Un sistema de comunicaciones de emergencia caro y que falla: dos millones de euros para acabar dando cobertura solo al 20% de Cantabria

Durante una visita de la consejera de Presidencia de Cantabria, Isabel Urrutia (PP), al Parque de Bomberos de Laredo, la responsable política de este cuerpo de emergencias quiso probar el sistema de comunicaciones. Ocurrió nada más tomar posesión, en agosto de 2023. Nueve veces lo intentó Urrutia. No pudo ninguna. Ostensiblemente contrariada, la respuesta de la consejera fue doble: anunciar más recursos y responsabilizar al anterior Gobierno del PRC-PSOE de la inoperatividad de algo tan vital para los que prestan socorro como es estar comunicados, condición imprescindible para atender un siniestro.

“No se han hecho bien las cosas”, aseguran representantes de los trabajadores del Gobierno de Cantabria. El sistema de comunicación Red Digital de Radiocomunicaciones en Emergencias de Cantabria (Remercant) que costó dos millones de euros al anterior Ejecutivo autonómico está sin usar a pleno rendimiento por la desconfianza que generan sus fallos: cientos de terminales permanecen en cajas almacenadas en ayuntamientos o en las dependencias de la Dirección General de Montes -cuyos empleados se comunican por medios propios o con equipos comprados en tiendas generalistas-, bomberos autonómicos que se comunican con la central de emergencias del 112 con sus móviles, postes de comunicaciones sin mantenimiento ni control o dañados... Un sinfín de circunstancias que complican su trabajo y ponen en riesgo su seguridad.

La red propia con la que Cantabria pretendía ser autónoma está configurada actualmente por equipos analógicos y móviles personales y los nuevos y caros aparatos (algunos de ellos con un precio cercano al millar de euros) no se usan ni en simulacros ni en cursos de formación. “No hay protección civil si no hay comunicaciones”, sentencian los representantes de los trabajadores en declaraciones a elDiario.es.

La red de radiocomunaciones autonómica fue adjudicada a la UTE Telnor-Adtel, la cual se comprometía a poner en pie el sistema. La adjudicación vino precedida de la sospecha de baja temeraria, pero los técnicos finalmente validaron la misma tras las explicaciones de la concesionaria. Mientras se ponía en pie el sistema, el sistema anterior (SIRDEE) siguió operativo, pero cuando se desconectó empezaron los problemas: el sistema operaba mejor sobre el papel que en el terreno. El desconcierto cundía entre los usuarios: personal de Montes, bomberos forestales, bomberos del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), voluntarios de Protección Civil, empleados de Carreteras, bomberos y policías locales... y con el desconcierto, el malestar. “Desde el primer momento no se usó y varios de los 32 nodos de comunicaciones estaban destruidos con paneles solares y generadores dañados”, describe un representante sindical.

En 2021, la entonces consejera de Presidencia, Paula Fernández (PRC), y su directora general de Protección Civil, Jezabel Morán, anunciaron públicamente que Cantabria abandonaba el Sistema Integral de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado (SIRDEE) y crearía una red de comunicaciones propias sobre la base de 32 nodos o torres de comunicación y cientos de aparatos y terminales. Se dejaba atrás así el sistema SIRDEE, propiedad del Ministerio del Interior y utilizado para sus comunicaciones en toda España tanto por la Guardia Civil como la Policía Nacional, la Casa Real o la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La decisión, que fue espoleada por la aparición de fondos europeos para la recuperación postpandémica, llegó a comprometer dos millones de euros. El resultado es que si SIRDEE se dejaba porque daba problemas (todo el material hubo de devolverse para su destrucción), dos años después, el nuevo ni siquiera sirve y el material adquirido duerme el sueño de los justos en almacenes de las administraciones autonómica y local por toda Cantabria.

En total, se preveía adquirir 750 terminales operativos e instalar 32 repetidores. Sin mantenimiento, algunos de estos ya están deteriorados y los terminales nadie los quiere porque no funcionan. Los operarios vinculados a la extinción de fuegos, policía, bomberos y protección civil utilizan teléfonos móviles o viejos sistemas analógicos por lo que las comunicaciones quedan comprometidas y las posibilidades limitadas, por no hablar del riesgo que supone para los trabajadores que han de extinguir fuegos y acudir a emergencias sin saber fehacientemente cómo la situación evoluciona a su alrededor.

La inversión autonómica ha alcanzado casi los dos millones de euros, 720.000 euros de fondos del Gobierno de Cantabria y 1,2 millones de fondos europeos (REACT). El Gobierno de Cantabria llegó a facilitar ayudas, por importe de 460.000 euros, para la adquisición de 544 terminales para 65 ayuntamientos, sobre todo Camargo, Reinosa, Torrelavega, Castro Urdiales y Cabezón de la Sal, pero también Tresviso o Polaciones. De hecho, ni en Montes, ni en Carreteras se usa. En Camargo, los policías locales han vuelto al sistema SIRDEE, como los bomberos de Torrelavega y el propio Ayuntamiento de Santander, que ha vivido un calvario de años con sus intentos de separarse del sistema estatal y se ha tenido que rendir.

