La adjudicataria de Parques y Jardines debe casi un millón de euros al Ayuntamiento de Santander

El contrato para el mantenimiento integral de los parques y jardines públicos de Santander sigue deparando sorpresas para el Ayuntamiento que gobiernan PP y Ciudadanos. Al problema surgido con la nueva adjudicación, que lleva más de un año paralizada, y al expediente abierto al jefe de servicio de este departamento por la detección de “graves deficiencias” en la gestión, se suma ahora un nuevo agujero de cerca de un millón de euros para las arcas públicas.

En concreto, tras la revisión de los precios en Parques y Jardines correspondientes a los años 2014 a 2018, la Intervención municipal ha detectado un importe a favor del Ayuntamiento de 878.279,54 euros, que se detraerá de las cantidades que resulten de la liquidación del contrato con las adjudicatarias, Urbaser y Contratas Piñera, según se refleja en el acta de la última Junta de Gobierno Local celebrada esta semana.

El Consistorio ha concedido ahora trámite de audiencia a la UTE que continúa temporalmente como adjudicataria en el expediente de revisión de precios del contrato suscrito para el mantenimiento integral de los parques y jardines, un proceso en el que tendrán la posibilidad de examinar el procedimiento que se esta llevando a cabo en su contra, además de poder formular nuevas alegaciones o aportar documentos que consideren importantes para la resolución de este conflicto con el Ayuntamiento.

De forma paralela sigue abierta la investigación por las supuestas irregularidades en las condiciones del contrato público, un proceso que provocó también que se apartara de su puesto de trabajo al jefe de servicio, un funcionario que estaba al cargo de manera temporal, ya que desde el Ayuntamiento se sospecha que hay hasta cinco millones de euros en gastos sin justificar por parte de la empresa cuando todavía no se ha acabado de revisar toda la documentación.

Estos hechos se hicieron públicos hace apenas un mes, cuando la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual (PP), compareció por iniciativa propia y de forma urgente para dar cuenta del plan de actuación cautelar que se había puesto en marcha, una vez la Intervención detectó que los pagos mensuales de 680.000 euros al contratista no estaban soportados documentalmente, es decir, que se validaban sin tener constancia fehaciente del cumplimiento de las obligaciones contraídas en materia de personal, maquinaria, mejoras a introducir, así como la revisión del precio.

El informe del interventor municipal fue muy duro, ya que señalaba “grandes deficiencias” en la organización e “incumplimientos flagrantes” de la empresa en materia de personal, medios o mejoras, al tiempo que incidía en la “nula colaboración” y documentación que obtuvieron sus requerimientos tanto por parte de la UTE como del jefe del servicio.

Dudas sobre Aqualia

El caso que se ha destapado ahora tiene muchas similitudes con la denuncia pública que realizó Ciudadanos cuando aún estaba en la oposición durante la pasada legislatura, cuando llegó a cifrar en 15 millones de euros la deuda pendiente de Aqualia con el Ayuntamiento de Santander por “pagos indebidos e inversiones no ejecutadas” por parte de esta empresa, concesionaria del servicio de agua y alcantarillado en la ciudad.

En aquel momento, el equipo de Gobierno abrió un expediente para recuperar para las arcas públicas parte del beneficio que había obtenido Aqualia en los diez primeros años de gestión de este servicio, un procedimiento que llegó a caducar por no ajustarse a los plazos previstos y por la complejidad del asunto, por lo que sigue pendiente de revisión.

Javier Ceruti, que en aquellos momentos era aún candidato a la Alcaldía por Ciudadanos y no portavoz municipal como ahora, reprochó al equipo de Gobierno que encabezaba su actual socia que no hubiera cerrado “en tiempo y forma” el expediente abierto para reequilibrar la explotación del servicio de aguas después de que un informe municipal revelara que Aqualia había registrado un superávit de 2,4 millones de euros, 800.000 euros más del máximo establecido por contrato.