la planta”.