La lucha por los derechos laborales y políticos en la España del siglo XX: el centenario de la huelga de Las Forjas de Buelna

Cien años después todo ha cambiado, pero algunas cosas menos que otras. Determinadas noticias parecen situarnos en otros tiempos. En 2018 nueve trabajadoras de la empresa de telemárketing AON Mobile, ubicada en la localidad cántabra de Cartes, fueron inicialmente despedidas por intentar constituir una candidatura sindical de Comisiones Obreras. En estos días se está desarrollando una huelga en la empresa Trefilerías Quijano de Los Corrales de Buelna, sucesora de aquellas Forjas de Buelna, pero con distintos propietarios. Curiosa forma de conmemorar aquella desconocida, pero relevante huelga que se desarrolló en 1919, hace ahora mismo justo cien años.

El conflicto de intereses entre trabajadores y empresarios, hoy como ayer, sigue y  seguirá provocando fricciones. La relación antagónica entre el capital y el trabajo continúa determinando la posición de los actores económicos y sociales, en esencia, hoy como hace cien años.

Este 30 de junio se cumplen 100 años del comienzo de unas de las huelgas más importantes de la historia de Cantabria: la de Las Forjas de Buelna. Durante casi cuatro meses unos 600 hombres y 200 mujeres protagonizaron una lucha por sus derechos laborales, sociales y políticos, cuya relevancia superó los límites de su entorno próximo. Enfrente, unos patronos, los de la familia Quijano, que ejercían un poder y control en el municipio de Los Corrales casi omnímodo. En realidad, más propiamente que de una huelga se debe hablar de un conflicto sostenido en el tiempo que se prolongó hasta julio de 1921, dos años, y que conoció en ese periodo otras huelgas de distinta duración y motivación.

El proceso de industrialización de un área rural, el del Valle de Buelna, tiene su origen en el último cuarto del siglo XIX, y con toda su complejidad y dinamismo, constituye el reflejo de una realidad y un tiempo que tiene referencias en ámbitos territoriales de mayor escala, que es donde adquiere su sentido más completo.

Bruno Alonso (Castillo Siete Villas, Arnuero, Cantabria, 1887-Ciudad de Méjico, 1977) fue uno de los fundadores, en 1917, del Sindicato Metalúrgico Montañés y su primer presidente. En el desarrollo del conflicto jugó un papel muy destacado. Tanto en 'El proletariado militante' como en sus memorias dictadas dejó recogido -aunque con algunas imprecisiones cronológicas y de cifras- la manera en que se introdujo el asociacionismo sindical en Las Forjas de Buelna:

"Existía de antiguo en la provincia de Santander una especie de feudo, la factoría de Las Forjas de Buelna… Los Quijanos mantenían una gran autoridad social y política en la comarca… Era inevitable que allí, como en otros lugares, llegase la influencia de la organización obrera, y aunque con muchas dificultades y adoptando métodos secretos, se asoció una parte del personal. Aunque se prescindió de los nombres y se utilizaron números para conservar la clandestinidad, al fin se descubrió la organización, y en consecuencia, se procedió a despedir a una veintena de obreros de los que consideraban más significados.

No era fácil resolver el problema que estos despidos planteaban, pues la organización era muy débil para organizar una huelga, y por otra parte, no reaccionar contra los despidos suponía aceptar que la organización naciente fuese destrozada.

Sopesados todos los factores positivos y negativos y tras mucha meditación, el Sindicato Metalúrgico Montañés decidió arriesgarse y aceptar el reto de la poderosa empresa de Los Corrales. Y así se procedió a dar las órdenes de huelga…

El gesto valeroso impresionó a todos, pues, en efecto un grupo minúsculo de unos cuarenta obreros consiguió que el paro fuera general, comprendiendo a los dos mil obreros de la factoría (sic). Aquella huelga debía ser histórica".

A finales del mes de junio se publicaron en la prensa provincial las demandas que una comisión de obreros de Las Forjas había presentado a la empresa y, posteriormente, entregado al gobernador civil, avisando de que si no se atendían en un plazo de 48 horas se declararían en huelga 700 obreros: jornada de ocho horas, aumento de 1 peseta en todos los jornales y del importe de las horas extraordinarias, cobro semanal y admisión de los obreros despedidos. La respuesta de la autoridad fue anunciar que hablaría con los dueños de la Sociedad y ordenar el refuerzo del destacamento de la Guardia Civil en Los Corrales para mantener el orden, además de ratificar la prohibición de un acto público de los obreros en el pueblo.

