Jugando al hueco o cómo Santander acabó siendo el Calais del norte

Rescates de personas en el agua, buques que han de retornar al muelle, asaltos de camiones de mercancías en áreas de servicio, devoluciones de polizones desde el Reino Unido... La inmigración albanesa ha convertido el Puerto de Santander en un nuevo punto de acceso hacia un futuro mejor, como antes lo fue Calais, y después de que Bilbao fortificara el acceso a sus muelles para evitar saltos de sus vallas.

Según las fuentes consultadas, la capital de Cantabria está experimentado un repunte en los intentos de asalto de jóvenes mayoritariamente procedentes de Albania que viajan por los puertos de la Cornisa Cantábrica buscando el hueco por donde penetrar en un barco rumbo a tierras británicas. Al caer la noche, los muelles del puerto se convierten en un correcalles con cerca de una treintena de intentos diarios por penetrar en el área, la mayor parte infructuosos.

Según datos hechos públicos por el propio Puerto de Santander, en 2019 hubo en total 2.400 intentos de salto de la valla de acceso por parte de potenciales polizones y tan solo en el periodo entre 2020 y 2021 se incoaron 1.050 expedientes sancionadores y se publicaron 687 propuestas de resolución. No obstante, otras informaciones indican que solo en 2021 se ha detectado a 1.968 intrusos.

En la actualidad, Policía Nacional, Guardia Civil y Delegación del Gobierno se remiten unos a otros la solicitud de información sin que ninguno ofrezca datos oficiales actualizados, aunque de manera oficiosa se ha confirmado que hay un repunte de casos y que, lejos de acabar, los intentos de salto están creciendo.

La Autoridad Portuaria de Santander (APS) lleva invertidos en torno a tres millones de euros en los dos últimos años en medidas como la mejora de vallas, postes de luz, sensores térmicos y de movimiento y cámaras para frenar este “problema que se está volviendo endémico y que causa incidencias a los operadores, ya que en ocasiones los clientes devuelven las cargas por daños causados por los polizones”, según ha declarado un portavoz de la Autoridad Portuaria de Santander (APS).

Está en proceso de licitación la contratación de una empresa privada de seguridad que de forma permanente preste servicio en el puerto, pese a que ya hay presencia de la Guardia Civil y de la propia Policía Portuaria, la cual cuenta con 40 efectivos, aproximadamente.

Cuando no hay opacidad en la publicidad de datos oficiales, se generan manifestaciones contradictorias, desde la oficial de Policía que negaba la existencia de mafias detrás de los intentos de salto de la verja hasta la remisión de los casos en Santander que la fiscal jefe del del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en 2018, Pilar Jiménez, dictaminaba en la memoria de ese año. No obstante, las fuentes consultadas tienen claras dos cosas: la mafia albanesa es una realidad y los casos no remiten sino que repuntan.

El hecho de que el Puerto de Santander, a diferencia del de la capital vizcaína, esté en pleno centro de la ciudad y no en las afueras hace inviable el establecimiento de barreras de hormigón, lo que tampoco ha impedido que se recurriera a otras alternativas ya en desuso, incluso en la frontera 'caliente' de Ceuta y Melilla, como es el de las concertinas.

Concertinas

El Puerto lleva años reforzando sus instalaciones. Ha elevado la valla perimetral hasta los 4,5 metros, se ha dotado de cámaras y sensores y tiene a guardas de seguridad en el recinto. Pero ha sido la instalación de alambradas acuchilladas en parte del perímetro portuario, así como la compra de 10 kilómetros más, lo que ha generado una ola de protestas ciudadanas en las que han intervenido ONG como Pasaje Seguro y partidos como el PSOE. La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones; el vicepresidente del Gobierno cántabro, Pablo Zuloaga, y la portavoz parlamentaria, Noelia Cobo, se han mostrado públicamente en contra de su uso.

El presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC), uno de cuyos hombres es actualmente el presidente de la APS, Francisco Martín, exconsejero de Industria con los regionalistas, se ha puesto de perfil cuando ha sido preguntado por la instalación de concertinas. La propia APS, que inicialmente justificaba la fortificación del puerto como protección de las empresas que allí trabajan y también de los propios albaneses para que “no ocurriera una desgracia”, no ha vuelto a hacer mención del tema, pero tampoco ha movido un dedo para la retirada de las concertinas ya instaladas ni para el desistimiento de la licitación de compra de más material.

Las autoridades cántabras el pasado mes de junio eran más contundentes y responsabilizaban veladamente al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que pedían que mandase “menos intrusos”. “Si yo tuviera que pedir algo a Interior no sería que mandase más fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que mandase menos intrusos, y eso requiere de decisiones de índole jurídico”, dijo en aquel entonces Francisco Martín.

Revilla, quien compartió con él este criterio, pidió por carta a Grande-Marlaska más Guardia Civil y un cambio de legislación para frenar este problema “endémico”. Entre las propuestas, la retirada del visado de turista de los polizones albaneses.

Lo cierto es que el perfil de los jóvenes que intentan pasar al Reino Unido embarcados como polizones desde Santander no tiene nada que ver con el del migrante subsahariano de Ceuta y Melilla. Acuden al norte de España desde Albania con pasaporte, vacunación contra la COVID realizada y visado de turista, lo que hace que dispongan de 90 días para intentar pasar al Reino Unido ya que de lo contrario serán repatriados. Acuden con dinero en efectivo, móvil e instrucciones y consignas. Se alojan inicialmente en pensiones pero con el tiempo, y si no prosperan sus intentos, acaban en el conocido como 'Hotel Albania' u 'Hotel Morri' ('piojo' en albanés), una urbanización a medio acabar en el barrio santanderino de Nueva Montaña como consecuencia de la crisis de 2008.

