CastroVerde y el PRC aprueban el polémico convenio entre el Ayuntamiento y la conservera Lolín
El voto favorable de CastroVerde, formación que gobierna en solitario en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, y del Grupo Municipal Regionalista ha hecho posible la aprobación, en el Pleno ordinario celebrado este martes, del convenio urbanístico entre el propio Consistorio y la conservera Lolín, de la que es propietario el empresario y concejal del PRC Jesús Gutiérrez.
En una sesión plenaria marcada por la presencia de varios puntos en el orden del día susceptibles de generar tensión entre los diferentes grupos de la Corporación municipal, la aprobación de este convenio se presentaba como uno de los más polémicos. Y así lo ha sido, sobre todo en el cruce de argumentos a favor y en contra entre regionalistas y el Grupo MásCastro a través de su único concejal, Demetrio García.
Con la ausencia del concejal y titular de la fábrica en el citado punto por tratarse de un asunto que le “afecta directamente” -como él mismo ha expuesto antes de abandonar la sala-, el convenio ha salido adelante por mayoría simple, con 10 votos favorables -7 de CV y 3 del PRC-, las abstenciones de los concejales socialistas y populares y el voto en contra de MásCastro.
Este acuerdo tiene como objetivo el traslado de la fábrica de Lolín, situada en el entorno urbano del municipio, al polígono industrial de Vallegón, para lo que es necesario una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para convertir el uso del suelo donde se emplaza la citada conservera de industrial a comercial.
A este convenio se presentaron seis escritos de alegaciones de particulares y formaciones como Equo y Podemos Castro que apuntaban una serie de supuestas irregularidades en torno al mismo. Finalizado el plazo para su exposición, se resolvieron en menos de una semana y la Comisión de Urbanismo dio luz verde al convenio para su aprobación en el Pleno.
En sus respectivas intervenciones, el portavoz de CastroVerde, Eduardo Amor, y Emilia Aguirre, por el PRC, sustituyendo al ausente Jesús Gutiérrez, han defendido las respuestas que se dieron en las alegaciones, que aseguraban que se trata de un convenio que “concilia el interés general con el del empresario” y que “jurídicamente no es incompatible”. Por tratarse de un convenio y no de un contrato “no está inhabilitado”, han apostillado.
Asimismo, Aguirre ha hecho hincapié en que “el principal interesado en que todo sea transparente es el PRC”, por “afectar directamente” al propio Jesús Gutiérrez, y ha lamentado que, “con todos los informes técnicos y jurídicos favorables, haya quien quiera posponer por posponer” la aprobación de este convenio.
El PP, por su parte, ha manifestado que no se opondría pero ha expuesto dos objeciones: que ese proceso no se lleve a cabo solo en esa parcela, es decir, que se haga lo mismo con el resto de empresas que se encuentran en la zona, y que los 950 metros cuadrados que se ceden al Ayuntamiento, recogidos en el acuerdo, sean de otra zona y no bajo cubierta.
Al respecto, el portavoz de la formación política que actualmente dirige el Consistorio ha señalado que “ojalá el resto de las empresas hubiesen venido desde un principio y hubiésemos podido hacer una tramitación integral del Plan General, pero no se lo podemos imponer”. Asimismo, ha subrayado que en la cesión de ese espacio se ha tratado de “encontrar un punto de equilibrio”. “¿Podría ser mejor? Seguro, pero se ha buscado equilibrio para ambas partes”, ha apuntado para apoyar su argumento.
“El Ayuntamiento pierde”
El más beligerante con este asunto ha sido el concejal de MásCastro, Demetrio García, quien ha manifestado su rotundo rechazo a este convenio puesto que “el Ayuntamiento pierde con él”. Al mismo tiempo, ha puesto sobre la mesa una cuestión que ha requerido la aclaración de la secretaria municipal. Afirmaba que no era posible su aprobación puesto que “afecta a terceros” y puede tener “cargas hipotecarias”.
La secretaria, por su parte, ha señalado que “no es necesario conocer” si presenta cargas dicha parcela hasta que “se apruebe la modificación puntual del PGOU”. Sobre este asunto, se ha manifestado el Grupo Socialista, quienes tampoco han querido ser “un impedimento” en la votación, pero sí han solicitado que lo que apuntaba el concejal de MásCastro, constase en el acta.
Queda pendiente, por tanto, que se someta a información pública la citada modificación, y que exige, en este caso, por tratarse de un instrumento urbanístico, la mayoría absoluta de la Corporación municipal para su aprobación definitiva en el Pleno del Ayuntamiento, según apuntan distintas fuentes a este medio.