Bruno Alonso, que acompañó a la comisión a entrevistarse con el gobernador, informó a la prensa de que estaban intentando la introducción del sindicato en Las Forjas, pero la Gerencia se apercibió del hecho y dispuso el despido de más de veinte obreros. Decidieron esperar para no generar mayores represalias, sin embargo, una semana más tarde ya pasaban de cincuenta los despedidos. Por ello, resolvieron no aguantar más y presentaron, a través de una Comisión, una lista de mejoras junto con la readmisión de los despedidos. Los cuatro obreros que componían la Comisión resultaron igualmente despedidos. De esta forma, declararon una huelga que daría comienzo el lunes, 30 de junio.

En efecto, ese 30 de junio de hace cien años, sin incidente alguno, se iniciaba la huelga en Las Forjas de Buelna, que afectó, aproximadamente, a 600 hombres y 200 mujeres, la totalidad de la plantilla de los talleres. Bruno Alonso llamaba al diálogo y el gobernador, Platón Páramo, se aprestaba a entablar negociaciones con obreros y patronos para propiciar una pronta solución. Dos días después, se celebró una reunión de las partes en el despacho del gobernador que terminó sin resultado positivo ante la firmeza de las posturas.

Bruno Alonso acusó de intransigencia a la gerencia de la empresa y de parcialidad a las autoridades, dando cuenta que la Guardia Civil había sido vista realizando trabajos en la fábrica. Por su parte, el presidente de la Federación Local de Sociedades Obreras de Santander, Epifanio Buján, amenazó con que de no llegarse a una solución podrían acudir en apoyo de los obreros en huelga, extendiendo el conflicto a Santander, ciudad de veraneo de la familia real. Este colectivo, además, adoptó dos acuerdos que tendrían importancia posteriormente: el primero, a corto plazo, anunciar una campaña de acogida de los hijos de los huelguistas en los hogares de sus asociados y el segundo, a más largo plazo, como se verá, anunciar el boicot a las mercancías de Las Forjas. Por último, se pedía el respeto del derecho de reunión de los huelguistas.

El alcalde de Santander, Eduardo Pereda Elordi, advirtió el problema que podía suscitarse y comenzó a realizar gestiones para retomar el diálogo. Propuso una comisión de arbitraje encabezada por el gobernador, que fue bien acogida por los trabajadores, pero rechazada por los Quijano, que avisaban de que solo tratarían con el personal para reanudar los trabajos en las condiciones anteriores a la huelga.

Epifanio Buján, ante esta postura, acusó a los Quijano de mantener un “verdadero estado de feudalismo” en Los Corrales, alusión recurrente al caso. Aparte de explotar y pagar sueldos de miseria a los obreros, les atribuía prácticas contrarias a la libertad política: la obligación de hacer votar a los trabajadores a quienes designaran los patronos y la persecución del derecho de sindicación, siendo este último el verdadero desencadenante del conflicto.

Bruno Alonso, dirigiéndose a los obreros de Santander, respaldaba estas afirmaciones, recalcando que los trabajadores estaban en huelga por defender algo que estaba en las leyes y que las autoridades se inhibían completamente, permitiendo que se intentara reducir a 1.000 familias por el hambre. Así las cosas, el propio rey, Alfonso XIII, terminó por manifestar interés en la cuestión e instar al diálogo.

Tras retomarse los contactos entre las partes, la Gerencia de Las Forjas pareció avenirse a admitir parte de lo demandado por los trabajadores y transmitió a la prensa que aceptaban el aumento de una peseta en el jornal, la jornada de ocho horas y la admisión de los despedidos. Sin embargo, no se mostraban dispuestos a tolerar la libre sindicación de los trabajadores.

Quizá esto solo fuera una especie de globo sonda, pues la Comisión de obreros en huelga, a finales del mes de julio, denunció que no había ninguna oferta sobre la mesa. Casi simultáneamente, dicho Comité dirigía un mensaje al rey, explicándole la situación general y responsabilizando a los dueños de Las Forjas de las penosas circunstancias que sufrían las familias, de la explotación laboral que venían padeciendo y de las coacciones y amenazas a la hora de votar. Nuevamente apuntaban la causa de la huelga: la negación a admitir el derecho de sindicación amparado por la Ley de Asociaciones, lo que relacionaban con la conducta autocrática de los Quijano contraria a los principios de la democracia. Finalizaban advirtiendo de la posibilidad de una extensión del conflicto por la provincia mediante un paro general e indefinido.