Tienen por Santander su principal base de operaciones, pero no la única. Tras blindarse Calais o Bilbao, la capital cántabra y los puertos existentes hasta Finisterre son objeto de asaltos. Hay constancia de que los migrantes albaneses suelen moverse en trenes por la Cornisa Cantábrica o en coches de alquiler baratos para recalar en otros puertos como Gijón y Avilés, si ven oportunidad en ellos. Buques cementeros, de tráfico ro-ro (cargamento rodado) como el dedicado al transporte de vehículos desde las fábricas y ferries de pasajeros son destinos predilectos de los migrantes albaneses siempre y cuando tengan por destino el Reino Unido.

No obstante, y según ha publicado El Español recientemente, unos de los puntos más frecuentes para intentar abordar un barco están lejos del puerto, paradójicamente: son las estaciones y áreas de servicio de las autovías. Allí localizan los camiones que acabarán embarcando, de cuyo destino tienen constancia, y acceden a su interior de madrugada con la confianza de que nadie descubra su presencia. La determinación de los jóvenes polizones hace que reintenten atravesar el perímetro del recinto varias veces cada noche. Según Martín, hace un mes eran 25 intentos nocturnos, varios de ellos protagonizados por los mismos, que tras ser expulsados realizaban una nueva tentativa.

La APS sigue explorando vías jurídicas. En este sentido, acaba de contratar por 14.000 euros un informe jurídico del bufete Cuatrecasas y Gonçalvez Pereira para explorar las repercusiones penales que puedan tener “las conductas de los intrusos que acceden indebidamente al Puerto de Santander”.

Sí que la devolución a Albania se activa cuando los polizones son detectados en el Reino Unido y devueltos a España. Entonces son reexpedidos a su vez a su país de origen vía aérea. Las autoridades británicas sancionan a la compañía afectada de manera importante: cada polizón supone 10.000 euros entre sanción y gastos de devolución al puerto de origen, una multa que, junto con la imagen de inseguridad que proporciona el puerto cántabro a los consignatarios puede poner en riesgo la permanencia de tráfico como los vinculados a vehículos y pasajeros, según las autoridades.

No obstante, las organizaciones que velan por los derechos humanos niegan este planteamiento que han venido reiterando los últimos presidentes portuarios desde que se cancelara una línea marítima con Cork, en Irlanda.

También se producen otros daños y costes: desperfectos en vehículos y camiones en donde los polizones duermen; buques que han de virar en plena canal de la bahía para volver al muelle al ser alertada la presencia de polizones... Hay una casuística abundante.

Los reiterados intentos de asalto, por más que hayan producido caídas y la rotura de algún hueso, no revisten más gravedad por ahora, pero también porque la suerte acompaña. Recientemente, un polizón tuvo que ser rescatado del agua cuando intentaba penetrar en un buque cementero trepando por la amarra al noray.

Son las mafias albanesas las que suministran información y consejos para buscar las mejores ocasiones de penetración no solo en Santander, sino también en Asturias. La mafia balcánica, en donde se encuadra la albanesa, dueña del trafico de cocaína en Reino Unido, recoloca a los irregulares albaneses en sus negocios de blanqueo de dinero: si consiguen entrar en el Reino Unido tienen muchas papeletas para acabar trabajando en lavanderías, bares, supermercados y restaurantes de la red mafiosa.

Esta pilota sus movimientos desde su salida de Albania, que suele costar entre 3.000 y 6.000 euros hasta su estancia en destino. También facilita dinero en efectivo si hace falta, acumula mapas e información sobre prácticas, intentos fallidos y exitosos e información sobre el movimiento de camiones y buques para generar oportunidades. Incluso se dan asaltos organizados en dos puntos simultáneamente en los que se aprovecha el fracaso en uno para el éxito en el otro.

Presión policial y movilización social

El asentamiento de albaneses en el 'Hotel Albania' se prolonga al menos desde hace dos años en condiciones indignas. Su existencia ha generado un movimiento de solidaridad ciudadana, sobre todo durante el año 2020, primer año de la pandemia. Organizaciones como Pasaje Seguro, además, y sobre todo tras el escándalo de la instalación de concertinas, han vuelto a retomar su postura crítica con la política migratoria española.

Al otro lado, la Policía Nacional mantiene un marcaje estrecho a los albaneses refugiados en el asentamiento, a los que frecuentemente pide la documentación y expedienta en algunos casos por estancia irregular en el país, no solo allí sino también en bares de las proximidades donde echan las mañanas esperando que anochezca.

Durante el confinamiento, la Policía impidió que vecinos de Nueva Montaña se acercaran al asentamiento para facilitar comida y agua. Quien lo hizo fue multado por violar lo dispuesto en el estado de emergencia.

Las instituciones, por otro lado, no han intervenido. El Ayuntamiento de Santander no ha prestado ninguna asistencia social, tampoco ninguna organización sindical ha mostrado especial interés por ellos. De hecho, y según han declarado testigos, el comité de empresa portuario ha trasladado en privado el mensaje de que “primero los de aquí, y luego los extranjeros”, llegando a calificar a los jóvenes albaneses, de entre 18 y 30 años, como “exmilitares profesionales, que saltan la valla y lo saltan todo”.

Lo cierto es que la situación de los albaneses no está provocando ninguna iniciativa política. El Parlamento, excepto algún diputado del PSOE, ha dado la espalda a este colectivo de emigrantes hace tiempo, los cuales son marcados institucionalmente como un riesgo para la actividad económica y potenciales delincuentes que campan por las calles de Santander.