El Gobierno de Cantabria firmará en los próximos días un acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) -el nombre burocrático del conocido popularmente como banco malo- para la cesión de 40 viviendas en alquiler que se sumarán a los recursos ya existentes para atender situaciones de emergencia habitacional, es decir, para dar cobijo a aquellas personas que peor lo están pasando como consecuencia de la crisis.
Hasta aquí, todo correcto. Parece una medida necesaria dadas las actuales circunstancias y encaja perfectamente con el rumbo social que pretende imprimir el bipartito PRC-PSOE a su gestión durante la presente legislatura. “¿Y esos pisos que cede el Sareb a cambio de un alquiler están vacíos en este momento?”, pregunté al consejero José María Mazón. “Bueno, todos no. Algunos vienen con bicho”, sentenció el responsable de Vivienda para referirse a los inquilinos que habitan esas casas, con un término peyorativo y faltón que emplean habitualmente las inmobiliarias o los bancos para referirse a los morosos.
¿Una anécdota sin importancia? Puede ser. También una salida de tono innecesaria de un gestor público, que demuestra una nula capacidad de empatía y una falta absoluta de sensibilidad ante las situaciones dramáticas que viven muchos de esos ciudadanos que están a punto de perder el techo bajo el que desarrollan sus vidas. Todo ello, además, durante la presentación de la nueva Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria, que supuestamente tiene como objetivo atender a aquellos ciudadanos que sufren la amenaza del desahucio inminente.
Las caras de sorpresa de la docena de periodistas que estábamos allí fueron elocuentes. También lo fueron los ostensibles gestos de incomodidad del presidente Miguel Ángel Revilla ante las palabras de su consejero en un momento tan inoportuno. Si el codazo del jefe de filas del PRC alcanza las costillas de su subordinado, todavía se estaría doliendo del golpe. El líder regionalista cortó bruscamente a Mazón para evitar que su metedura de pata fuera más allá, porque sus explicaciones no hacían más que agravar lo que hubiera quedado en un simple chascarrillo sin importancia.
Y es que Mazón es reincidente, no lo podemos olvidar. En plena campaña electoral de 2011, cuando la crisis golpeaba más fuerte y los partidos se afanaban por mostrar su cara más solidaria, el consejero defendió en un debate con representantes de otras formaciones que “es necesario reducir el gasto en todos los ámbitos, incluida la Educación, la Sanidad o los Servicios Sociales, para conseguir recursos que permitan financiar la obra pública”.
Entonces fue su compañero Rafael de la Sierra el que aseguró que Mazón era “un activo muy importante” del PRC, “muy buen político y gestor” y “en lo suyo, que es la ingeniería, extraordinariamente valioso”, aunque reconoció que “en algunas ocasiones no atina”. Fue una rectificación en toda regla y una evidente desautorización para uno de los hombres de confianza de Miguel Ángel Revilla, que parece no haber aprendido la lección.
La corrección política y los discursos prefabricados de los representantes públicos convierten un desliz en la única forma de saber lo que piensan realmente sobre temas espinosos. Y está claro lo que piensa Mazón sobre la necesidad de abordar el problema de vivienda que existe en Cantabria. Al consejero se le veía más cómodo anunciando grandes infraestructuras, inaugurando carreteras, aceras y plazas, como hacía en su anterior etapa en el Gobierno, que manteniendo reuniones con los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o buscando soluciones para las familias que pierden su casa.
Las prioridades del Gobierno de Cantabria en esta materia parecen haber cambiado sustancialmente esta legislatura. Las grandes inversiones en obra pública han quedado descartadas como consecuencia de la crisis económica y los sucesivos recortes presupuestarios y la sensibilidad social hacia el drama de los desahucios ha aumentado de forma proporcional. Así, lejos de anunciar la construcción de nuevas promociones de vivienda protegida, el Ejecutivo autonómico ha puesto el foco en la emergencia habitacional que sacude a miles de ciudadanos y ha anunciado medidas importantes que aún debe desarrollar.
Teniendo en cuenta que más de medio millón de familias han sido desahuciadas en España desde 2007 y 380 perdieron sus casas el año pasado en Cantabria, y que ha crecido de forma alarmante el número de personas que piden ayuda a la PAH en los últimos meses, según confirman desde este colectivo, será interesante comprobar si las intenciones del Gobierno de Cantabria son ciertas o se quedan en meros fuegos artificiales. También tendrá interés confirmar si este cambio de rumbo se hace por convicción o es otro ejercicio de travestismo político porque son rehenes del pacto con Podemos que permitió la investidura de Revilla. Y, además, habrá que constatar si José María Mazón es la persona adecuada para llevar adelante esta nueva política.
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