Soraya Sáenz de Santamaría ha conseguido una victoria agridulce en las primarias en las que se disputaba el liderazgo del Partido Popular. La escasa diferencia con la que se ha impuesto a su principal adversario, Pablo Casado, y el enrevesado sistema de elección que estableció el PP para dirimir este proceso, con una segunda vuelta, dejan abierta una posibilidad que ya tiene un antecedente en Cantabria: que el favorito de los militantes no sea ratificado por los compromisarios y asalte el poder la segunda opción en las urnas.
Y es que las primarias que se celebraron en el seno del PP cántabro en marzo de 2017 tienen muchas similitudes con lo ocurrido en las últimas semanas en el partido a nivel nacional, ya que ambos procesos han estado envueltos en la polémica y la batalla abierta entre distintas facciones de la formación conservadora han saltado a la luz pública después de muchos años larvadas y pendientes de resolver. Ahora, además, la guerra fratricida podría tener un final muy parecido, con un candidato que no ha obtenido el apoyo mayoritario de los afiliados dando la vuelta a los resultados.
Sáez de Santamaría, incluso, puede conocer todos los detalles de este precedente de la boca de alguien muy implicado en el proceso: el exalcalde de Santander y exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, integrado en su equipo, fue una de las figuras clave para que la actual presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, consiguiera imponerse en el pulso que mantenía con el hasta entonces líder del partido en la comunidad, Ignacio Diego, que había sido su padrino político y aspiraba a la reelección.
Diego, como candidato a revalidar el cargo, obtuvo en aquellas primarias del PP de Cantabria un total de 1.558 votos, 136 más que los 1.422 logrados por Buruaga, que había sido su vicepresidenta durante una legislatura en el Gobierno autonómico y su secretaria general en el partido durante más de una década. La diferencia entre ambos en la elección de los militantes rondó el 3%, una cifra coincidente a su vez con el resultado que separa a Santamaría de Casado en el cónclave nacional.
Acusaciones de pucherazo
Aquel proceso estuvo plagado de advertencias, sospechas, descalificaciones, denuncias, acusaciones de pucherazo y llegó incluso a los tribunales. De hecho, los afines al expresidente judicializaron el Congreso Regional después de constatar que altos cargos y familiares de Buruaga realizaron cuantiosos ingresos para abonar las cuotas de otros afiliados a través de una “cuenta pantalla” y probar que hubo 511 transferencias, algunas realizadas desde la propia sede del partido, a nombre de un militante con discapacidad que reconoció no haberlas hecho.
Aunque los tribunales no han ratificado esta teoría, los miembros de la candidatura de Ignacio Diego siempre han sostenido que esos ingresos de cuotas a militantes, -que de no estar al corriente de pago no hubieran podido participar en un proceso en el que votaron unas 3.000 personas-, fueron claves para evitar una derrota aún más contundente de Buruaga.
Si se llega a haber producido una diferencia superior a los 15 puntos en las primarias, Diego seguiría siendo ahora el presidente del PP de Cantabria. Sin embargo, hubo segunda vuelta en el Congreso Regional... y los compromisarios dieron la victoria a Buruaga por tan solo cuatro votos. Desde entonces, la nueva líder del partido se ha tenido que enfrentar a acusaciones de todo tipo y el sector crítico que sigue activo no reconoce aún su legitimidad, al considerar que se contradijo la decisión soberana de los afiliados.
Grave división interna
La posibilidad de diseñar una lista de integración de cara al Congreso Regional que evitara el choque de trenes nunca se llegó a valorar de forma seria, dado que el enfrentamiento entre los dos bandos en disputa era más personal que político y se acusaban mutuamente de “traición”, lo que desembocó en un cara a cara en el que todas las figuras relevantes del partido tuvieron que tomar posición.
Más de un año después de aquel proceso interno, las heridas siguen sin cicatrizar y la división es muy patente, por ejemplo, en el grupo parlamentario, donde Buruaga ni siquiera puede ser portavoz ya que 9 de los 13 diputados del PP en la Cámara regional son partidarios de Diego y lo han impedido reiteradamente.
Además, la presidenta no ha podido ratificar todavía su candidatura como cabeza de lista del PP cántabro en las próximas elecciones autonómicas de 2019 y se han escuchado voces desde dentro del partido que claman por la imposición de una gestora que pilote una transición pacífica.
También en el ámbito municipal ha habido destacados alcaldes que han mostrado su rechazo a Buruaga y han especulado con la posibilidad de presentarse el año que viene como independientes o dar el salto a Ciudadanos, un camino que ya han emprendido algunos militantes.
Como muestra de la debilidad interna que acecha al PP de Cantabria destaca un dato por encima del resto: en las primarias autonómicas de 2017 participaron unos 3.000 afiliados, mientras que solo 1.400 lo han hecho en el proceso para elegir al próximo líder del partido a nivel nacional un año después. Precisamente, alrededor de 1.400 fueron los votos que obtuvo María José Sáenz de Buruaga cuando perdió en primera instancia frente a Ignacio Diego.