La imputación del exgerente de Valdecilla reactiva la comisión de investigación sobre las obras del hospital
La imputación por un presunto delito de prevaricación administrativa del exgerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, César Pascual (PP), en un caso relacionado con una adjudicación “irregular” a Ferrovial en la Comunidad de Madrid, ha reactivado el interés por la comisión de investigación pendiente en el Parlamento de Cantabria sobre la privatización de los servicios no sanitarios del hospital cántabro a favor de una filial de esta constructora.
Tras la información publicada en eldiario.es sobre este alto cargo vinculado a distintas administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular, PSOE y Podemos han solicitado que se investigue si Pascual “favoreció” a la empresa Ferrovial en la firma del polémico contrato de colaboración público-privada que permitió acabar las obras de Valdecilla y que obliga al Gobierno de Cantabria a pagar casi 900 millones de euros en los próximos 20 años a la UTE integrada por esta compañía junto con SIEC.
Rosana Alonso, parlamentaria de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados y actual candidata a la Secretaría General de la formación morada en la comunidad, ha manifestado su “indignación” por la imputación de César Pascual por un delito de prevaricación administrativa en la causa que investiga la adjudicación del servicio de traslado urgente de pacientes a los hospitales públicos madrileños, donde trabaja actualmente como director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria en el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) en la Comunidad de Madrid.
Alonso ha remarcado la “gravedad” de las grabaciones en las que el exgerente de Valdecilla, junto a otros tres altos cargos también imputados, presiona a una corporación para retirar su oferta favoreciendo a Ferrovial, empresa con la que suscribió el contrato para finalizar las obras de Valdecilla a cambio de 900 millones de euros a lo largo de 20 años.
Además, desde la formación morada han considerado que María José Sáenz de Buruaga, consejera de Sanidad en la etapa en la que se firmó el 'megacontrato' de Valdecilla con la constructora, “debe estar políticamente inhabilitada dada la gravedad de las acusaciones, una vez que han salido a la luz unas grabaciones que evidencian el interés de su mano derecha en favorecer a Ferrovial”.
Esta información, ha señalado la diputada morada, “se suma a las relacionadas con los grandes beneficios que obtuvieron las empresas Ferrovial y SIEC de ese contrato y a la falta de financiación a la que el propio PP, desde el Gobierno estatal, está sometiendo a Valdecilla, hospital de referencia en todo el norte de España y uno de los símbolos que más prestigio da a nuestra comunidad”.
Investigación en profundidad
Ante estas circunstancias, Alonso ha reclamado al Ejecutivo cántabro que “ponga en manos de la Fiscalía toda la documentación relativa al contrato público-privado para que investigue cualquier irregularidad que pudiera llevar a su resolución”, así como que el Parlamento active de manera “inmediata” la comisión de investigación aprobada por todos los grupos políticos sobre las obras en este hospital y que, en su opinión, “acumula una injustificada demora”.
Y es que entre las propuestas que continúan en suspenso en el Parlamento de Cantabria se encuentran algunas de gran calado, y que parecían fundamentales para el devenir político de la comunidad autónoma en pleno proceso electoral, como la comisión de investigación sobre las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que salió adelante en pleno el 11 de abril de 2016 con el apoyo de todos los grupos a excepción del PP y que sigue en el cajón cuando se van a cumplir dos años de su aprobación.
Reacción del PSOE
También desde el PSOE la secretaria general de Economía y Comunicación, Ainoa Quiñones, ha exigido al PP que aclare “si benefició a Ferrovial” en el contrato de colaboración público-privada del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
“Los socialistas exigimos al PP y a la presidenta del partido y exconsejera de Sanidad, María José Saénz de Buruaga, que aclare públicamente si Cesar Pascual pudo actuar de forma irregular o si benefició a la empresa Ferrovial durante los años que trabajó de la mano del Ejecutivo de los 'populares' cántabros, tal y como presuntamente ha podido suceder en Madrid”, ha señalado Quiñones en un comunicado de prensa en el que ha recordado que el PSOE “siempre” ha estado “en contra” del contrato de gestión público-privada.
A su juicio, “el PP de Cantabria actuó de manera imprudente e irresponsable al contratar los servicios de Pascual, el mismo que a día de hoy está siendo investigado por ejecutar presuntas irregularidades en su gestión en el Grupo Ferrovial en la Comunidad de Madrid”.
