Arranca la comisión de investigación que busca el destino de 21 millones de euros
La comisión de investigación que arranca este miércoles en el Parlamento de Cantabria parte de una premisa común en la que coinciden todos los grupos políticos: el proyecto empresarial de Ecomasa-Nestor Martin fue un “fracaso absoluto” que causó un grave quebranto a las arcas públicas de Cantabria. Con ese punto de partida, PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos tratarán de establecer a lo largo de los próximos meses las responsabilidades políticas de una apuesta fallida que dilapidó más de 18 millones de euros públicos y otros tres a costa de los trabajadores que llegaban despedidos de Teka.
De todas formas, el arranque de la comisión de investigación este miércoles es más formal que real, puesto que servirá únicamente para establecer un plan de trabajo, según avanzó su presidente, el diputado regionalista Fernando Fernández. Todos los partidos podrán comenzar a solicitar la documentación y los informes que avalaron la inversión por parte del Ejecutivo que dirigía Ignacio Diego (PP) y las comparecencias de los implicados tendrán que esperar hasta después del verano, dado que la actividad parlamentaria para hasta septiembre.
En cuanto a las expectativas, la opinión de los grupos va desde el escepticismo hasta el temor a que la comisión de investigación se convierta en un arma arrojadiza con tintes políticos. Los precedentes durante la pasada legislatura, con sendos procesos alrededor de Cantur y GFB, indican el alto nivel de crispación que puede llegar a provocar un órgano de este tipo en el seno del Parlamento.
Desde el Partido Regionalista de Cantabria, que estará representando por tres miembros, insisten en que su único objetivo es “establecer a dónde fueron a parar los 18 millones de euros de dinero público invertido en la empresa Ecomasa-Nestor Martín, así como los tres millones de las indemnizaciones que los 87 trabajadores de Teka pusieron para tener un puesto de trabajo”.
“El PRC no contribuirá a que la comisión se convierta en una persecución destructiva del adversario político”, subrayan los regionalistas, que creen que “la comisión debe servir para esclarecer si las decisiones que se adoptaron en cada momento eran las correctas y quiénes las tomaron y en base a qué criterios”. También advierten que si como resultado de la investigación se desprenden indicios de algún delito se enviará la documentación al juzgado y a la Fiscalía para que se añada al proceso judicial que está pendiente de resolución en los tribunales.
En esta misma línea se pronuncia su socio de Gobierno en el bipartito. La portavoz del PSOE, Silvia Abascal, ha explicado a eldiario.es que los informes del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Sodercan o la Consejería de Industria, que sirvieron para aprobar las sucesivas ayudas públicas, “aportarán mucha luz” para saber qué pasó en un proyecto empresarial en lo que los trabajadores están ahora despedidos y se sienten “estafados”.
Ambos partidos, que ahora sostienen al Ejecutivo autonómico, insisten en que “no serán obstáculo para que se facilite la documentación y las comparecencias que sean razonables y que aporten claridad a la investigación al caso Ecomasa-Nestor Martin”, algo de lo que dudan Podemos y Ciudadanos, las formaciones políticas que impulsaron esta comisión y que ahora se han quedado fuera de la mesa que manejará los tiempos y marcará el calendario.
Falta de transparencia
Precisamente, los primeros pasos de esta comisión de investigación se dieron envueltos en la polémica, lo que ha provocado acusaciones de “falta de transparencia” desde las filas de los dos partidos con menor representación parlamentaria. José Ramón Blanco, diputado de Podemos, confía en que a pesar de todo “valga para algo” y se esclarezcan las responsabilidades políticas. “¿Por qué no hubo un control y un seguimiento del uso del dinero público”, señala el representante de la formación morada como pregunta clave.
Blanco, que mantiene un contacto permanente con el comité de empresa y los líderes sindicales de la fallida Ecomasa-Nestor Martin, pretende hacer de altavoz e intentar que los trabajadores estén presentes en un debate que prevé áspero y de tono bronco. “Será imposible evitar que se tiren los trastos a la cabeza. Si entran en ese circo, no podremos hacer mucho”, reconoce el diputado, que considera que el Gobierno debería ser responsable subsidiario de lo sucedido y hacer frente a una parte, si no a la integridad, del dinero que la plantilla invirtió en la fábrica de estufas.
“Las expectativas se han reducido bastante después de ver la composición de la mesa”, señala también el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez. Para el diputado naranja, “hay que tomárselo con relativa calma” porque la documentación será ingente y requiere de un estudio pausado. “Indistintamente del proceso judicial en marcha, hubo una gestión nefasta por parte del Gobierno, que malgastó 18 millones de euros en una apuesta cuanto menos rara”, opina.
“Comisión extemporánea”
“Lógicamente no esperamos que aclare nada desde el punto de vista penal o judicial. En realidad, es una comisión de investigación extemporánea, a diferencia de la de Cantur o GFB, porque en este caso ya hay distintos procesos abiertos en los tribunales”, asegura por su parte Eduardo Van den Eynde, portavoz del Partido Popular, que confía en que “quede absolutamente claro que la labor del Gobierno fue legal, más allá de la cuestionable labor de sus socios privados”. En opinión del diputado del PP, aunque la operación saliera mal, la actuación de sus compañeros de filas durante la pasada legislatura “no fue negligente”.
Además, tampoco cree que esta comisión pueda servir de “arma arrojadiza” contra su partido porque “no hay ningún imputado”. “El proyecto estaba vivo cuando llegó el actual Gobierno y fueron ellos los que cortaron la financiación del plan de viabilidad que estaba vigente”, concluye.