Por su parte, el Sindicato Metalúrgico Montañés optó resueltamente por terminar la organización de la campaña de acogida de hijos de los huelguistas por las familias de sus asociados y simpatizantes con la causa. Con esta medida, además de dar salida a una situación de especial gravedad para los hogares de las familias en huelga, se buscaba también un efecto propagandístico: que el problema se percibiera abiertamente en la capital provincial y contribuir a ganar la batalla de la opinión pública para presionar a las autoridades y a la Gerencia de Las Forjas.

Tras repetidos llamamientos a la solidaridad y la colaboración ciudadana, el 4 de agosto se recibió a un grupo de 81 niños en la estación de tren de Santander. El Cantábrico, al día siguiente, titulaba la noticia como “Espectáculo conmovedor”. Una manifestación de 4.000 personas había acompañado a los niños y al Comité de la Federación Local de Sociedades Obreras en un recorrido por la ciudad hasta el Centro Obrero, donde les esperaban las familias de acogida. Un segundo grupo con otros 100 niños llegó unos días después, el 14 de agosto, repitiéndose la escena e incluso se abrió una suscripción pública destinada a la ayuda de los hijos de los huelguistas.

Al día siguiente, El Cantábrico publicó un telegrama del periodista, escritor y político socialista cántabro Luis Araquistáin, dirigido al entonces jefe del Gobierno, el conservador Joaquín Sánchez de Toca, en el que daba cuenta del mal estado en el que se encontraban los niños y pedía su intervención para solucionar la huelga, originada por la negativa de los patronos a la sindicación de los trabajadores y el despido de los más significados en las reivindicaciones. Además, mencionaba la precariedad salarial y la petición de la jornada de ocho horas. Frente a la razón y la transigencia de los obreros situaba a los patronos en el lado contrario, tras negarse al arbitraje y a acatar la legalidad.

Otro cántabro, el abogado y periodista Santiago Arenal, publicó en el diario madrileño El Sol una tribuna titulada “Feudalismo industrial” [1] en la que tras hacer un breve introducción al conflicto y criticar a las autoridades por su inoperancia, centraba su análisis en la naturaleza del problema planteado por la intransigencia de la patronal, que situaba en una esfera “juridicosocial”: “La negativa de la Sociedad de Las Forjas a reconocer la Asociación obrera de sus trabajadores”, derecho reconocido por la ley. Incluso situó las reivindicaciones económicas en un segundo plano. Criticó también las presiones que ejercía la dirección de la empresa sobre los trabajadores en el ejercicio del voto. Los periódicos de la provincia fueron también objeto de sus diatribas por haber mantenido silencio y únicamente haber reaccionado ante la advertencia de una huelga general, coincidente con la estancia de la familia real en Santander. Finalizaba pidiendo al Gobierno de España que interviniera para buscar una solución.

En todo caso, el mes de agosto terminó sin visos de solución para la huelga. Otro contingente de 16 niños fue acogido en la comarca de Torrelavega y continuó en El Cantábrico la campaña de suscripción económica en favor de los hijos de los huelguistas, además de recaudarse fondos en funciones benéficas. Fue muy relevante la polémica que se estableció en la prensa provincial, sobre todo en El Cantábrico, entre Juan José Quijano, como representante de la Dirección de Las Forjas, y el Comité de huelga. En la batalla por la imagen, se trató de un intento por compensar la corriente de simpatía que habían suscitado los trabajadores. Pero puede afirmarse que el balance resultó completamente desfavorable a los intereses de la Dirección, pues el Comité rebatió uno a uno todos los argumentos objeto de controversia. La defensa de un modelo de gestión empresarial de base paternalista fue socavada en contenidos, actitudes, prácticas y, muy especialmente, con cifras.

La larga duración de la huelga y la falta de perspectivas de solución forzaron a los obreros de Las Forjas a buscar trabajos en otras empresas. La mayor parte de ellos, en torno a 300 trabajadores, se desplazaron a Reinosa a las obras de instalación de la Constructora Naval. Otra buena parte lo hizo en factorías de Santander, Torrelavega y Ramales. También existen noticias de que algunos acudieron a la minas de carbón de Las Rozas de Valdearroyo.

Por su parte, las mujeres encontraron una ocupación alternativa en la fábrica de Hilatura de Portolín, en la fábrica de tejidos La Montañesa Textil de La Cavada, en Ramales, y en la de sacos de Illera de Las Caldas de Besaya. El diario La Atalaya informaba a comienzos del mes de septiembre de que “de los obreros huelguistas solo quedan en Los Corrales veinte y para eso doce pertenecen al elemento directivo de la huelga; que continúan no porque no encuentren trabajo sino porque consideran que no deben abandonar el que consideran su puesto en el conflicto” [2].