La pretensión era ambiciosa pero el resultado ha sido estrepitoso, según los afectados. Se quería que la nueva red digital garantizara una cobertura satélite de al menos el 98,4 por ciento del territorio, de modo que con esta infraestructura se quiere cubrir las “zonas de sombra” en la comunidad, pero la realidad es que los equipos no funcionan ni en una comunicación entre Peña Cabarga y el aeropuerto de Santander, a sus pies. El sistema estaba dimensionado para dar servicio a 2.000 usuarios dentro de la región y 100 grupos de conversación. Apenas se usa. Los bomberos del SEMCA repartidos por seis parques de la región no quieren ni ver los aparatos.

“Queremos conseguir un sistema de comunicaciones que funcione, no es mucho pedir”, dijo la consejera de Presidencia en Laredo en agosto de 2023. En palabras de Urrutia, “para garantizar la seguridad de la población, primero hay que garantizar la de los bomberos, los agentes que intervienen en una emergencia; y si el sistema de comunicaciones no funciona, difícilmente estaremos garantizando una cosa y otra”. Se calcula que la cobertura que ofrece el sistema autonómico de comunicaciones de emergencia apenas alcanza al 20% del territorio, lejos de aquel 98% al que se aspiraba.

Nuevo Gobierno

Isabel Urrutia (PP) tomó las riendas con fuerza para resolver la situación. Llegó a afirmar que el sistema no servía y que se adoptaría una solución, pero nueve meses después de la toma de posesión del nuevo Gobierno de Cantabria aún no ha llegado. Durante su visita al parque de bomberos de Laredo, Urrutia también expresó su preocupación por la seguridad de los trabajadores del SEMCA, ya que “el sistema de comunicaciones que puso en marcha el Gobierno anterior no funciona” y puso “en peligro” la conexión entre los diferentes agentes que forman parte de una actuación de emergencia.

Anunció que, tanto la Dirección del SEMCA como la Dirección de Informática, ambas dependientes de la propia Consejería de Presidencia, están trabajando para solucionar este “grave problema” de funcionamiento de las comunicaciones, los fallos que están dando, así como la adquisición de los terminales que aún faltan para el óptimo funcionamiento e interconexión.

Entre una cosa y otra, el Gobierno de Cantabria no ha tomado una decisión entre las dos principales alternativas: una huida hacia adelante intentando poner en marcha la red propia, incrementando el gasto; o volver al sistema SIRDEE, que ya estuvo operativo en el pasado. Mientras, el personal sale al trabajo sin un buen respaldo en comunicaciones, entre las unidades y con la central del 112, sin que no se haga pública la situación. ¿Por qué? “A nadie interesa que se haga público”, denuncian los trabajadores.

La posible devolución de los fondos europeos y la responsabilidad política son dos condicionantes importantes que han bloqueado la toma de decisiones para que no vuelvan a pasar situaciones como la del reciente suceso protagonizado por un bombero forestal, de cuya muerte se enteraron primero los cazadores de la zona de Ruente por sus radios que los propios servicios de emergencias. Los sindicatos lo tienen claro. La Junta de Personal ya ha pedido explicaciones oficialmente. La solución es volver a SIRDEE y ya se están movilizando para forzar una decisión al respecto.

El caso de Santander

Que en el mismo coche patrulla funcione la emisora de un agente pero no la de su compañero no era algo inusual hasta hace poco en Santander. Esta era la situación en la capital de Cantabria en cuanto a las comunicaciones de la Policía Local, que llegó a ordenar la retirada de sus coches patrullas ante el riesgo que corrían sus agentes por la incomunicación. En 2023, la situación había alcanzado tintes surrealistas desde que se denunciaran los primeros problemas en 2018. El sindicato CSIF llegó a interponer en marzo de ese año una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, alertando del riesgo para “la integridad física de los trabajadores y de los ciudadanos”. También pidió la resolución del contrato.

Una auditoría externa que se realizó a los servicios de protección municipales llegó a constatar que “las emisoras únicamente permiten realizar el 21% de las comunicaciones intentadas. Además de lo expuesto, numerosas emisoras presentan deficiencias en cuanto a la duración de la batería, no permitiendo finalizar la jornada de 8 horas”. La Inspección de Trabajo también intervino a instancias del sindicato y llegó a incoar un procedimiento administrativo especial de actuación.

“Practicada actuación inspectora mediante comparecencia del Coordinador del Área Técnica de Servicio de Prevención Mancomunado del Ayuntamiento de Santander, acompañado del presidente del Comité de Seguridad y Salud, se ha comprobado infracción en materia de prevención de riesgos laborales derivada de la dotación de equipos portátiles de comunicaciones carentes de soporte técnico necesario para garantizar su finalidad, situación que, detectada en las diferentes evaluaciones de riesgos aportadas, no ha determinado la realización de aquellas actividades preventivas necesarias dirigidas a su eliminación y control”, señaló entonces.

Actualmente, Santander, después de años sin poder disponer de un servicio en condiciones ha decidido acogerse a la red Sirdee, cuyos resultados son más aceptables. Los sistemas de protección de ámbito regional y de otros ayuntamientos aún no lo han hecho, salvo alguna excepción. El Ayuntamiento de la capital cántabra va a invertir ahora más de 475.000 euros en la adquisición de los nuevos terminales, accesorios e instalación del equipamiento de la Policía Local, y va a destinar más de 20.000 euros mensuales al mantenimiento de terminales y servicios de posicionamiento y grabación del material. El nuevo sistema de comunicaciones del Cuerpo municipal de seguridad entrará en funcionamiento este verano, y ya se ha remitido el pliego a contratación para poder iniciar la licitación.