Los trabajadores de Nestor Martin acuerdan iniciar acciones penales contra los gestores de la empresa
Los empleados de Nestor Martin-Ecomasa han acordado este miércoles iniciar acciones penales contra los administradores de la empresa, Jesús Lavín y Andrés de León, por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y malversación de caudales públicos.
La querella irá dirigida contra los titulares de la compañía, sin perjuicio de que puedan derivarse otras responsabilidades. El Gobierno de Cantabria posee el 30% del accionariado después de haber invertido cerca de 17 millones de euros, por lo que no descartan que puedan verse implicados cargos públicos. En el Consejo de Administración de la empresa han estado representantes de Sodercan, la empresa pública dependiente de la Consejería de Industria, dirigida por Eduardo Arasti.
Los trabajadores sospechan que ese dinero podría “haber salido de España”, ya que “en tres años de actividad aquí es imposible que se haya gastado”. Al hilo de esto, apuntan que la matriz de la empresa, radicada en Bélgica, quebró recientemente con un agujero de unos 20 millones de euros.
Igualmente, denunciarán los cursos de formación que no han recibido -aunque han sido titulados- y por los cuales la empresa recibió unos 120.000 euros provenientes de la Unión Europea en colaboración con el INEM.
La redacción de la demanda ya ha sido encargada a un bufete de abogados, y prevén registrarla a comienzos de la próxima semana en los Juzgados de Santander, según ha podido saber eldiario.es Cantabria.
Además, en la asamblea celebrada esta mañana a las puertas de la fábrica los trabajadores también han acordado manifestarse en todos los actos públicos del jefe del Ejecutivo cántabro y candidato del PP a la reelección, con la mirada puesta especialmente en la presencia en la Comunidad Autónoma del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy (PP), el próximo sábado.
La reunión celebrada este martes entre el comité de empresa e Ignacio Diego ha terminado por encender la mecha del conflicto laboral. La negativa del máximo responsable del Gobierno a buscar una alternativa al Plan de Viabilidad, ha desencadenado la indignación de los 98 trabajadores de la factoría de estufas.
El documento elaborado por una empresa externa -Hub Advisory- plantea el despido de 42 empleados con la indemnización mínima que marca la ley -20 días por año trabajado- y una bajada del 15% del salario y una regulación temporal hasta 2018 para el resto de la plantilla.
Unas medidas a las que se ha opuesto rotundamente el comité de empresa, que exige al Gobierno de Cantabria que garantice a los antiguos trabajadores de Teka recuperar los 3,2 millones de euros de las indemnizaciones que cedieron a cambio de recolocarse en Nestor Martin. “Él trajo a Lavín y a León; él nos instó a irnos a Nestor Martin, y él nos tendrá que dar una solución”, manifiestan los trabajadores señalando a Ignacio Diego como el responsable de su situación.
En los tres años que han transcurrido desde esta recolocación, los empleados han estado sometidos a tres Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con lo que han consumido casi un año de paro. “Nos aseguraron que era un proyecto de futuro, un empleo estable”, lamentan recordando el dinero perdido. En la actualidad está un vigor un ERTE, con lo que la fábrica continúa en marcha con un 15% de la plantilla.
“Engañados y estafados”
Estafados, engañados e hipotecados. Así se sienten los trabajadores. Para la puesta en marcha de la fábrica de estufas, cada trabajador puso sobre la mesa entre 30.000 y 40.000 euros de media. En total, casi 3,5 millones de euros provenientes de las liquidaciones que les correspondían por el despido en Teka, un dinero que ni siquiera llegó a pasar por sus manos sino que fue directamente a la saca de los dos inversores -Jesús Lavín y Andrés de León- que, por su parte, aportaron 3.000 euros de capital, el mínimo exigido para crear la nueva sociedad, según apuntan.
Durante dos meses y medio, el presidente de Cantabria ha estado “ignorando” todas sus peticiones para mantener una reunión. Están convencidos de que “se esconde en la sombra” y que les están “mareando” para que pase el tiempo porque a Diego no le interesa que éste “escándalo” pase a primer plano político ante la proximidad de la cita electoral.
Igualmente, recriminan a los dirigentes del Gobierno regional que no hayan hecho un “seguimiento” y “fiscalización” de la evolución de la factoría, pese a haber aportado cerca de 17 millones de euros. En este sentido, afirman que se sienten “doblemente estafados”, por su situación laboral y como cántabros ante la pérdida de dinero público.