El mes de septiembre empezó con unos incidentes graves en las proximidades del complejo fabril tras un intento de reanudación de la actividad laboral en Las Forjas. Conocedores los huelguistas de esta iniciativa patronal, formaron piquetes que se concentraron en las cercanías de los accesos a de las instalaciones. El enfrentamiento, según se informó en El Cantábrico, tuvo lugar entre unas mujeres que componían el piquete -pues la gran mayoría de los hombres trabajaban en otras fábricas y no se encontraban en Los Corrales- y uno de los capataces y sus hijos. La Guardia Civil atajó el problema y detuvo a un huelguista y a los hijos del capataz, tras oírse algunos disparos, en lo que se narra como un incidente bastante confuso.

A partir de aquí se hicieron más llamamientos al establecimiento de negociaciones entre las partes, reflejados en la prensa santanderina. Destaca especialmente uno, publicado en El Cantábrico, el 4 de septiembre, que anticipó lo que finalmente sería una de las vías de solución: el arbitraje a cargo del Instituto de Reformas Sociales.

"Si esta nuestra indicación prospera, si patronos y obreros se comprometen a aceptar sin discusión el laudo de un señor vocal del Instituto de Reformas Sociales o del señor ingeniero de Las Forjas, las relaciones entre los señores de Quijano y de sus obreros volverán a encauzarse por las acequias del cariño".

Ahora bien, las “acequias del cariño” entre los Quijano y los obreros no llegaron precisamente a desbordarse. Además del de Las Forjas, en la provincia de Santander tuvieron lugar un buen número conflictos laborales. La Memoria de 1919 de la Estadística de las Huelgas publicada por el Instituto de Reformas Sociales recoge que Santander fue, después de Valencia y Madrid, la provincia que más número de “jornadas perdidas” registró ese año, nada menos que un 15,62% del total. El listado estatal de las huelgas con mayor número de jornadas perdidas está encabezado por la de los obreros de la edificación de Santander, con 306.000 mientras que los obreros de Las Forjas se encuentran en undécima posición, con 79.980. [3]

Por consiguiente, la creciente conflictividad motivó al Ayuntamiento de Santander a crear una Comisión municipal para intervenir en tres conflictos sociales (panaderos y barberos de la capital y metalúrgicos de Los Corrales) que comenzó a funcionar en la segunda quincena de septiembre. En el caso de la huelga de Las Forjas las negociaciones empezaron el sábado, 20 de septiembre, reuniéndose los concejales santanderinos y una Comisión del Ayuntamiento de Los Corrales con los patronos y los obreros, pero por separado.

En un ejercicio de transparencia y buen trabajo por parte de la Comisión, se hicieron públicas en la prensa de Santander las bases de arreglo suscritas por la Gerencia de Las Forjas, aprobadas el 22 de septiembre, y las peticiones de reforma por parte de la Comisión que representaba a los obreros. A la luz de las reivindicaciones iniciales y a lo acontecido durante el verano se pueden valorar los puntos propuestos como muy favorables a las posiciones de partida de los trabajadores: aceptación de la sindicación de los obreros, reconocimiento y aplicación de la jornada de ocho horas desde el mismo día que se restablecieran los trabajos [4] (con la excepción acordada del personal de los hornos de laminar y de recocer), aumento con carácter general de 1 peseta en el jornal, pago quincenal del salario en lugar de mensual (los trabajadores lo habían pedido semanalmente), pago aumentado en un 25% de las horas extraordinarias con respecto a las ordinarias cuando sobrepasen las dos horas e igual porcentaje de incremento para la jornada laboral en domingos y festivos (los obreros demandaban llegar hasta el 50%, pero no se cerraban a su discusión).

No pudieron, sin embargo, lograr la readmisión de todos de los despedidos. La empresa se reservó su potestad disciplinaria y acordó que, de los veinte obreros despedidos, se reincorporaran cinco desde el primer día y otros cinco al mes. Por lo tanto, diez de ellos no recuperarían su trabajo.

Por parte de los obreros, el acuerdo debía aprobarse en asamblea. El gran escollo, lógicamente, se situaba en el despido de diez obreros, como ya se anticipaba en la fase de negociación. De hecho, los trabajadores acordaron no suscribir el documento y transmitir a las Comisiones municipales los acuerdos que habían tomado. Se aceptaban todos los puntos, con alguna aclaración, excepto el octavo, el que aludía a los despidos.

