Jóvenes y parados de larga duración tendrán prioridad en la contratación de las corporaciones locales
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, acompañado por el director general del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), José Manuel Callejo, ha presentado este viernes la orden de ayudas a las Corporaciones Locales que este año contará con 31 millones de euros de presupuesto, con los que se podrá contratar, según sus estimaciones, a 3.240 personas.
El dirigente socialista ha señalado que este programa de colaboración tiene una “gran importancia social” dentro de las políticas activas de empleo para las corporaciones locales y, como novedad, ha destacado, además de seguir manteniendo como “objetivo primordial” la inserción de personas desempleadas de larga duración, “generar oportunidades de empleo para los jóvenes” en el marco del Plan de Garantía Juvenil.
“El perfil será mayoritariamente el de personas desempleadas de larga duración, priorizando a los mayores de 45 años que no perciban prestaciones ni subsidios de desempleo. Pero habrá una asignación de 4 millones de euros exclusivamente para la contratación de jóvenes menores de 30 años”, ha destacado Sota.
El consejero ha dicho que los 31 millones de euros se reparten en dos ejercicios (2017 y 2018) y se distribuirán en tres grupos de entidades: los municipios de la zona del Besaya, que como área de especial atención recibirá una asignación mayor que la que proporcionalmente le pudiera corresponder; el resto de municipios y las mancomunidades.
Una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) se abrirá un plazo de 10 días para presentar las solicitudes. Las entidades locales podrán presentar tres tipos de solicitudes, que van desde las que se destinan para proyectos a desempleados en general, de larga duración y para contratar exclusivamente a jóvenes en el marco de la Garantía Juvenil. Y por cada solicitud se podrán desarrollar, después, hasta tres proyectos.
El consejero ha manifestado que, en un plazo de menos de dos meses, tras la publicación de la orden en los próximos días, el Gobierno resolverá la convocatoria y con el nuevo procedimiento no se exigirá que las entidades locales presenten los proyectos de obras y servicios junto con la solicitud. Además, ha añadido que antes del verano y en unos “plazos razonables” cabe esperar que se inicien las primeras contrataciones, que podrán sucederse hasta el 31 de mayo de 2018.
El programa de Corporaciones Locales consiste en la financiación de los costes laborales y de la Seguridad Social generados por las contrataciones de desempleados llevadas a cabo por las corporaciones locales o entidades vinculadas a una administración local que resulten beneficiarias, para la ejecución de obras o servicios de interés general o social.
Balance del pasado año
El consejero ha resaltado que en la convocatoria de 2016, la primera aprobada en la vigente legislatura, “los objetivos se han cumplido” ya que fueron contratadas un total de 3.378 personas desempleadas, siendo el 48% (1.628) de más de 45 años (de larga duración) que no percibían prestaciones ni subsidios de desempleo.
El 32% tuvo una edad comprendida entre 31 y 44 años (1.083) y el 20% fueron jóvenes (667), de los cuales 1.811 fueron mujeres y 2.197 hombres. La inmensa mayoría, 2.006 personas, el 59%, tenían estudios básicos, frente a un 4% que tenían el bachiller, un 20% con título de formación profesional y un 17% de titulados universitarios. De todos ellos, una mayoría del 44%, 1.473 personas, llevaban más de 12 meses seguidos, sin interrupción ninguna, en paro.
Sota ha remarcado que según la definición que utiliza el Estado de parado de larga duración, 2.340 personas (69,27%) se encontraban en esa situación, es decir, llevaban más de 360 días en paro en los últimos 18 meses anteriores al contrato. De esta cifra, 368 personas percibían algún tipo de subsidio, pero 1.972 personas no percibían ni prestaciones ni subsidios, es decir, 1.972 personas desempleadas de larga duración sin protección.
El consejero ha destacado que del total de las 3.378 personas contratadas, 2.662, un 78,8%, no estaban percibiendo prestaciones en el momento en que fueron seleccionadas y “habían perdido toda esperanza de volver a tener un empleo”, por eso, “las políticas del Gobierno de Cantabria están encaminadas a no dejar a nadie atrás en la salida de la crisis económica”.
Sota ha recalcado que este programa se ha visto reforzado con el asesoramiento del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo a las entidades locales, lo que ha supuesto que al finalizar 2016 no se haya notificado ningún accidente calificado como grave, cuando en 2015 se habían contabilizado cuatro accidentes graves.
