Los 300.000 euros que estafaron el electricista y su esposa al Ayuntamiento de Castro Urdiales entre los años 1998 y 2002 no suponen un caso aislado en el municipio. Estos hechos -cuyo juicio se celebró la pasada semana y en el que los acusados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía por un año y nueve meses de cárcel y 1.620 euros de multa frente a los cinco años que pedía el Ministerio Público inicialmente-, son una pequeña muestra de un 'modus operandi' que llevó a cabo el Consistorio castreño en aquellos años, y que ha supuesto un fraude para sus arcas de más de nueve millones de euros.
Así lo señala el auto del cierre de las diligencias previas que investigaba las contrataciones menores del Ayuntamiento, al que ha tenido acceso este medio y que se encuentra en poder del Juzgado número 1 de Castro desde el año 2013. En él se recogen los múltiples informes de reparos llevados a cabo por Fernando Urruticoechea, interventor municipal en esta Corporación entre los años 2001 y 2006. Se trata de “nueve millones de euros en contratos a dedo a repartirse entre todos los proveedores y afines al partido gobernante”, apunta este funcionario a eldiario.es.
El equipo de gobierno encabezado entonces por el exsocialista Rufino Díaz Helguera -imputado en otras causas por corrupción-, “reparte todo esto en migajas de complacencia para tener todo un sistema de soborno generalizado socialmente, a fin de que las principales plusvalías se las puedan apropiar por los grandes caciques y grandes intereses económicos y que nadie proteste”.
Así de contundente se muestra este interventor que fue llamado a declarar en calidad de testigo en el juicio del electricista y su esposa, y que finalmente -a pesar de que se suspendió en enero para que acudiera a la vista-, como consecuencia del acuerdo con la Fiscalía no ha tenido que intervenir.
El auto recoge “la existencia de múltiples indicios de delito contra la administración pública por el incumplimiento generalizado y flagrante de la legalidad en materia de contratación desde al menos 1998 hasta el mes de mayo de 2003 por parte del Sr. Rufino Díaz Helguera como máximo responsable municipal”.
“Estos indicios consistirían tanto en la ausencia casi absoluta de expedientes de contratación como el fraccionamiento deliberado e injustificado de los contratos para disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad, concurrencia, procedimiento o forma de adjudicación”, tal y como se extrae del texto.
Relata que en el año 2002, el PP presentó una querella contra el Gobierno de Díaz Helguera acumulando sus informes de reparos que “no tuvo ningún tipo de tratamiento, sino un archivo provisional con mínima investigación”. Sin embargo, el exinterventor afirma que en esos reparos “no se encontraba el caso 'Korta'” puesto que cuando él llegó en 2001 “cesó la actividad fraudulenta” del electricista y su esposa.
Cuando el juez Luis Acayro Sánchez, titular del número 2, trasladó esa documentación en 2013 a la Audiencia Provincial, incluida, según el propio Urruticoechea, la del caso 'Korta', “el abogado de Díaz Helguera tiene la habilidad de recordar que en el año 2001, cuando solo había un juzgado en Castro (posteriormente se constituyeron dos más por el crecimiento demográfico de la localidad), ya había una causa abierta por todo ello”, explica este funcionario.
De esta forma, argumenta que “no era competente que el Juzgado número 2 abriera e instruyera una causa que estaba en el 1”. Así pues, la Audiencia Provincial, basándose en el “motivo” que encuentra este abogado, “remite de nuevo toda la documentación al Juzgado número 1 exceptuando el caso 'Korta'”, sostiene el exinterventor. “Se cercena toda la instrucción”, apunta, cuyas diligencias se abren en 2008.
“Mismo sistema”
Como consecuencia de ello, “se quedaron solo con esa parte para juzgar, 300.000 euros de nueve millones, y el resto lo enviaron para que lo reabra el Juzgado número 1”, incide, algo que “desde el 2013 hasta hoy aún no ha ocurrido, está paralizado”, lamenta.
Asimismo, hace hincapié en que en todos los casos se llevó a cabo “el mismo sistema” por el que han condenado la pasada semana al electricista y a su esposa. “Son facturas controladas una a una hasta el año 2003”, señala, “lo mismo que el otro día reconocieron a través del pacto con la Fiscalía que habían robado esos 300.000 euros, todo lo demás está igualmente probado”, sentencia Urruticoechea.
“¿Por qué no se persiguen esos robos?”, se cuestiona con indignación. Asegura que son temas “muy sencillos”, que no tienen la complejidad de los urbanísticos y que “no requieren de una mayor especialización técnica”. “Es una forma clarísima de cortocircuitar la investigación sobre la corrupción y da muestra de la falta de interés de las autoridades judiciales de esta comunidad en investigar la corrupción en Castro Urdiales”, recalca.
“Silencio del Ayuntamiento”
Asimismo, Urruticoechea critica duramente que el Ayuntamiento se retirara como acusación particular en el juicio del electricista y que no se implique con las causas pendientes. “La consecuencia de todo esto es un daño patrimonial mayúsculo y muy claro al Ayuntamiento, es un saqueo a las arcas públicas”, señala, “ingresos que han dejado de percibirse y gastos con facturaciones falsas, tal y como se ha demostrado”, explica.
Así pues, este funcionario considera que “es evidente que al PP y al PSOE no les interesa que se remueva el tema”. No obstante, pone el foco en CastroVerde y en su papel tras ganar las elecciones municipales en 2015. “Se entiende que es una agrupación que representa a las fuerzas sociales que no se lucraron entonces y que en su programa se plantea la regeneración”, afirma.
“Estuvieron apartados de la tarta durante estos años y se supone que tanto socialmente como políticamente tienen capacidad para regenerar y para haber realizado una serie de investigaciones, con el objetivo de exigir la devolución del dinero a aquellos que se apropiaron indebidamente”, subraya Urruticoechea. “Pues no, más de lo mismo, ha caído una losa de silencio”, lamenta reprochando “no recibir ningún tipo de amparo” por su parte.
Podemos pide contundencia
En esta línea se ha posicionado también esta semana Podemos Castro Urdiales, formación que no tiene representación en la Corporación municipal, pidiendo al Consistorio que se persone como acusación particular en el caso 'Nóminas' o 'Sobresueldos', otra de las causas abiertas por corrupción de aquella etapa negra en esta localidad, y cuya investigación “está incomprensiblemente paralizada en el Juzgado número 1 desde 2015”.
“En dichas diligencias se constata la contratación a dedo de un alto porcentaje de los empleados del Ayuntamiento, además de un perjuicio de más de nueve millones de euros para las arcas municipales, y entre los acusados están como máximos responsables en materia de personal los exalcaldes Díaz Helguera y Muguruza Galán”, apuntan. Para Podemos, al igual que señalaba Urruticoechea, “la injustificada paralización de este caso demuestra el escaso interés de la justicia por juzgar los casos de corrupción”.
Ante este escenario, el partido morado ha solicitado al alcalde, Ángel Díaz Munío, que inicie los trámites para que el Ayuntamiento se persone como acusación particular, “solicitando las penas máximas para cada delito cometido y para cada acusado, así como la responsabilidad patrimonial de los acusados para que devuelvan el dinero que no deberían haber obtenido de las arcas municipales”.
Del mismo modo, Podemos Castro Urdiales ha exigido “el compromiso firme e inequívoco por parte del alcalde de no retirar dicha acusación en ninguna fase del proceso”.