El 1 de octubre, Bruno Alonso explicaba la posición adoptada: no podían reconocer unos despidos injustificados. “Para la mitad de estos aceptábamos un castigo como medio de solución y hasta llegamos a aceptar despidos, siempre que en justicia se reconociera que estos obreros no eran despedidos por delito alguno”. Tras reunirse las Comisiones municipales y dar cuenta de las arduas labores acometidas, certificaron la imposibilidad de llegar a una solución y dieron por terminada su gestión, aunque dejaron la puerta abierta a retomar las negociaciones.

Sin entrar en otras consideraciones, se planteaba de esta manera el choque de dos principios: el de solidaridad para los trabajadores y el de autoridad para los patronos. La situación se desbloqueó el 19 de octubre, tras nuevas gestiones emprendidas por el entonces gobernador civil, Mariano Ossorio Arévalo, marqués de la Valdavia que, en síntesis, propuso que el punto que impedía el acuerdo fuera objeto de un arbitraje por parte de una entidad externa, el Instituto de Reformas Sociales, que la resolvería mediante un laudo. La base octava quedó redactada como sigue:

"De los veinte obreros despedidos, cinco entrarán al trabajo desde el primer día, otros cinco al mes de reanudarse aquel, y respecto a los otros diez restantes, ambas partes se someten al fallo que dicte el Instituto de Reformas Sociales, el cual dictaminará en un plazo máximo de tres meses. Durante ese plazo de tiempo quedarán fuera del trabajo dichos diez operarios, sin mezclarse para nada en el régimen interno de la industria.

La designación de individuos a que da lugar la primera parte de esta base y las de los que se someten al fallo y sus resultas, será en todo caso hecha por la Sociedad Quijano".

La apertura de las fábricas quedó fijada para el jueves, 23 de octubre, una vez que las partes ratificaron las bases propuestas. La asamblea de trabajadores tuvo lugar el 22 de octubre. Al día siguiente los obreros comenzaron a reintegrarse al trabajo; se fijó un plazo de admisión hasta el día 3 de noviembre para que los obreros que estuvieran trabajando en empresas de otras localidades fueran acomodando su vuelta y reingreso.

En la sesión del Instituto de Reformas Sociales del día 29 de octubre, el Consejo tomó el acuerdo de estudiar el asunto remitido con los antecedentes e instruir el informe al efecto, previo al dictamen del laudo [5]. En la sesión del 6 de diciembre, después de una animada discusión se aprobó, por tres votos contra dos, la siguiente proposición:

"El Instituto resuelve que no puede imponer a los patronos la obligación de admitir a los diez obreros que quedaron excluidos en la readmisión por la Comisión de Concejales de Santander y Los Corrales, y se reconoce el derecho de los obreros de constituir la Asociación que les convenga para defender sus interese, siempre que en la constitución de ella y en su actuación no se infrinjan las Leyes" [6].

La negativa sorprendió a los trabajadores, que tuvieron pronta noticia del sentido del laudo. Bruno Alonso expuso al Instituto de Reformas Sociales la voluntad de no someterse al dictamen en una comunicación recibida el 15 de diciembre.

"Esos compañeros que por el solo motivo de hacer propaganda se les quiere lanzar al arroyo, no serán abandonados. El Sindicato Metalúrgico de La Montaña exigirá la reposición y saldrá el paro inmediatamente. Así impondremos la justicia".

La no aceptación del laudo remite a un planteamiento estratégico por parte del sindicato. La dificultad y el enorme sacrificio que había acarreado su implantación en Las Forjas de Buelna quedaría lastrada completamente con la aceptación de la sanción disciplinaria por parte de la empresa. Esta argumentaba que los despedidos habían atentado contra el economato, mientras que para el sindicato lo eran por “hacer propaganda” y haber instigado la formación del sindicato en la fábrica.

Para los sucesores de José María Quijano, fundador de la empresa y su obra social, el economato parecía constituir una especie de legado con un carácter simbólico incuestionable. Por su parte, los obreros denunciaban que se había convertido en una herramienta de maximización de beneficios societarios, como habían probado en la polémica sostenida en prensa en agosto de 1919.

No tardaría mucho en hacerse efectiva la advertencia del presidente de Sindicato Metalúrgico Montañés: menos de dos meses después, en febrero de 1920, el conflicto se reactivaba, abriendo paso a año y medio de inestabilidad laboral constante.