El 2 de noviembre de 1999 se desplomaba la fachada oeste del edificio de Traumatología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander sobre la construcción anexa, ocasionando la muerte de cuatro trabajadores del centro (Isabel Ortega, Julia Hazas, Karim Khan Alí Alkaon y Manuel Menezo) y heridas a otras quince personas. Este año se cumple el decimoséptimo aniversario de la tragedia.
La fotografía de Joaquín Gómez Sastre muestra la parte inferior de la fachada derrumbada, con la estructura al aire, y sus devastadores efectos sobre el edificio contiguo.
La edificación del área accidentada se terminó en el año 1973. Posteriormente, en 1997, se desarrollaron unas obras en la fachada, no detectándose la magnitud del riesgo latente. El análisis de las causas del siniestro apuntó a la concurrencia de una serie de factores que tuvieron su punto de partida en el modelo constructivo utilizado para sujetar la fachada (grandes plaquetas sustentadas por una estructura metálica que las une al cuerpo de un edificio de once alturas y cuyo excesivo peso hubo de soportar), el deterioro que el paso del tiempo ejerció sobre dichos componentes a través de agentes como la variación acusada de temperaturas, la humedad, el salitre… y, como desencadenante, los fortísimos vientos y lluvias que acontecieron aquellos días.
Pero no fue un caso aislado. La Comunidad Autónoma de Cantabria registró en la década de los noventa tres gravísimos hundimientos de edificios que ocasionaron un total de trece personas muertas y otras veinte heridas: el del edificio de Electricidad Vila en Torrelavega (10 de mayo de 1991), el Hotel Bahía de Santander (27 de enero de 1992) y el referido del Hospital Valdecilla.
Si prolongamos unos años más el registro de datos, hasta diciembre del año 2007, el derrumbe de un edificio en el barrio del Cabildo de Arriba de Santander produjo la muerte de tres vecinos. Estadística que para un marco territorial reducido resulta significativa y que más allá de su carácter circunstancial apunta a un heterogéneo grupo de razones entre las que cabe citar le especulación inmobiliaria, el entonces escaso desarrollo de la prevención de riesgos laborales y la falta de controles y diligencia por parte de las administraciones públicas.
Retomando la línea principal que nos ocupa, cuando sucedió la catástrofe, Valdecilla formaba parte de la red hospitalaria del Insalud, aunque la titularidad de los terrenos pertenecía a la Fundación Marqués de Valdecilla, (controlada entonces por la Diputación). La oportunidad de negocio ya había sido percibida en los años anteriores, así en el año 1990, siendo Juan Hormaechea el presidente de Cantabria, la Fundación acordó la adjudicación a Dragados y Construcciones, S.A. de la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en la zona norte, (con ventajosa concesión por cincuenta años), al tiempo que se prohibió el estacionamiento en superficie con carácter general y se colocaron vallas y otros obstáculos, que en la práctica suponían graves impedimentos para los servicios de emergencia en caso de evacuación.
La política de acrecentar el rendimiento patrimonial no quedó aquí, así en el año 1997 se inauguró una galería comercial (derribada en 2011) en el acceso principal del complejo hospitalario, también edificada por Dragados, que nunca obtuvo licencia de construcción ni de apertura por la manifiesta peligrosidad de su emplazamiento en caso de incendio del hospital. No por casualidad, la evacuación del edificio de Traumatología tras el hundimiento se recuerda como caótica y muy dificultosa.
El posterior proceso de obras se ha llevado a cabo a partir de tres fases desarrolladas desde el año 2000 al 2015. Quince largos años en los que se sucedieron distintos gobiernos: PP-PRC, PRC-PSOE y PP en solitario. Un tiempo marcado en buena parte por la crisis económica y el deterioro de los servicios públicos constitutivos del estado del bienestar, como la educación y la sanidad, y en el que la externalización de servicios extrasanitarios se fue haciendo presente.
Mientras, frente a un escenario de confrontación política y hasta judicial entre los partidos políticos mayoritarios, la sociedad civil de Cantabria se manifestaba para protestar por los recortes en Sanidad y en defensa del Hospital de Valdecilla. De hecho, se trata de la entidad con mayor reconocimiento en la región.
Finalmente, la Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en noviembre de 2011 (último días de Zapatero como presidente del Gobierno), fue el marco normativo utilizado por el Gobierno de Cantabria, en ese momento encabezado por el Partido Popular, para desbloquear una situación de suspensión de las obras en el hospital, que se prolongaba desde hacía tiempo, por falta de inversiones y de acuerdo entre la unión de empresas constructoras que las venía ejecutando y el anterior gobierno PRC-PSOE.
De este modo se resolvió el contrato con la UTE Ascan-FCC-OHL y se procedió a licitar uno nuevo en el que, como contraprestación del anticipo de la inversión precisa para la terminación de las obras del hospital, el Gobierno de Cantabria se comprometía durante un periodo de veinte años a la amortización anual del coste de la construcción y a la concesión de la gestión de los servicios, en principio extrasanitarios.
Resultó así adjudicataria la UTE Ferrovial-Siec, que, por lo tanto, cogestionará Valdecilla hasta 2035, con la lógica y criterios propios de una empresa privada. La evaluación del propio contrato en términos de rentabilidad económica y social y la licitud de que un gobierno establezca sin consenso político ni social condiciones a tan largo plazo son cuestiones que quedan encima de la mesa.
Como último apunte, la necesidad de recuperar la dotación sanitaria ha sido la oportunidad manifiesta para que se produjera un cambio en el modelo de gestión de Valdecilla, que de otro modo hubiera resultado impensable en el corto plazo. No deja de resultar curioso cómo ante catástrofes, como la del incendio de Santander (1941) o como esta del Hospital Valdecilla, por supuesto, con sus diferencias de escala, en la que se pueden plantear a priori distintas alternativas, la salida que se ha adoptado pasa por la preeminencia de los intereses privados sobre los públicos. Por si alguien no se hubiera enterado aún que toda crisis entraña una oportunidad. Sobre todo para algunos.
