La “deficiente gestión” de las ayudas al alquiler colapsa la Oficina de Vivienda
El Gobierno de Cantabria anunció a principios del mes de mayo la resolución de la convocatoria de ayudas al alquiler para 2016, a través de las que 3.400 ciudadanos recibirán una subvención mensual por un importe de hasta el 40 por ciento de la cantidad de la renta. Desde entonces, largas colas, discusiones y un sinfín de papeles en los mostradores son una constante en la sede de la Consejería de Vivienda, que se encuentra “colapsada” ante la imposibilidad de atender a tal avalancha de beneficiarios.
“Esto es una vergüenza. No hay personal suficiente y nos obligan a perder la mañana para resolver un trámite que se podría hacer a través de internet”, lamenta una de las afectadas ante la cara de resignación de los funcionarios de este departamento. En su caso, es el tercer día consecutivo en el que intenta entregar los recibos del banco que justifican el pago de su alquiler en los meses de enero, febrero, marzo y abril, una obligación necesaria para cobrar la ayuda.
Este miércoles, después de dos horas y media de espera, ha tenido suerte: “He venido a las siete de la mañana, dos horas antes de que abrieran la oficina. Y ni siquiera así he sido la primera. Ya había gente esperando cuando he llegado”, relata. “Yo vivo en Santander, pero imagínate los que tienen que venir desde Potes, Castro o Reinosa”, reflexiona poco después de entregar toda la documentación.
Y es que el horario de la oficina de atención al público es de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes, lo que genera también múltiples protestas. No todo el mundo puede compatibilizar su trabajo con una gestión que debe realizarse de forma presencial y que tiene que repetirse cada mes, después del pago del alquiler y con un plazo de entrega de apenas unos días.
“Los trámites son lentos, farragosos, repetitivos e innecesarios”, confiesa uno de los funcionarios que soporta estoicamente los enfados de los beneficiarios de las ayudas. “Estamos obligados a aguantar el chaparrón, pero no es culpa nuestra. Nosotros hacemos lo que podemos, pero es materialmente imposible atender a tal cantidad de personas en tan poco tiempo”, remata otra de las personas que atienden el servicio.
Ambos reconocen que hay una “gestión deficiente” y señalan hacia la sexta planta, a los despachos de los responsables políticos, que son los que toman las decisiones. “Estamos muy quemados. Nos toca aguantar los gritos y las broncas día tras día. Esto no es una cuestión puntual, lo venimos sufriendo desde hace años sin que nadie ponga remedio”, explican a eldiario.es antes de pedir que no se les identifique para “evitar represalias”.
La cantidad de documentos y gestiones a realizar provoca múltiples errores entre los beneficiarios, que de no entregar a tiempo sus solicitudes pueden perder la ayuda de ese mes. Esto, sumado a que los que esperan no entran siquiera en las dependencias de la Consejería y se agolpan incluso en la calle, al nerviosismo que genera las horas 'robadas' al trabajo o la familia, o las malas noticias en forma de 'vuelva usted mañana', genera situaciones de crispación, amenazas veladas y conatos de pelea.
Sin alternativas a la vista
Desde el departamento que dirige José María Mazón (PRC), sin embargo, están “satisfechos” con la concesión de estas subvenciones y destacan la “agilidad” con la que se han resuelto este año. “En 2014, con el PP, se pagaron en el mes de diciembre; en 2015, con nosotros en el Gobierno, se empezaron a pagar en agosto. Este año esperamos comenzar a abonar las ayudas en el mes de mayo”, resaltaba el consejero en una reciente comparecencia pública.
De hecho, el Gobierno de Cantabria aprobó para este ejercicio una modificación del decreto que regulaba las ayudas al alquiler de vivienda, con el fin de “simplificar los requisitos y trámites” e “incrementar el número de beneficiarios”. Así, según explicó el Ejecutivo, este cambio posibilitará que puedan optar a las ayudas los beneficiarios que ya las recibieron en los ejercicios de 2014 y 2015 y establece un nuevo límite de tres años, aunque condicionado a las disponibilidades presupuestarias.
Además, se eliminó la limitación del precio por metro cuadrado de superficie útil, lo que traía aparejado labores de comprobación y requerimiento de documentación a los solicitantes que retrasaba la resolución del procedimiento y solo se exige que el alquiler no supere los 500 euros mensuales. También se suprimió el requisito de acreditar una fuente regular de ingresos anuales iguales o superiores al importe de la renta del alquiler.
Estas nuevas condiciones consiguieron sus objetivos iniciales: A la convocatoria de ayudas al alquiler se han presentado este año un total de 4.422 solicitudes, lo que supuso un incremento superior al 38% respecto al pasado año. Aunque las solicitudes admitidas ascienden a 3.398, el número total de personas beneficiadas asciende a 8.089, por lo que el Gobierno de Cantabria destinará casi seis millones de euros en este 2016 a ayudar en el pago del alquiler.
